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28.09.2026 Ciudad de México.- A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el Gobierno federal presentó nuevas líneas de investigación que colocan bajo análisis a una funeraria de Iguala, al Servicio Médico Forense (Semefo) de esa ciudad y a 17 personas que no habían sido identificadas previamente dentro de las pesquisas.
El nuevo informe fue presentado este lunes 28 de septiembre por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, y por el fiscal especial para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, Mauricio Pazarán Álvarez.
La actualización ocurre dos días después de que se cumplieron 12 años de los hechos ocurridos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, donde seis personas fueron asesinadas, decenas resultaron heridas y 43 estudiantes permanecen desaparecidos.
Medina explicó que la nueva etapa de la investigación no parte de cero, sino de una revisión integral de la información acumulada durante años, mediante nuevas herramientas de análisis y el cruce de documentos, testimonios, comunicaciones y peritajes.
“La instrucción fue no empezar desde cero, revisar todo lo que se ha investigado con una mirada fresca y renovada, aprovechar las nuevas tecnologías, profundizar en la información disponible y no dejar de atender líneas de investigación preexistentes o que no fueron agotadas”, explicó el funcionario.
De acuerdo con el subsecretario, esta metodología permitió volver a examinar registros telefónicos correspondientes a la noche de los hechos, comunicaciones posteriores, declaraciones, peritajes y otros documentos que habían permanecido dispersos.
“Este trabajo ha permitido obtener nueva información y fortalecer líneas de investigación que no habían sido agotadas”, señaló Medina. Entre ellas mencionó el análisis de los registros telefónicos del día de los hechos, el uso posterior de teléfonos de algunos de los estudiantes desaparecidos y los vínculos entre integrantes de la delincuencia organizada y servidores públicos.
De ese nuevo análisis surgió la identificación de 17 personas que no habían sido incorporadas a las investigaciones anteriores. El fiscal Mauricio Pazarán precisó que se trata de personas que actualmente son sujetas de investigación, no de personas cuya responsabilidad haya sido acreditada.
“Esto permitió identificar patrones que no habían sido explorados en investigaciones anteriores, ubicando a 17 personas que no habían sido identificadas y que hoy son sujetas de investigación”, explicó el fiscal.
El análisis de comunicaciones permitió establecer relaciones entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas vinculadas con funerarias. Las autoridades buscan determinar qué papel tuvieron esas conexiones durante las horas posteriores al ataque y en los acontecimientos relacionados con la desaparición de los normalistas.
La nueva línea relacionada con las funerarias tampoco surgió de manera aislada. De acuerdo con el informe presentado este lunes, la investigación recuperó una línea que ya había sido explorada años atrás y que ahora volvió a cobrar relevancia a partir del análisis telefónico, cateos y nuevos indicios.
Uno de los puntos centrales es la funeraria El Ángel, ubicada en Iguala, cuyo propietario, identificado como Rodolfo “N”, también habría tenido relación con la operación del Servicio Médico Forense de la región.
Según el fiscal Pazarán, el análisis de comunicaciones permitió establecer que tres integrantes de Guerreros Unidos mantuvieron contacto durante la madrugada del 26 y la mañana del 27 de septiembre de 2014 con Rodolfo “N”.
El seguimiento de esas comunicaciones también permitió detectar que el propietario de la funeraria sostuvo ocho comunicaciones con Irving “N”, entonces estudiante, quien a su vez tuvo contacto con integrantes de Guerreros Unidos.
“A partir de este análisis, se fortaleció particularmente la línea de investigación que años atrás se había abierto en relación con las funerarias y los crematorios”, afirmó Pazarán.
Las autoridades investigan ahora si las funerarias y el Semefo fueron utilizados para alterar o desaparecer evidencias relacionadas con los estudiantes.
El planteamiento no significa que la Fiscalía haya establecido que los 43 normalistas fueron incinerados en una funeraria. Se trata de una hipótesis de investigación que busca ser corroborada mediante los indicios encontrados, los testimonios y los registros de comunicación.
En uno de los cateos realizados en octubre de 2025 en la funeraria El Ángel fueron localizados un fémur humano dentro de un cajón, un arma de fuego, documentación relacionada con Irving “N” y un horno crematorio que, de acuerdo con las autoridades, no contaba con registro oficial.
Posteriormente, entre marzo y junio de 2026, se realizaron nuevas jornadas de búsqueda en el predio con la participación de un representante de las familias de los estudiantes desaparecidos. En esas diligencias se localizaron 23 indicios considerados relevantes para la investigación.
La Fiscalía también incorporó como elemento de análisis los testimonios de tres testigos colaboradores identificados con los alias de “Sonia”, “Damián” y “Neto”, quienes declararon en distintos momentos entre 2020 y 2025.
