*Ante cadena de irregularidades pide que su caso sea visto por instancias nacionales.
29/10/2022/Cimac Noticias / Oaxaca, México.- Ante la cadena de irregularidades por parte ministerios públicos y jueces para otorgar impunidad a una persona denunciada por violación, Pijy, joven mixe sobreviviente del delito sexual -cuya identidad fue suplantada para otorgar el perdón a su agresor-, hizo un llamado a instancias nacionales para que atraigan su caso.
“Puedo darme cuenta que a nivel estatal hay demasiado en juego para la credibilidad de la Fiscalía y del poder judicial que explica mucho de la complicidad en este tema, por eso tengo el temor fundado de que no alcanzaré justicia por ello de ser posible, quiero encontrar los mecanismos para que mi caso se atraiga a nivel federal pues así como va la fiscalía, solo veo un desgaste sin fin para mí mientras mi agresor sigue libre presumiendo ser un hombre limpio cuando ha usado estrategias sucias para salirse con la suya»
A los 15 años fue víctima de violación. Tras nueve años de proceso y la falta de ejecución de la orden de aprehensión contra Plácido N (causa penal 210/2013 de la jurisdicción del juzgado de control de Matías Romero), ella acudió a la fiscalía local para verificar el estado de su carpeta de investigación. Ahí fue informada por el ministerio público local Pedro Fierros Zárate, que su caso había sido sobreseído y que el Juez de Control Omar Morales Simón cancelado la orden de aprehensión debido a que en una presunta audiencia celebrada el 20 de septiembre de este año, ella había declarado que no fue violada y que incluso se casó con el agresor.
En esa comparecencia se presentó una credencial de identificación del INE de una mujer con datos de Pijy, pero con una fotografía que daba cuenta de otra persona a quien la verdadera víctima pudo identificar como Karla N, actual pareja sentimental de su agresor.
“De esta manera, por una insultante negligencia o un acto de gran corrupción del Juez Omar Morales, el fiscal Pedro Fierros y las instituciones que ambos representan como lo es el Poder Judicial del Estado de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca encabezado por Arturo Peimbert Calvo y después de todo lo sufrido por la víctima en su búsqueda de justicia y por recuperar su estabilidad, Pijy vuelve a ser víctima ahora de estas instituciones y nadie quiere aceptar su responsabilidad. Desde entonces en ambas dependencias se guarda un silencio y un mutuo encubrimiento”.
Joaquín Galván, defensor de derechos humanos quien ha dado acompañamiento al caso.
A partir de darse a conocer la historia de Pijy, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició una investigación de oficio sobre lo acontecido abriendo el expediente DDHPO/043/RIJ(10)/OAX/2022 para que las autoridades involucradas rindan un informe sobre lo acontecido. La víctima también inició un nuevo procedimiento penal por Suplantación de identidad contra Karla N y quienes resulten responsables.
Tras todo lo acontecido Pijy demandó la restitución inmediata de la orden de aprehensión contra Plácido N; suspensión del juez de control de Matías Romero, Omar Morales Simón hasta culminar las investigaciones de los alcances de sus responsabilidades en el caso de suplantación de identidad para garantizar un proceso adecuado para la víctima así también de los funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca el Fiscal Pedro Fierros Zárate.
Asimismo, nombramiento de un fiscal especial para el caso de Pijy; acción penal inmediata contra Karla N y quienes resulten responsables del delito de suplantación de identidad; posicionamiento público, reparación del daño, disculpas públicas y garantías de no repetición de parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
Además de una investigación profunda y con consecuencias no solo de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca sino también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la oficina de alto comisionado de la ONU y de ONU-MUJERES sobre el caso; acciones legislativas concretas en materia de derecho procesal penal para evitar que una víctima sea suplantada en un proceso jurisdiccional.
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