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Cdmx. 5 agosto 2019.- Luego de que filtraran profusamente la presunta información del congelamiento de las cuentas bancarias de Rosario Robles, el equipo de la extitular de Sedesol desmintió que al momento se haya dado tal acción.
Desde la noche del domingo medios nacionales se adjudicaron la exclusividad de la filtración que se les dio dando cuenta que fueron congeladas las cuentas relacionadas con Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Sedatu.
Además de Emilio Zebadúa, quien fuera su oficial mayor en ambas dependencia y operador principal del presunto desvío de recursos millonarios a través de por lo menos 11 dependencias federales.
No hay nada dijeron sus representantes en entrevista esta mañana de lunes con varios medios de comunicación-
El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado al respecto de la difusión de la información desde la cúpula del poder y sostuvo que ellos no se prestan a juicios sumarios y desconoce si la fiscalía Federal está solicitando tal medida en el proceso que se le sigue a Robles Berlanga.
Rosario Robles está siendo acusada por el gobierno de López Obrador de corrupción vinculada a la operación impune de Enrique Peña Nieto de desvío de recursos a través del esquema que aplicaron a nivel nacional de las empresas fantasmas.
La exfuncionaria del gobierno peñista ha insistido en su inocencia aclarando que ni Sedesol ni en Sedatu, contrataron con alguna de las empresas mencionadas en informaciones de carácter periodístico.
“No hay un solo contrato, un solo contrato que se haya exhibido suscrito por Sedesol o por Sedatu con dichas empresas, y mucho menos con empresas fantasma”.
Robles Berlanga advirtió que ha sido la más abierta a que este tema se investigue por las instancias competentes, que son la Auditoría Superior de la Federación, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública.
“Son las encargadas de esta investigación y las encargadas de establecer que si hubo un ilícito, se pague por quien lo haya cometido. Yo soy la primera en señalarlo y quien así lo ha exigido. Quien al amparo del servicio público haya cometido una irregularidad tiene que pagar”, sostuvo.
