Carlos Elizondo Mayer-Serra
El domingo entrante seguiré los pasos de AMLO, quien el 22 de junio dijo: “Yo no voy a participar en la consulta ni voy a votar por que se enjuicie a los presidentes”.
La consulta debería ser un ejercicio ciudadano respecto a un tema relevante que lleve a desatorar una parálisis política. Importa mucho la corrupción, pero meter a la cárcel a los corruptos, sea o no un expresidente, es una obligación del gobierno. AMLO fue electo, en buena medida, por el hartazgo de los descarados actos de corrupción del gobierno anterior.
Hacer respetar la ley es tratar a todos los ciudadanos de forma pareja, sean aliados o adversarios. No se requiere preguntar a nadie sobre la necesidad de hacerla cumplir. Consultar si se debe procesar a los expresidentes vivos (salvo Echeverría), es violar sus derechos humanos como lo determinó la Suprema Corte, aunque AMLO y sus seguidores aseguran que de eso trata la consulta.
La pregunta propuesta por la Corte es imprecisa: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
De votar, lo haría por el sí. Quiero que sean procesados los culpables. Pero con la pregunta planteada cada votante estará pensando en algo distinto. En este momento me parece que lo más apremiante de las decisiones del pasado es el terrible manejo de la pandemia. Somos el cuarto país en número de muertos, según los datos oficiales, siendo que somos el décimo en tamaño de población. Somos el país con más exceso de muertos como porcentaje de los fallecimientos totales reportados. El país que ha dejado más niños huérfanos de al menos uno de sus padres.
¿Quién va a hacerse responsable ante los mexicanos por esta falla monumental en el manejo de la pandemia? Los errores se siguen cometiendo hoy, acumulando más muertos.
Habrá quienes tengan otras preocupaciones: desde las privatizaciones de Salinas de Gortari a la compra de trenes de la Línea 12 del Metro. El sí de la consulta no dirá nada sobre qué ocupa y qué agobia a los mexicanos.
Aun si se alcanzara el 40 por ciento de la lista nominal de votantes, que son 37 millones 439 mil mexicanos, lo cual la haría vinculante, ¿qué debería hacer el gobierno en ese caso? Nada que no deba hacer hoy. Si hay evidencia sobre algún delito del pasado, de este gobierno o de alguno anterior, tendría que actuar ya. Si quiere hacer una comisión de la verdad, pudo haberla arrancado desde el 1o. de diciembre del 2018.
El show costará unos 528 millones de pesos. Esto sin contar con los gastos de la movilización de votantes y la propaganda por varios lugares del país con todo tipo de material gráfico, lo cual es ilegal. Solo el INE puede promocionar la consulta. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales debería denunciar a los funcionarios que hagan propaganda a favor de la consulta.
Es una pena que estrenemos la consulta popular con un ejercicio absurdo. En Estados Unidos, donde existe sólo a nivel local, es un poderoso instrumento para modificar políticas cuando el gobierno persigue objetivos distintos a los de la población. En noviembre del año pasado, mediante este ejercicio, se legalizó la mariguana para fines lúdicos en los estados de Arizona, Montana, Nueva Jersey y Dakota del Sur.
El año pasado en Chile se les preguntó a sus ciudadanos si querían o no una nueva Constitución. Brexit fue el resultado de una consulta. En ambos casos la pregunta era clara. Se sabía qué debía hacer el gobierno en caso de sí o de no.
Hoy tendríamos que estar discutiendo tantos otros temas urgentes, desde el retraso en la vacunación hasta la estrategia de seguridad. Le sugiero no pierda su tiempo el domingo entrante yendo a votar.
