*Exigen respuesta a sus observaciones
10.11.2026 Ciudad de México.- Organizaciones y colectivas de mujeres exigieron al Estado mexicano y a organismos internacionales de derechos humanos revisar los pronunciamientos de reconocimiento al proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, al considerar que las felicitaciones dirigidas al Gobierno federal no corresponden con la realidad de violencia, desapariciones e impunidad que enfrentan las mujeres y las niñas en el país.
En un posicionamiento fechado en noviembre de 2026 y dirigido al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), al Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas y al experto independiente de Naciones Unidas sobre violencia y discriminación por orientación sexual o identidad de género, las firmantes demandaron una respuesta a sus observaciones y cuestionaron que se presenten como avances los resultados anunciados por el Gobierno mexicano.
La inconformidad se centra, entre otros aspectos, en las felicitaciones y valoraciones positivas que organismos internacionales habrían expresado sobre la iniciativa legislativa, así como en la difusión oficial de una reducción de 36 por ciento en el promedio diario de feminicidios.
Las organizaciones sostienen que esa cifra no refleja por sí sola la dimensión de la violencia letal contra las mujeres, pues advierten que asesinatos de mujeres y niñas pueden quedar registrados bajo otras categorías delictivas, como homicidio doloso, homicidio culposo, suicidio o accidente. Por ello, reclaman revisar los criterios de clasificación y garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada con perspectiva de género y debida diligencia.
En su documento, las firmantes cuestionan que el reconocimiento institucional se adelante a la solución de problemas estructurales como la falta de investigación, la ausencia de sanciones y las dificultades que enfrentan las familias para acceder a la justicia. También señalan que madres buscadoras, colectivas y organizaciones civiles continúan realizando labores de acompañamiento y búsqueda que, consideran, corresponden a las autoridades.
Uno de los principales cuestionamientos se dirige a la forma en que se contabilizan los feminicidios y las muertes violentas de mujeres. Las organizaciones advierten que la clasificación de estos casos como homicidios, accidentes o suicidios puede ocultar la dimensión de la violencia feminicida y obstaculizar el acceso a la justicia.
En su pronunciamiento sostienen que la reducción estadística anunciada por el Gobierno no puede considerarse suficiente mientras persistan deficiencias en las investigaciones y altos niveles de impunidad.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha informado oficialmente de una disminución de 36 por ciento en el promedio diario de feminicidios respecto de 2021. El dato fue presentado por la Presidencia el pasado 5 de octubre de 2026. Sin embargo, las firmantes consideran que ese indicador debe contrastarse con las muertes violentas que no se investigan bajo la hipótesis de feminicidio y con los resultados judiciales de las investigaciones.
La desaparición de niñas y adolescentes también ocupa un lugar central en el documento. Las organizaciones denuncian que este sector enfrenta riesgos de violencia sexual, trata y explotación, y reclaman mecanismos efectivos de búsqueda, prevención y protección. Asimismo, demandan atención integral para las niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad después del feminicidio de sus madres.
Otro de los puntos que provoca mayor controversia es el tratamiento de la prostitución dentro de los marcos de protección y las recomendaciones internacionales. Las firmantes mantienen una postura feminista abolicionista y rechazan que se utilice el término «trabajo sexual» para referirse a la prostitución.
Desde esa perspectiva, consideran que reconocerla como actividad laboral puede normalizar la explotación sexual y las relaciones de desigualdad que, afirman, afectan principalmente a mujeres y niñas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Por ello, exigen que las políticas públicas contra la trata y la explotación sexual incluyan alternativas económicas para las mujeres, mecanismos de protección y acciones dirigidas a combatir a quienes obtienen beneficios de la explotación de sus cuerpos.
Entre sus demandas al Estado mexicano destacan la asignación de presupuesto suficiente para fiscalías especializadas y autónomas, la creación de juzgados con perspectiva de género, investigaciones diligentes y sanciones efectivas para los responsables de feminicidio.
También solicitan que las autoridades garanticen la reparación integral del daño a las familias, especialmente a las víctimas indirectas, y que se establezcan mecanismos de protección para menores que han perdido a sus madres por violencia feminicida, sin que su atención dependa de trámites burocráticos.
A los organismos internacionales les reclaman que no limiten su evaluación a los informes gubernamentales y que respondan directamente a las observaciones planteadas por las organizaciones de mujeres.
El debate ocurre mientras el Congreso de la Unión trabaja en la propuesta de una legislación general para homologar la definición del feminicidio, las sanciones y los procedimientos de investigación en todo el país. La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum contempla penas de 50 a 70 años de prisión, agravantes y la obligación de investigar las muertes violentas de mujeres bajo la hipótesis de feminicidio.
Aunque el proyecto incorpora medidas para fortalecer la investigación y la atención a víctimas, las organizaciones sostienen que su aprobación no debe convertirse en motivo de felicitaciones anticipadas mientras no existan garantías de aplicación, presupuesto, prevención y acceso efectivo a la justicia.
Su posicionamiento coloca sobre la mesa una exigencia de fondo: que la nueva legislación no se mida por los anuncios oficiales ni por el reconocimiento internacional al Gobierno mexicano, sino por su capacidad para evitar asesinatos de mujeres, investigar las desapariciones, sancionar a los responsables y terminar con la impunidad.
POSICIONAMIENTO
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES Y “FELICITACIONES” AL ESTADO MEXICANO SOBRE EL PROYECTO DE LEY GENERAL CONTRA EL FEMINICIDIO
Noviembre 2026
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW)
Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas
Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género
Asunto: Réplica contundente y denuncia ante la complacencia institucional y el maquillaje de cifras oficiales respecto a la violencia patriarcal, el feminicidio y la mercantilización de los cuerpos de las mujeres en México.
