/ Denise Dresser /
Normalizaron la militarización, dándole poderes y negocios sin precedentes a las Fuerzas Armadas, que ya están a cargo de 246 actividades antes en manos de civiles. Normalizaron la falta de vigilancia civil sobre la seguridad pública e intentaron blindar a la Sedena del escrutinio público, reservando información sobre su involucramiento en megaobras sexenales con el pretexto de la “seguridad nacional”. Permitieron la construcción de un poder fáctico, al cual AMLO le ha subcontratado labores cruciales del Estado, porque lo supone incorruptible y leal. A esto le llamaron “pacificación”.
Normalizaron la agresión diaria desde el púlpito presidencial hacia cualquier persona que osara criticar las políticas del gobierno o el comportamiento presidencial. Permitieron la degradación del espacio público, y la política de la humillación desplegada por López Obrador contra el CIDE, la UNAM, los científicos, las feministas, la sociedad civil, los médicos y la prensa internacional. Justificaron la difamación diseminada por el “Quién es quién en las mentiras”, y usaron el argumento de “yo tengo otros datos” para evitar la rendición de cuentas. A esto le llamaron “derecho de réplica” y “diálogo circular”.
Normalizaron el debilitamiento de la capacidad de gestión del Estado, reduciendo su capacidad para aliviar la pobreza, encarar la desigualdad, combatir la corrupción, regular a los monopolios, y proveer bienes públicos como la salud y la educación. Desmantelaron programas de abastecimiento de medicamentos, dejando en el desamparo a sectores vulnerables, como a los niños enfermos de cáncer, y negaron el desbasto mientras empeoraba. Colocaron al frente de instituciones recién creadas -como en Insabi- a personas con experiencia insuficiente para asegurar su buena conducción, o a incondicionales que agravaron los problemas del sector a su cargo, especialmente durante la pandemia del Covid-19. A esto le llamaron “como anillo al dedo” y “poner orden”.
Normalizaron el jineteo del erario, aumentando la discrecionalidad y la opacidad en su uso y distribución, saltándose la normatividad y las leyes aplicables. Validaron el uso de “acuerdos” y “memorándums” para evadir responsabilidades constitucionales del gobierno, incluyendo la obligación de transparencia y vigilancia del Congreso. Ignoraron lineamientos que regulan al sector público como permisos, licitaciones, consultas a pueblos indígenas, y adjudicaciones directas presentándolos como estorbos y abriendo la puerta a una nueva mafia en el poder. Calificaron los amparos legítimos ante acciones arbitrarias o extralegales de la autoridad como “chicanadas”. A esto le llamaron “acabar con el neoliberalismo” y “agilizar los trámites”.
Normalizaron el voluntarismo y la ocurrencia detrás del diseño y la instrumentación de la política pública. Permitieron que cualquier propuesta presidencial -por inviable o descabellada que fuera- se convirtiera en norma gubernamental, sin evaluar sus consecuencias. Destruyeron mecanismos de evaluación y medición de la gestión del Estado, y cuando los periodistas independientes revelaron irregularidades en los censos o los programas sociales, los acusaron de ser “chayoteros” o “prensa sicaria”. Colonizaron o estrangularon presupuestalmente a numerosas instituciones, dejando a la intemperie a las víctimas de los recortes. A esto le llamaron “empujar al elefante reumático” y “daños colaterales”.
Normalizaron los ataques rutinarios al INE, a la SCJN, al INAI, y a cualquier institución que no acatara la voluntad presidencial. Buscaron reducir la autonomía de los órganos diseñados para ser contrapeso al Poder Ejecutivo, permitiendo la recentralización del poder en el habitante de Palacio Nacional. Impulsaron consultas populares al margen de las reglas establecidas para validar decisiones tomadas de antemano por el Presidente. Tergiversaron el sentido de la revocación del mandato para convertirla en una reconfirmación de la popularidad presidencial e insistieron en llevarla a cabo, aunque el Congreso no proporcionó los fondos suficientes. Utilizaron el tema para continuar embistiendo al INE y justificar su desmantelamiento. A esto le llamaron “defender la democracia”.
“La Cuarta Transformación” equivale a justificar lo injustificable, defender lo indefendible, ignorar la erosión democrática, agravar problemas heredados y normalizar la anormalidad.
