* La pandemia ha tenido un impacto desproporcionado en el bienestar de la tercera edad, un grupo de población que esconde una epidemia de consumo de drogas y cuyas muertes por esta causa, muchas por sobredosis, va en aumento, alerta la entidad internacional que fiscaliza los narcóticos, llamando a las autoridades sanitarias a reconocer esta realidad y a no dejar atrás a estas personas en aras del combate a la pandemia de COVID-19.
ONU. 26 marzo 2021.- La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) advirtió este jueves que el consumo de drogas y las muertes relacionadas con ellas se han incrementado entre las personas mayores, al igual que la cantidad de individuos en tratamiento por ese problema de salud.
En su informe anual correspondiente a 2020, la JIFE recomendó aceptar la existencia de esa esta epidemia oculta y atender a este grupo de población, que a menudo se pasa por alto, garantizándoles el acceso a los servicios de salud y bienestar necesarios.
La publicación señala que las personas de la tercera edad son un grupo demográfico ignorado de consumidores de sustancias con necesidad de tratamientos específicos y con desafíos específicos relacionados con la edad, como pueden ser el aislamiento y las limitaciones físicas. “Es apremiante un apoyo extendido e integrado para ayudar a revertir una tendencia alarmante”, apunta.
Envejecimiento veloz
La Junta dice que la rapidez del envejecimiento de la población mundial acelera la tendencia de la adicción a las drogas de los adultos mayores, aunque indica que la mayoría de los países carecen de datos suficientes para diseñar estrategias adecuadas.
Como un primer paso para contrarrestar la epidemia, la JIFE recomienda aumentar la investigación sobre los trastornos por consumo de estupefacientes entre las personas mayores y pide a los gobiernos que mejoren el acceso a los servicios de salud y tratamiento necesarios diseñados para este grupo poblacional.
Según las Naciones Unidas, en 2019 había 703 millones de personas mayores de 65 años y se prevé que esta cifra se duplique para 2050, cuando llegará a 1500 millones de personas. En 2050, el 16% de la población mundial total tendrá más de 65 años, lo que corresponde a una de cada seis personas en la Tierra.
La información de Estados Unidos y Europa sugiere que el aumento del abuso de sustancias en este grupo etario se produjo principalmente en países de ingresos altos y podría resultar del envejecimiento de la generación de los “baby-boomers”, nacida entre 1946 y1964.
La JIFE atribuye las lagunas de datos epidemiológicos de estas personas a que las encuestas se han centrado principalmente en adultos jóvenes y grupos en riesgo de entre 15 y 65 años. “Ha habido una tendencia entre los científicos a ignorar el abuso de sustancias en las personas mayores de 65 años y esa escasez de datos ha hecho que los gobiernos no presten atención a este tema al desarrollar políticas y programas”, explica.
El estudio divide en dos grupos a las personas mayores con problemas de abuso de sustancias: los usuarios de “inicio temprano”, que tienen un largo historial de uso de sustencias ilícitas y continúan consumiendo sustancias hasta la vejez y los usuarios de “inicio tardío”, que comenzaron a consumir drogas a una edad más avanzada.
Las razones para desarrollar drogadicción entre quienes empiezan a usar narcóticos como adultos de edad media son complejas y están determinadas por distintos factores y experiencias.
Por ejemplo, la JIFE identifica los problemas de abuso de sustancias resultantes de la prescripción excesiva de analgésicos o al uso indebido de medicamentos recetados. También menciona los problemas de manejo del dolor derivados de enfermedades crónicas o cirugías y los trastornos de salud mental en curso, como la depresión y la ansiedad.
Prevención insuficiente
La Junta enfatiza la falta general de atención por parte de los gobiernos al uso de sustancias entre las personas mayores, que se traduce en un número limitado de programas de prevención y tratamiento para ese colectivo.
Más aún, sostiene que los programas de numerosos países para la prevención del consumo de drogas son insuficientes y, en ciertos casos inexistentes.
Asimismo, apunta que la provisión de tratamiento es deficiente y los mecanismos para combatir el estigma y promover la reintegración social son pocos en prácticamente todo el mundo.
El texto considera que el estigma se agrava por la tendencia desproporcionada del derecho penal a tratar como delincuentes a los consumidores de estupefacientes, en vez enfocar el problema como un cuestión de salud que requiere atención adecuada.
Pandemia y medicamentos controlados
La pandemia de COVID-19 ha aumentado la demanda de algunos medicamentos controlados. Del mismo modo, los cierres, los controles fronterizos y las medidas de distanciamiento físico han interrumpido la cadena de suministro global de medicamentos, afectando los servicios sanitarios y el acceso a los medicamentos, incluso para las personas con trastornos de salud mental y uso de sustancias.
Además, el aumento en la demanda de medicamentos necesarios para el tratamiento de pacientes con COVID-19 ha reducido aún más la disponibilidad de algunos medicamentos que contienen sustancias controladas. Para hacer frente a la menor oferta, algunos gobiernos han recurrido a planes de contingencia que provocan escasez de algunas medicinas en otros países.
La JIFE abogó por la previsión de los países de su demanda de esos medicamentos y por la simplificación de los requisitos administrativos y logísticos para adquirirlos. Asimismo, instó a todos los gobiernos asegurar el acceso continuo a los servicios de prevención y tratamiento para las personas con problemas de salud mental y dependencia de las drogas.
América Latina
Con respecto a la producción, el consumo y el tráfico de sustancias ilícitas en los países latinoamericanos y caribeños, el documento subraya que el narcotráfico y otros delitos transnacionales como la actividad de las maras siguen propiciando corrupción, violencia e inestabilidad social y política en las zonas desfavorecidas del subcontinente.
Agrega que las medidas implementadas por los gobiernos de la región en respuesta a la pandemia de COVID-19 resultaron en una disminución del tráfico de drogas.
Sin embargo, también resalta la predominancia que han cobrado el tráfico y consumo de las drogas sintéticas y las nuevas sustancias psicoactivas en la última década y asevera que ahora merecen el mismo nivel de seguimiento y vigilancia que el cannabis, la cocaína y otros narcóticos sometidos a fiscalización internacional.
Las sobredosis y las muertes por ese motivo suponen una crisis regional en el norte del continente americano.
Los decesos por consumo de drogas ilícitas aumentaron en 2020, y el tráfico y se incrementó el uso de fentanilo, cocaína y metanfetamina. Además, la amenaza de los opioides sigue siendo epidémica y la toxicidad de las drogas fabricadas ilícitamente continúa escalando.
Las medidas de legalización del cannabis y las iniciativas de despenalización en América del Norte siguen su evolución y dan forma al mercado regional del cannabis. Algunos gobiernos locales y nacionales de la región han aprobado medidas para legalizar y despenalizar el uso del cannabis con fines no médicos.
En Estados Unidos, Oregon y Washington, D.C. autorizaron medidas adicionales de despenalización de estupefacientes relacionadas con otras sustancias ilícitas, como la psilocibina.
México, por su parte, está a un paso de aprobar el proyecto de ley para enmendar las regulaciones de cannabis del país que permitirán el consumo de adultos con fines no médicos. Las políticas y enfoques de control de drogas de México se centran más en la salud pública. Actualmente, la iniciativa se encuentra en el Senada tras haber recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados.