I. Introducción: El rechazo a la simulación y la autocomplacencia internacional
Las firmantes, desde una postura política feminista, radical, abolicionista del sistema prostituyente y críticamente opuesta al pacto patriarcal que sostienen tanto los gobiernos en turno como los aparatos burocráticos internacionales, manifestamos nuestra profunda indignación ante las cartas de felicitación y validación emitidas hacia el Estado mexicano respecto al proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.
Resulta inaceptable que organismos internacionales aplaudan supuestos “avances” y una supuesta “disminución del 36% en el promedio diario de feminicidios”, cuando la realidad que ensangrienta los territorios mexicanos cotidianamente desmonta por completo la narrativa oficial. La simulación institucional disfraza la impunidad sistémica, minimiza el terrorismo patriarcal y pretende blanquear la negligencia criminal de un Estado feminicida que no protege a las mujeres ni a las niñas, sino que administra su precarización y su muerte.
II. Radiografía de la impunidad y la realidad insostenible
Frente a la autocomplacencia del informe gubernamental de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de las Mujeres, las cifras de colectivas independientes, defensoras y reportes especializados e incluso datos del gobierno revelan la verdadera catástrofe humanitaria que vivimos en México:
La mentira de la “disminución”: El subregistro y la manipulación estadística
Mientras el Ejecutivo presume una baja en los feminicidios, organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la red de madres buscadoras señalan que miles de muertes violentas de mujeres continúan siendo catalogadas de manera dolosa como “homicidios dolosos, culposos”, “accidentes” o “suicidios”, evadiendo la debida diligencia en la investigación de los mismos lo que se manifiesta en los pocos casos que llegan a juicio, las muertes violentas de niñas y mujeres ni se investigan ni se castiga a los culpables. Menos del 10 % de los asesinatos logran una sentencia, no hay acceso a la justicia para las mujeres, esa impunidad alimenta a los agresores con la complicidad de autoridades y las mentiras de quienes nos gobiernan.
En el México de la impunidad, las cifras oficiales chocan con la realidad, 7 de cada 10 mujeres son o han sido víctimas de violencia, 5 de cada 10 han sido agredidas sexualmente, la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual nos coloca a nivel internacional en los primeros lugares. Pornografía y prostitución infantil se ha convertido en un “atractivo turístico”, los delitos no se investigan, en ocasiones son las mismas autoridades quienes los promueven y protegen. En el delito de feminicidio el 90%, en la mayoría de las entidades federativas, no se investigan, ni se sancionan. Son las familias, las madres, las organizaciones de mujeres las que acompañan a las víctimas, las que reclaman justicia, perpetuando el mensaje de que la vida de las mujeres no tiene valor ni consecuencia jurídica para los agresores.
La infancia robada: Violencia y desapariciones contra niñas y adolescentes
El Estado ignora olímpicamente la crisis de desaparición y feminicidio infantil. De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y análisis de redes civiles, las niñas y adolescentes representan un porcentaje alarmante de las víctimas de desaparición forzada y trata con fines de explotación sexual, evidenciando el fracaso absoluto de programas institucionales simulados como los “Centros LIBRE” o las redes comunitarias oficialistas.
Transcripción del texto visible en la imagen:
La normalización y validación institucional de la industria del sexo (Abolición vs. Eufemismos)
Denunciamos enérgicamente la insistencia de los organismos internacionales en promover e incluir eufemismos como “trabajo sexual” dentro de las leyes de protección contra el feminicidio. Es evidente la ignorancia con la que actúan, ¿cómo se atreven? Sobre todo, en un país con altos índices de trata de mujeres, niñas y niños. Desde nuestra postura feminista abolicionista, sostenemos firmemente que la prostitución no es un trabajo, sino una forma extrema de violencia patriarcal y de explotación sexual comercial basada en la asimetría de clase y género. Las víctimas lo demuestran, secuestros, desapariciones, violencia extrema, cuerpos mutilados de niñas y mujeres es la realidad cotidiana en nuestro país y ustedes felicitan a un gobierno indiferente y cómplice.
Pretender otorgar un estatus laboral o “garantías” a la prostitución mediante agravantes que normalizan la compraventa de mujeres y niñas no hace sino institucionalizar la ley de la oferta y la demanda sobre los cuerpos femeninos, desvirtuando la lucha histórica por la abolición del sistema prostituyente que lucra con la pobreza y la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas.
III. Exigencias Claras al Estado Mexicano y a los Organismos Internacionales
Exigimos a los mecanismos internacionales de derechos humanos que cesen el aval acrítico a las políticas gubernamentales de México y que den respuesta a las miles de víctimas, además cuentas reales sobre los siguientes puntos nodales:
• Garantía de acceso a la justicia real y fin de la impunidad: Presupuesto suficiente, no sujeto a ocurrencias partidistas, para fiscalías verdaderamente especializadas y autónomas con perspectiva de género y de clase. Instalación de juzgados especializados.
• Erradicación de toda forma de explotación sexual: Rechazo absoluto a cualquier marco legal o recomendación que reconozca la prostitución como “trabajo”, y exigencia de políticas públicas de rescate, alternativas económicas reales y abolición del sistema prostituyente.
• Protección integral a las niñas y los niños: Mecanismos de alerta temprana eficaces contra la desaparición y el feminicidio de niñas, garantizando la reparación integral del daño y el apoyo efectivo a la niñez en orfandad por feminicidio, sin condicionarlos a burocracias corruptas.