*La ONU aspira que las recomendaciones que se emiten al Estado Mexicano ahora sí se tomen con la seriedad debida.
/ Darío Pale /Redacción BPNoticias/
15.05.2023. Xalapa, Ver. – Luego del reconocimiento y disculpa pública del Estado de Veracruz por la desaparición forzada de 5 jóvenes durante el operativo denominado Blindaje Coatzacoalcos, Alan García Campos, coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado, urgió la necesidad de otras medidas.
Alan García Campos, coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado definió que una disculpa pública debe ser entendida como una medida de satisfacción moral, simbólica y material que contribuya a un proceso de sanación, no obstante, se requieren disposiciones complementarias, como la ubicación de las victimas y protección a familiares.
Entrevistado en el marco de la presentación del libro “Desaparición Forzada en México: una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas”, en la FILU 2023,Alan Garcia C. enfatizó en la necesidad de que la disculpa publica tiene que ser complementada con otras acciones tendientes a establecer el paradero de las personas desaparecidas, ubicar a las víctimas y definir a los responsables.
“Una investigación de los responsables, la protección a las familias, ya que los últimos meses se han convertido en meses aún más complejos para las familias por los eventos de violencia que han enfrentado, como el crimen de la madre buscadora en Guanajuato, lo cual se define que como la expresión de una violencia indeseada que interpela al Estado Mexicano a adoptar medidas eficaces de protección”, sostuvo.
Alan García Campos, coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado, entrevistado en el marco de la FILU en la capital veracruzana destacó que la semana pasada se emitió el primer dictamen por parte del Comité de Desaparición Forzada, derivado de un caso de Veracruz.
“Yonathan Mendoza Berrospe tenía 17 años cuando un grupo de aproximadamente seis hombres entró violentamente en su domicilio en la ciudad de Veracruz, donde vivía con su familia, en diciembre de 2013. Los hombres portaban armas de fuego largas y cortas, pasamontañas, botas de policía y chalecos antibalas con la palabra “policía” escrita en la parte delantera y trasera. Al mismo tiempo, más de una docena permanecieron fuera, participando en lo que parecía ser una operación de seguridad. Los hombres golpearon y esposaron al Sr. Mendoza Berrospe y lo introdujeron en una camioneta suburban negra. Según varios testigos, los perpetradores entraron y salieron en varios vehículos; algunos pertenecían a la Policía Naval, dependiente de la Secretaría de Marina, y otros a la Policía Estatal de Veracruz”.
“Cuando la familia de Mendoza Berrospe acudió al centro de detención de la Policía Naval en Playa Linda para buscarlo, vieron algunos de los vehículos que presuntamente habían participado en su desaparición. La familia no tardó en presentar una denuncia ante las autoridades fiscales del estado y en interponer un amparo ante un juzgado de distrito de Veracruz, impugnando la detención secreta e ilegal”.
“En junio de 2015, el amparo fue archivado tras no recibir información sobre la desaparición del joven Mendoza Berrospe por parte de las fuerzas de seguridad ni de las autoridades fiscales locales, estatales y federales. Ni la investigación a nivel estatal ni la federal localizaron su paradero, ni llevaron a los responsables ante la justicia. La madre del Sr. Mendoza Berrospe llevó entonces el caso ante el Comité en julio de 2021, poco después de que México reconociera la competencia del Comité para examinar comunicaciones individuales sobre hechos bajo su jurisdicción”, refirió el dictamen de la ONU.
Tras 8 años de búsqueda de justicia, la semana pasada la ONU concluyó en el primer dictamen que el Estado incumplió su obligación de llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva e imparcial de la desaparición de Yonathan Mendoza Berrospe.
Alan García de la ONU, precisó que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, emitió esta primera decisión sobre una “denuncia individual contra México”.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aspira que las recomendaciones que se emiten al Estado Mexicano ahora sí se tomen con la seriedad debida.
En ese sentido, comentó que esas decisiones aprobadas por el Órgano Especial de Protección de Naciones Unidas, junto con todas las recomendaciones tienen que implementarse.
“No hay tiempo que perder, son muchas las personas que nos hacen falta a todos y a todas y es imprescindible desarrollar políticas sostenidas, firmes, con recursos suficientes, con personal capacitado para implementar todas y cada una de las recomendaciones”, señaló.
