*Escrito por Lucía Melgar Palacios.
21.06.2024 Si el desplazamiento forzado de la población y la niñez de Tila y otros pueblos inhabitables por la violencia destructiva prueba el abandono de la población en riesgo por el gobierno actual, una mirada más amplia a la situación actual de la niñez en México también devela un panorama desolador.
Los balances parciales del sexenio muestran ya que la combinación de negligencia, omisión y políticas erradas va dejando una estela de daños presentes y futuros.
Anteponer prioridades ideológicas y caprichosas a necesidades urgentes de la sociedad y de la niñez en particular, dejar a la deriva la política de seguridad y cerrar los ojos ante las violaciones de derechos humanos y las violencias cotidianas, aunque afecten a los más vulnerables, tiene un altísimo costo humano, tanto más cruel cuanto más se postergue un cambio de visión política y social.
Como sabemos, las personas menores de edad son sujetos de derechos a quienes el Estado debe garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos. Así lo establecen la Convención de los Derechos de la Niñez y la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).
Ambas afirman la obligación estatal de garantizar el derecho a la vida, la educación, la salud, etc. La Convención especifica además que el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para proteger a NNA de “todas las formas de violencia, daño, abuso, negligencia, maltrato o explotación física o mental” (art 19).
La Ley, a su vez, establece que las políticas públicas deben tener un enfoque integral, incluir la participación de NNA y “ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar [el] interés superior [de NNA]”. Los datos de la realidad exhiben una enorme brecha entre ésta y el discurso político y legal.
Así lo sugiere el Balance 2023 de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) que, con base en datos oficiales, muestra las desigualdades y retrocesos que han vivido NNA en México bajo este gobierno. Aunque señala que la pobreza ha disminuido, todavía millones de menores de 18 años tienen carencias en vivienda y servicios básicos, alimentación de calidad, salud, seguridad social, educación de calidad, y viven violencia.
Ninguna de las facetas de la vida puede aislarse de las demás pero aquí solo destacaré violencias cotidianas y criminales, menos intensas pero tan dañinas como los conflictos extremos.
La calle, la casa y la escuela son ámbitos peligrosos para NNA desde el nacimiento, especialmente para las niñas: a las miles de hospitalizaciones por violencia familiar, se suman hospitalizaciones por violencia sexual y física, abandono y negligencia, todas en aumento en 2019-2022.
Menos evidentes, el bullying , el ciberacoso y la discriminación minan el desarrollo y la convivencia desde edades muy tempranas. Aunque se achaquen sobre todo al entorno familiar o comunitario, al Estado le correspondería prevenir y sancionar estos daños.
También debería prevenir y castigar el feminicidio, el homicidio doloso (96 y 1110 respectivamente en 2022), la trata (430 menores en 2022), la desaparición, en aumento, y el suicidio que cobró 704 vidas jóvenes en 2022. Minimizar estos daños exacerba la indefensión de millones de personas.
El trabajo infantil, que ocupa a más de 3 millones de personas de 5 a 17 años, obstaculiza su desarrollo social e intelectual. Es una violación intolerable de sus derechos humanos, sobre todo cuando casi un millón de niños/as trabajadores tienen menos de 15 años y, del total, 1.2 milllones trabajan en ocupaciones peligrosas.
Por último, si consideramos las condiciones en que migran o se desplazan las decenas de miles de NNA expulsados por violencias o desastres “naturales”, que se cuentan por decenas de miles y van en aumento, es urgente preguntarse por qué todas estas vidas que deberían florecer parecen condenadas a sufrir, a sobrevivir en un mundo que no protege, sino desprecia y relega a las personas más vulnerables.
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