Según la información presentada por las autoridades, esos testimonios hicieron referencia a la posibilidad de que algunos estudiantes hubieran sido trasladados a funerarias y que se hubieran utilizado procesos de incineración para eliminar evidencias.
Con el cruce de esas declaraciones, los registros telefónicos y los hallazgos realizados en los cateos, la Fiscalía señaló que se fortaleció la hipótesis de una posible red que habría utilizado funerarias y el Semefo de Iguala como mecanismos para desaparecer evidencias.
“Se fortalece la hipótesis de la existencia de una red criminal que operaba a través de funerarias y del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala, Guerrero, como posibles mecanismos utilizados por Guerreros Unidos”, expuso el fiscal especial.
La investigación alcanza también a integrantes de la familia relacionada con la funeraria. Las autoridades han señalado procesos contra Rodolfo “N” y otros involucrados por delitos relacionados con la desaparición de los estudiantes, aunque corresponde a las autoridades judiciales determinar responsabilidades individuales conforme avance cada proceso.
El nuevo informe también retoma la relación entre Guerreros Unidos y autoridades locales que ha formado parte de las investigaciones desde los primeros años del caso. El análisis de llamadas busca reconstruir quiénes se comunicaron entre sí durante las horas críticas y qué ocurrió con esas comunicaciones posteriormente.
Uno de los objetivos de esta revisión es precisamente establecer conexiones que no habían sido identificadas en investigaciones anteriores.
Medina explicó que el Gobierno federal busca integrar información que durante años permaneció fragmentada y utilizar herramientas tecnológicas para reconstruir la secuencia de los acontecimientos.
La investigación también contempla el análisis del uso posterior de teléfonos que pertenecían a algunos de los estudiantes desaparecidos. Este elemento es relevante porque las autoridades buscan establecer quién utilizó esos dispositivos después de la desaparición y con quién tuvieron comunicación.
El Gobierno federal informó además que existen actualmente 162 expedientes relacionados con el caso y 168 personas sujetas a proceso, cifras que muestran la amplitud que ha adquirido la investigación judicial a lo largo de los años.
El caso ha atravesado distintas etapas de investigación desde 2014. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se presentó la llamada “verdad histórica”, que sostuvo que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Posteriormente, investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y otras diligencias cuestionaron elementos centrales de esa versión.
En 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, creada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, concluyó que la desaparición de los estudiantes constituyó un crimen de Estado en el que participaron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de distintas instituciones del Estado mexicano.
Ese informe señaló además que no existían indicios de que los estudiantes permanecieran con vida y confirmó hasta entonces la identificación de tres de los 43 normalistas mediante restos óseos. También estableció que las investigaciones debían continuar para determinar responsabilidades.
La investigación actual no parte únicamente de los expedientes acumulados durante esos años. Las autoridades han incorporado análisis de comunicaciones, archivos institucionales, testimonios y nuevos cateos.
La propia Secretaría de Gobernación mantiene una plataforma específica sobre el caso Ayotzinapa en la que se concentran informes, documentos y líneas de investigación desarrolladas desde la creación de la Comisión para la Verdad. Entre los ejes establecidos se encuentran la búsqueda en campo, la identificación humana, la verdad y justicia, los procesos de extradición y el rompimiento del llamado pacto de silencio criminal.
En agosto pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con las madres y padres de los 43 estudiantes, en la que participaron funcionarios de Gobernación, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y representantes de organizaciones civiles y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En ese encuentro se presentaron avances de las investigaciones y de las acciones de búsqueda.
El nuevo informe se presenta en un momento particularmente significativo para las familias, apenas dos días después del duodécimo aniversario de la desaparición.
A doce años de los hechos, los 43 estudiantes continúan oficialmente en calidad de desaparecidos, mientras la Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas para establecer qué ocurrió con cada uno de ellos, quiénes participaron y cuál fue el destino de los jóvenes.
La nueva investigación sobre las funerarias constituye una de esas líneas. Los hallazgos en El Ángel, los registros de llamadas, los vínculos con el Semefo y las declaraciones de testigos colaboradores son ahora parte del conjunto de elementos que la FGR deberá contrastar para determinar si efectivamente existió una operación para eliminar evidencias relacionadas con la desaparición.
La identificación de 17 nuevas personas tampoco representa, por sí misma, una conclusión sobre su responsabilidad. Se trata de individuos que, de acuerdo con las autoridades, no habían sido incorporados previamente a la investigación y cuya participación o relación con los hechos deberá ser establecida mediante las diligencias correspondientes.
El objetivo planteado por Gobernación y la Fiscalía es reconstruir nuevamente la noche del 26 de septiembre de 2014 y las horas posteriores, ampliar la búsqueda de los estudiantes y llevar ante los tribunales a quienes resulten responsables.