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15.05.2026. Bolivia.- Los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su preocupación por la crisis política y social que atraviesa Bolivia, en medio de las movilizaciones y bloqueos impulsados por sectores afines al expresidente Evo Morales, quien enfrenta investigaciones judiciales por encabezar una red de trata de menores en medio de una creciente confrontación con el gobierno boliviano.
En el documento difundido por las cancillerías de los países firmantes, las naciones señalaron que las protestas y cierres de carreteras han provocado desabasto de alimentos e insumos esenciales, afectando a la población boliviana y elevando la tensión política en distintas regiones del país.
Los gobiernos firmantes condenaron “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y alterar la institucionalidad” del Estado Plurinacional de Bolivia, además de expresar su respaldo al gobierno constitucional surgido de las elecciones generales de 2025.
El pronunciamiento se produce en un contexto de fuerte disputa entre el presidente boliviano Luis Arce y Evo Morales, antiguo aliado político y líder histórico del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que ha gobernado Bolivia durante la mayor parte de las últimas dos décadas.
Desde hace semanas, simpatizantes de Morales han realizado bloqueos carreteros en distintos puntos estratégicos del país para exigir el cese de procesos judiciales contra el exmandatario y reclamar lo que consideran una persecución política. Las protestas han afectado el tránsito de mercancías, el suministro de combustibles y la distribución de alimentos, especialmente en regiones del altiplano y del eje central boliviano.
Evo Morales enfrenta actualmente investigaciones relacionadas con presuntos delitos de trata de personas y abuso de menores, acusaciones que él ha rechazado públicamente, asegurando que forman parte de una estrategia política para impedirle regresar a la contienda presidencial. Las autoridades bolivianas mantienen abierta una investigación penal que ha intensificado la confrontación entre las distintas facciones del oficialismo.
El comunicado regional no menciona directamente a Morales como responsable de un “golpe de Estado”, aunque sí advierte sobre intentos de alterar la institucionalidad democrática mediante acciones de presión y bloqueos. La declaración también exhorta a todos los actores políticos y sociales bolivianos a privilegiar el diálogo, el respeto institucional y la preservación de la paz social.
La ausencia de México, Brasil y Colombia entre los países firmantes llamó la atención debido al peso diplomático de esas naciones en la región y a la tradicional cercanía política que algunos de sus gobiernos han mantenido con Evo Morales y sectores de la izquierda latinoamericana.
Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no ha emitido una explicación oficial sobre su decisión de no adherirse al pronunciamiento conjunto. El gobierno mexicano ha sostenido históricamente una política de no intervención en conflictos internos de otros países y en años anteriores brindó asilo político a Morales tras la crisis boliviana de 2019.
Brasil y Colombia tampoco se han pronunciado oficialmente sobre el documento. Tanto el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como el mandatario colombiano Gustavo Petro han mantenido posiciones cautelosas frente a la disputa interna boliviana, llamando en distintas ocasiones al diálogo político.
La crisis boliviana ocurre en un momento delicado para la región andina, marcada por tensiones políticas, polarización social y disputas internas dentro de movimientos progresistas que anteriormente actuaban como bloques cohesionados en América Latina.
Mientras tanto, en Bolivia continúan los operativos para desbloquear carreteras y contener las protestas, en un escenario que amenaza con profundizar la fractura política entre el gobierno de Luis Arce y el sector encabezado por Evo Morales, quien busca mantener influencia dentro del oficialismo pese al deterioro de su relación con el actual mandatario.