En relación a la opinión del Ejecutivo de Veracruz quien se niega a aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque no trae consigo el nombre del exgobernador Javier Duarte; el funcionario de la ONU, refirió que las recomendaciones que se adoptan por Naciones Unidas o por cualquier otro organismo internacional, van dirigidas al Estado Mexicano en su conjunto.
“Y ahí no se determina la responsabilidad individual, particular de quién perpetra la conducta, lo que se determina es la responsabilidad, en todo caso institucional de la corporación que participó, de la institución que no investigó, van dirigidas al Estado Mexicano”, comentó.
“Y yo esperaría que bajo el principio de buena fe todas las autoridades, no sólo las de Veracruz, desarrollen políticas públicas eficaces, tangibles, concretas, con la participación de las víctimas que para nosotros es fundamental”, agregó.
Asimismo, Alan García refirió que en el Informe de Desaparición Forzada en México y Veracruz, una mirada desde el sistema ONU 2022; se detalla que son más de 500 recomendaciones dirigidas al Estado Mexicano desde hace más de una década.
Fue así que reconoció que en Veracruz haya una política pública encaminada a la implementación de las recomendaciones del Comité contra Desapariciones Forzadas, así como del grupo de trabajo, lo cual se intenta gestar a nivel nacional.
La disculpa pública fue en otro caso.
El gobierno de Veracruz ofreció una disculpa pública al aceptar la responsabilidad del estado en la desaparición forzada de cuatro personas a manos de policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) los días 15 y 12 de mayo de 2015.
Las víctimas del gobierno de Javier Duarte (2010-2016) fueron Jhonit Enríquez Orozco, Eliaquim Alvarado Villafuerte, José Manuel Cruz Pérez y Héctor Manuel Facundo Ramos detenidos ilegalmente y posteriormente desaparecidos en las fechas mencionadas.
A 8 años de distancia, el actual gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, encabezó el acto público ocurrido a partir de efectos de la recomendación 05/2021 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Una de las Familiares dignificó la persona de José Manuel, lo reconoció como hijo, esposo y padre de una niña a la que dejó de ver cuando tenía siete meses, esto ante la criminalización y estigmatización que sufrió en la narrativa del gobierno y que aun persiste.
“Nos han dicho que lo desaparecieron porque en algo andaba, algo hizo, porque trabajaba para algún cártel, que fue un ajuste de cuentas y que el Operativo Blindaje Coatzacoalcos tenía que el objetivo de acabar con la delincuencia, la narrativa que se utilizó es muy dolorosa para las familias”.
Raquel sostuvo ante las autoridades veracruzanas que nadie debe desaparecer ni ser criminalizado. Señaló como responsables de la desaparición forzada de José Manuel a policías, las autoridades y todos quienes participaron en el Operativo Blindaje Coatzacoalcos.
Integrantes del colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos quienes demandaron justicia y reparación integral del daño y la no repetición de desapariciones que acusaron siguen ocurriendo.
En el acto de la disculpa pública en Coatzacoalcos además, irrumpió la madre de otro joven desaparecido, Javier “N” quien fue levantado también por elementos de las fuerzas del orden de Veracruz y responsabilizado de la masacre del Bar Caballo Blanco, cuando el gobierno de Veracruz lo señaló como el dueño del antro donde murieron quemadas y baleadas, mas de 30 personas entre clientes y personal del establecimiento.
El joven Javier “N”, levantado reapareció posteriormente en un video siendo degollado en uno de los hechos mas violentos que haya vivido Veracruz en la administración de Cuitláhuac García; caso que provocó que la FGR interviniera sin lograr esclarecer lo sucedido y que hoy la madre de la víctima de desaparición forzada y asesinato reclame que limpien el nombre de su hijo y den con la localización de su cuerpo.
El fenómeno de la desaparición Forzada en Veracruz continúa dejando víctimas, y casos hay decenas, incluyendo las ocurridas al interior de las mismas corporaciones policiacas como quedó de manifiesto en el caso del ex mando policiaco Archi, Juan Alana Cuetero Meza.
Identifican restos humanos del mando policial Juan Alan Cuetero Meza, “El Archi”.
Imputan a tres policías estatales como presuntos responsables de desaparición forzada de Archi.
