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17/03/2022/ Una paramédica y un policía son de los primeros sancionados en el Estado de México con la “Ley Ingrid”, tras haber tomado imágenes del cadáver del actor Octavio Ocaña, con sus móviles telefónicos.
De acuerdo a los datos recabados en la indagatoria el 29 de octubre, Marcelina “N” y Raúl “N”, hicieron uso de sus teléfonos celulares para captar la imagen del cuerpo del extinto actor y filtrarlas , hechos fuera de la ley
La legislatura del Estado de México, en julio del 2021habría armonizado con la ley Íngrid la norma vigente para sancionar a servidores públicos que toman, difunden y divulgan imágenes de cuerpos. legislativoedomex.gob.mx/comunicado.php?id=2985
Los servidores públicos están involucrados en el delito contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación por lo que el juez del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) con sede en Tlalnepantla determinó lo anterior y decidirá en 144 horas si los vincula o no a proceso.
Marcelina “N”, paramédica, presentará una garantía económica de cinco mil pesos y el policía Raúl “N”, de ocho mil pesos, pues siguen su proceso en libertad. El próximo 21 de marzo se resolverá su situación jurídica.
Nada dijeron sobre la presunta policía que robó una cadena y el celular de Ocaña a quien identifican como “Lesly”, cuando el conocido actor era perseguido por policías que al impactar su auto aun no se explica o aclaran las dudas de su muerte en el municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli.
La “Ley Ingrid” surge a raíz de la difusión indebida en redes sociales y medios de comunicación de las imágenes de un feminicidio ocurrido en la Ciudad de México el 9 de febrero de 2020; la divulgación masiva del cuerpo de Ingrid mutilado conmocionó a la sociedad que indignada exigió que pararan las filtraciones del expediente de la Fiscalía.
La llamada Ley Ingrid, penaliza la difusión de imágenes, videos, documentos o información de víctimas y aumenta en agravante si esto se refiriera a mujeres, niñas o adolescentes.
Cuando el delito sea cometido por una persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia, la penalización aumenta.
