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04.08.2026 Ciudad de México.- Adriana González Camarena, nieta del muralista mexicano Jorge González Camarena, hizo pública una carta en la que denuncia las omisiones por el despojo de un inmueble familiar en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, y cuestiona la actuación de las autoridades frente a un caso que, asegura, afecta particularmente a una mujer adulta mayor con problemas de salud y movilidad.
En el documento, González Camarena se presenta no sólo como integrante de una familia afectada, sino como defensora de los derechos humanos y reclama que las instituciones encargadas de investigar y perseguir el delito actúen con mayor rapidez cuando la persona afectada se encuentra en una condición de vulnerabilidad.
La denuncia se refiere al inmueble ubicado en Martín Mendalde 928, en la colonia Del Valle, una propiedad que, de acuerdo con los testimonios difundidos por la familia, perteneció durante décadas a los González Camarena y que actualmente se encuentra ocupada por personas cuya presencia en el lugar es señalada por la familia como ilegal.
El caso tomó notoriedad pública en julio, cuando Adriana González Camarena relató que descubrió a varias personas introduciendo materiales de construcción en la vivienda. Según su testimonio, la propiedad había sido ocupada mientras una de sus tías, adulta mayor y con problemas de salud, se encontraba fuera del inmueble. Medios que entrevistaron a la denunciante reportaron que posteriormente la vivienda fue modificada en cuestión de semanas, con cambios en ventanas, portones, instalaciones y otros elementos.
La propia González Camarena explicó que la casa tiene un significado que va más allá de su valor económico. Se trata, sostiene, de un inmueble vinculado a la historia familiar del muralista Jorge González Camarena, autor de obras que forman parte del patrimonio artístico mexicano.
En su carta, la denunciante advierte que el despojo no representa únicamente la pérdida material de una vivienda. “El despojo no sólo arrebata una propiedad”, señala, al advertir que este tipo de situaciones también afectan la seguridad, la tranquilidad, la historia familiar y la confianza de las víctimas en las instituciones encargadas de impartir justicia.
La familia del muralista
Jorge González Camarena fue uno de los principales artistas mexicanos del siglo XX. Pintor, escultor y muralista, desarrolló una extensa obra vinculada con la identidad, la historia y la cultura de México. Su producción incluye murales realizados para edificios públicos y espacios culturales.
La relación de la vivienda de la colonia Del Valle con la familia del artista es uno de los elementos que la denunciante destaca en su pronunciamiento. De acuerdo con lo publicado por medios que han dado seguimiento al caso, la casa perteneció a la familia durante aproximadamente un siglo y fue hogar de distintas generaciones. Adriana González Camarena ha contado que ella misma vivió allí durante sus primeros años de vida y que una de sus tías, hija del muralista, era quien tenía la posesión del inmueble antes de los hechos denunciados.
“Mi abuelo le dejó un legado muy importante a México”, declaró González Camarena en una entrevista difundida por El Universal, donde también sostuvo que la casa debería ser rescatada por su importancia para la memoria de la familia y del artista.
El factor que más preocupa a la familia, sin embargo, es la situación de la adulta mayor que tenía la posesión del inmueble.
Según la información proporcionada por González Camarena a medios, la mujer tuvo que ausentarse de la vivienda debido a problemas de salud, entre ellos una lesión en la cadera y complicaciones cardiacas. Fue durante ese periodo cuando, según la denunciante, personas ajenas a la familia ingresaron al inmueble.
La familia afirma que el inmueble nunca estuvo en venta ni en renta y que no existió autorización para que terceras personas tomaran posesión de la vivienda. Estas afirmaciones corresponden al testimonio de la familia y deberán ser determinadas por las autoridades competentes dentro de las investigaciones correspondientes.
Una denuncia que llega en medio de protestas
El caso de los González Camarena apareció en medio de una movilización vecinal en la colonia Del Valle, donde habitantes denunciaron otros presuntos casos de invasión y despojo de viviendas.
Durante julio, vecinos instalaron un plantón en el cruce de Matías Romero y avenida Coyoacán para exigir la intervención de las autoridades capitalinas. Entre los casos expuestos estuvo el inmueble de Martín Mendalde 928, además de la vivienda ubicada en Cerrada de Matías Romero 18, considerada uno de los casos que detonaron la protesta.
