En la tarea de algunos de cancelar las libertades a las y los mexicanos, ahora
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno federal busca castigar a quienes no fueron el domingo a las urnas.
A juicio del moreno licenciado en economía pero con largo colmillo político, la participación ciudadana en la Revocación de Mandato era obligatoria y de acuerdo con la Constitución de México, se plantean sanciones como la suspensión de los derechos electorales hasta por un año para quien incumpla con el deber de acudir a las urnas.
El experredista y se dice de izquierda, reclamó al Instituto Nacional Electoral (INE) que no haya informado a los mexicanos que el voto en la Revocación de Mandato era obligatorio.
Morena y sus funcionarios, que operaron con todo y todo/as la participación en una consulta en qué la sociedad mexicana no creyó, reaccionan luego de que solo 16.5 millones de mexicanos con credencial de elector acudieron a las mesas de votación mientras que más de 78 millones de personas decidieron libremente no asistir, enviando un claro mensaje, que por cierto nadie toma lectura.
