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12.10.2026 Guadalajara, Jal.- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, respondió a los cuestionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum por el operativo policial contra la protesta por agua limpia en Guadalajara, al anunciar una revisión de las detenciones y de las grabaciones disponibles para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza.
Al mismo tiempo, responsabilizó a un presunto grupo de choque de cerca de 400 encapuchados de los enfrentamientos registrados frente a Casa Jalisco y describió la violencia que ejercieron contra policías mujeres. Contabilizó que hubo manifestantes lesionados 39 detenidos (liberaron a 12) y 28 uniformados lesionados, dos de ellos graves.
La movilización del domingo 11 de octubre reunió, según el gobierno estatal, a alrededor de 10 mil personas que marcharon desde la glorieta de La Minerva para exigir una solución al problema de la calidad del agua en la zona metropolitana. Lemus sostuvo que la protesta transcurrió de forma pacífica hasta que, de acuerdo con su versión, se incorporó un grupo de aproximadamente 400 personas, muchas de ellas encapuchadas, que provocó las agresiones contra los policías.
El mandatario describió la jornada como “un día difícil para Jalisco” y señaló que los enfrentamientos dejaron 39 personas detenidas y 28 elementos policiales lesionados, dos de ellos reportados en estado grave. Uno de los agentes sufrió fracturas en el cráneo, el pómulo y la nariz, mientras que otro perdió un dedo, de acuerdo con los reportes difundidos sobre el incidente.
Sin embargo, la explicación del gobernador sobre la intervención policial quedó bajo escrutinio después de que Sheinbaum rechazara públicamente la represión y exigiera conocer las razones por las que se utilizaron chorros de agua y gases lacrimógenos contra los manifestantes. La presidenta también pidió al gobierno jalisciense informar sobre las personas detenidas y transparentar su situación legal.
Ante estos señalamientos, Lemus informó que solicitó a la Fiscalía del Estado revisar individualmente los arrestos y examinar los videos de las cámaras de vigilancia para establecer cómo actuaron tanto los participantes en la protesta como los elementos de seguridad. El objetivo, aseguró, es identificar y sancionar cualquier posible abuso de autoridad.
“Manifestarse pacíficamente es un derecho que vamos a garantizar, pero las agresiones y los posibles abusos de autoridad deben investigarse con rigor y sin ninguna excepción”, expresó el gobernador en un mensaje público.
Hasta el lunes 12 de octubre, 12 de las 39 personas detenidas habían sido liberadas. La Fiscalía estatal informó que las investigaciones continuarían por posibles delitos relacionados con ataques a las vías de comunicación, lesiones y agresiones contra representantes de la autoridad. La liberación de estas personas no significa, por sí misma, que las indagatorias hayan concluido.
El caso también generó cuestionamientos por parte de integrantes de comunidades universitarias y organizaciones civiles, que solicitaron esclarecer las detenciones y garantizar el debido proceso. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco recibió quejas relacionadas con la actuación policial, según los reportes publicados tras los enfrentamientos.
La confrontación ocurrió en medio de una crisis que se arrastra desde hace meses por las denuncias de habitantes de distintos puntos de la zona metropolitana sobre agua contaminada, malos olores y cambios de color en el suministro doméstico que pone en riesgo la vida humana.
Culpan a los gobiernos de MC en su intento de privatizar el agua soslayando que se trata de un derecho humano.
La inconformidad ha puesto bajo presión al gobierno estatal y al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), responsable del servicio en la región.
Lemus ha anunciado medidas para atender el problema, entre ellas un plan de emergencia y un proyecto de infraestructura hidráulica para el abastecimiento metropolitano. La propuesta de un nuevo acueducto también abrió una discusión sobre el financiamiento de las obras y el riesgo de privatización, posibilidad que el gobernador ha rechazado.
Sheinbaum, por su parte, sostuvo que la solución debe discutirse con la Comisión Nacional del Agua y reiteró su oposición a privatizar el servicio. Además, marcó distancia frente al operativo policial al afirmar que las autoridades deben distinguir entre contener una situación violenta y reprimir el derecho de la ciudadanía a manifestarse.