La movilización derivó en el compromiso de establecer una mesa de trabajo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Gobierno capitalina para revisar los casos denunciados por habitantes de la zona.
La Fiscalía capitalina informó que personal de la institución comenzó a recabar información relacionada con los casos expuestos por los vecinos para iniciar las investigaciones correspondientes.
El contexto legal
La denuncia de González Camarena ocurre además cuando la Ciudad de México acaba de reforzar su legislación para combatir el despojo.
En julio de 2026, el Congreso capitalino informó sobre las modificaciones al marco jurídico relacionadas con este delito. Entre los cambios se encuentra el incremento de las penas y la incorporación de nuevas formas de comisión, como la simulación de actos jurídicos y la suplantación de identidad.
El Congreso señaló que la legislación establece penas de seis a 11 años de prisión para determinados supuestos de despojo y que la sanción puede aumentar de siete a 11 años cuando la víctima sea una persona mayor de 60 años, una persona con discapacidad, una persona menor de edad, una mujer embarazada o alguien perteneciente a una comunidad indígena.
La modificación resulta especialmente relevante para el caso denunciado por la familia González Camarena debido a que la persona que tenía la posesión del inmueble es una adulta mayor.
La propia jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, había anunciado desde 2025 una estrategia específica contra el despojo de viviendas, con la creación de un Gabinete contra el Despojo y medidas para fortalecer la respuesta institucional. El Gobierno capitalino ha reconocido el despojo como un problema que afecta a numerosas familias y ha llamado a denunciar estos hechos ante las autoridades.
La discusión no se limita al patrimonio
En su carta, Adriana González Camarena lleva el caso a un terreno más amplio: el de la protección de las personas adultas mayores frente a situaciones de vulnerabilidad patrimonial.
“Con ellas no puede haber indiferencia, demora ni abandono institucional”, plantea en el documento.
Su cuestionamiento se concentra en lo que considera una brecha entre el reconocimiento legal del problema y la capacidad de las instituciones para responder con rapidez cuando una persona ya enfrenta una situación de despojo.
El debate tiene además un contexto nacional. En marzo de 2026, la Cámara de Diputados publicó una propuesta de reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para fortalecer la protección de su patrimonio. El documento legislativo reconoce como violencia patrimonial contra las personas mayores actos como la sustracción, destrucción, retención, distracción, despojo o uso indebido de bienes, documentos y derechos patrimoniales.
Para González Camarena, el problema no termina con demostrar quién tiene la razón jurídica sobre una propiedad. En su carta sostiene que también debe existir una respuesta institucional capaz de evitar que el paso del tiempo termine perjudicando a quien reclama su patrimonio.
“Las leyes existen para proteger a las personas cuando todavía es posible hacerlo. Con las personas adultas mayores no puede haber demora. Con ellas, la justicia debe llegar primero”, concluye.
La carta pública coloca así nuevamente bajo los reflectores un problema que ha generado preocupación entre habitantes de la alcaldía Benito Juárez: las denuncias de ocupación irregular de inmuebles y la percepción de que los propietarios enfrentan procesos largos y complejos para recuperar sus viviendas.
En el caso de la familia González Camarena, la disputa tiene además una dimensión patrimonial y cultural. La vivienda de Martín Mendalde no es presentada únicamente como un inmueble familiar, sino como un espacio ligado a varias generaciones de una familia que forma parte de la historia del arte mexicano.
Mientras las autoridades continúan con la revisión de los casos denunciados por habitantes de la zona, la familia mantiene su exigencia de recuperar el inmueble y, sobre todo, de que se garantice la protección de la adulta mayor afectada. La determinación sobre la existencia de un delito, la responsabilidad de quienes actualmente ocupan la vivienda y los derechos legales sobre el inmueble corresponde a las autoridades ministeriales y judiciales.
Lo que sí ha quedado documentado es que el caso de los González Camarena se incorporó a una serie de denuncias vecinales que han obligado a las autoridades capitalinas a volver la mirada hacia el fenómeno del despojo en la ciudad y hacia la necesidad de que las nuevas herramientas legales se traduzcan en respuestas efectivas para quienes buscan recuperar su patrimonio.



