Oaxaca prohibe refrescos y comida chatarra a niñas, niños y adolescentes.

* Dejan a los padres de familua la responsabilidad sobre lo que consuman sus hijos e hijas.

/Redacción/

Oaxaca, 06 agosto 2020. El Congreso de Oaxaca aprobó la iniciativa para reformar el artículo 20 bis de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para prohibir la venta de refrescos y alimentos chatarra a menores de edad.

La actual legislatura aprobó la iniciativa de la diputada Magaly López Domínguez. de Morena, quien en su exposición de motivos indicó que México es el país con mayor índice de obesidad en América Latina y que ocupa los primeros lugares a nivel mundial. Mientras que Oaxaca es el segundo estado con mayor obesidad en adultos y el primero en obesidad infantil.

“El objetivo es que el gobierno de México establezca la regulación necesaria para evitar que los intereses económicos de grandes empresas productoras y comercializadoras de refrescos y alimentos chatarra, prevalezcan por encima de los derechos de las niñas y los niños a la salud y a la vida”, sostuvo.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud , Hugo López-Gatell, calificó como asertiva la reforma, enfatizando que la mala alimentación en las últimas tres décadas ha sido la causa fundamental de las epidemias de obesidad, sobrepeso y diabetes, entre otras enfermedades crónicas.

“Esa mala alimentación no es un acto voluntario, no se puede culpar a los individuos, sino hay que propiciar las condiciones necesarias para que haya una buena alimentación”, reiteró.

Entretanto la inversión privada rechazó la prohibición de la venta de bebidas y alimentos chatarra a niños, ya que no hubo apertura ni disposición para establecer mesas de trabajo en conjunto.

“Lamentamos que no hubo apertura ni disposición de establecer mesas de trabajo en el Congreso del Estado a efecto de trabajar conjuntamente, por lo que rechazamos la prohibición votada el día de hoy, sin tomar en cuenta a las partes afectadas”, refieren en un comunicado de prensa de las cámaras industriales.

Los 15 organismos expusieron que los sectores productivos de manera proactiva no venden sus productos directamente en instituciones educativas tal como lo mandata la legislación federal desde el 2013.

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