*La investigación sobre las elecciones de 2023-2024 identificó agresiones en campañas presenciales, espacios digitales y medios de comunicación, además de barreras vinculadas con las tareas de cuidados.
*Foto: Global Media / Una investigación de ONU Mujeres documentó distintas formas de violencia política contra las mujeres y obstáculos que limitan su participación.
/Escrito por Georgina Monroy Vázquez /
21.10.2026 /CimacNoticias.com/ La paridad en los espacios de representación política no ha garantizado que las mujeres puedan competir por cargos públicos libres de violencia. Durante las campañas del proceso electoral 2023-2024, el 95.3 por ciento de las candidatas a cargos legislativos federales y el 95.9 por ciento de las aspirantes a congresos estatales encuestadas reportaron haber experimentado al menos una forma de violencia, de acuerdo con un estudio de ONU Mujeres México.
La investigación Mujeres que se postulan, mujeres que narran sus historias. Candidatas del proceso electoral 2023-2024 en México documenta las experiencias de mujeres que participaron en las elecciones, tanto electas como no electas, y examina las distintas manifestaciones de violencia política contra las mujeres en razón de género (VPCMRG), los espacios donde ocurre y las barreras para enfrentarla.
Los resultados muestran que el acceso de las mujeres a las candidaturas y a los cargos de representación debe acompañarse de condiciones que les permitan participar, competir y ejercer sus derechos políticos con autonomía y sin agresiones. El informe fue elaborado por ONU Mujeres México, a través del Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género (CEEG), y presentado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en octubre de 2026.
Violencia psicológica, sexual y económica contra candidatas
Entre las formas de violencia reportadas durante las campañas, la psicológica tuvo la mayor prevalencia: 95.1 por ciento de las participantes encuestadas la identificó. Le siguieron la violencia sexual, con 61.4 por ciento, y la económica, con 57.4 por ciento, de acuerdo con los resultados presentados por el INE.
Las agresiones no se limitaron a un solo espacio. Más de ocho de cada 10 participantes reportaron experiencias de violencia durante actividades presenciales de campaña y en entornos digitales. Más de la mitad también señaló haber enfrentado violencia en medios de comunicación tradicionales.
Estos hallazgos muestran que las candidatas pueden estar expuestas a distintas formas de agresión mientras realizan actividades proselitistas, presentan sus propuestas y buscan el respaldo de la ciudadanía.
La violencia política contra las mujeres en razón de género comprende acciones u omisiones que buscan limitar, menoscabar o anular el ejercicio de sus derechos políticos y electorales por motivos de género. Puede manifestarse mediante amenazas, hostigamiento, descalificaciones, ataques sexualizados o restricciones a los recursos necesarios para competir, entre otras conductas.
La investigación de ONU Mujeres busca documentar estas experiencias con una metodología que permita medir su prevalencia y aportar evidencia para diseñar respuestas institucionales. Su relevancia radica en que no se limita a registrar casos denunciados, sino que también recupera las vivencias de las candidatas que participaron en el proceso electoral.
Las barreras para denunciar la violencia política
La denuncia constituye otro de los desafíos identificados en la cobertura de los resultados del estudio. A partir del informe, por cada 100 candidatas que experimentaron violencia, alrededor de 18 presentaron una denuncia formal y solo cuatro obtuvieron una resolución que reconoció la violencia.
La diferencia entre las experiencias reportadas y los casos que llegan a una resolución formal evidencia la importancia de analizar las condiciones en las que las mujeres pueden acceder a los mecanismos de justicia electoral.
Denunciar puede implicar tiempo, recursos económicos, conocimientos especializados y la disposición de atravesar procedimientos que no necesariamente garantizan una respuesta favorable. También puede exponer a las mujeres a nuevos cuestionamientos o a costos políticos dentro de sus propios espacios partidistas.
Por ello, la ausencia de una denuncia no debe interpretarse automáticamente como ausencia de violencia. Para conocer la magnitud del problema es necesario contar con herramientas que permitan escuchar a las mujeres, identificar las agresiones y comprender qué obstáculos enfrentan para buscar apoyo.
Los resultados refuerzan la necesidad de que las autoridades electorales y las instancias de justicia cuenten con mecanismos accesibles de prevención, atención, acompañamiento e investigación, así como respuestas que eviten la revictimización.
La violencia también ocurre dentro de los partidos políticos
Las condiciones de participación de las mujeres no dependen únicamente de lo que sucede durante los actos de campaña o en las redes sociales. Las dinámicas internas de los partidos políticos también forman parte del problema documentado por la investigación.
Más de seis de cada 10 casos de violencia señalados por candidatas que denunciaron agresiones dentro de sus partidos fueron atribuidos a integrantes de las dirigencias partidistas.
Los relatos recogidos en el estudio sitúan parte de estas experiencias en la etapa de selección de candidaturas. Este hallazgo apunta a la necesidad de examinar cómo se toman las decisiones internas, cómo se distribuyen los recursos y qué mecanismos existen para impedir que las estructuras partidistas se conviertan en espacios de exclusión o violencia.
Los partidos políticos tienen una responsabilidad central en la garantía de los derechos de sus candidatas: no basta con cumplir las reglas de postulación si las mujeres enfrentan agresiones o condiciones desiguales para desarrollar sus campañas.
La prevención requiere procedimientos claros para atender denuncias, investigar conductas, proteger a quienes las reportan y establecer responsabilidades cuando corresponda.
Las tareas de cuidados también limitan la participación política
La investigación también identificó obstáculos relacionados con la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado. En el componente municipal, que tiene un alcance descriptivo, 64.3 por ciento de las candidatas encuestadas señaló tener responsabilidades de cuidado; de ellas, 77 por ciento indicó que estas dificultaron su participación política.
El dato permite observar cómo las desigualdades que atraviesan la vida cotidiana también inciden en el acceso de las mujeres a los espacios de decisión. Las campañas exigen tiempo, movilidad, presencia en actos públicos y disponibilidad para atender distintas actividades, condiciones que pueden entrar en conflicto con las responsabilidades familiares y de cuidado cuando estas recaen principalmente en las mujeres.
Por ello, ampliar la participación política requiere considerar no solo las reglas electorales, sino también las condiciones materiales en las que las candidatas desarrollan sus trayectorias. La organización de los tiempos de campaña, el acceso a recursos y las medidas de corresponsabilidad en los cuidados forman parte de una discusión más amplia sobre la igualdad sustantiva.
Es importante precisar que este resultado corresponde al componente municipal del estudio y no debe extrapolarse automáticamente a todas las candidatas del país.
De la paridad numérica a la igualdad sustantiva
La investigación de ONU Mujeres se suma a la discusión sobre los alcances y límites de la paridad en México. La presencia de mujeres en los espacios legislativos representa un avance en el reconocimiento de sus derechos políticos, pero no elimina por sí misma las prácticas que pueden obstaculizar su participación.
Durante la presentación del informe, la representante de ONU Mujeres en México, Eleonora Betancur González, señaló que el siguiente paso consiste en garantizar que las mujeres puedan ejercer el poder con autonomía, en igualdad de condiciones y libres de violencia.
Por su parte, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que una mayor presencia de mujeres no significa, por sí sola, haber alcanzado la igualdad sustantiva. También subrayó la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales de prevención, atención y acompañamiento.
Entre las orientaciones derivadas de la investigación se encuentran mejorar las condiciones de competencia y el acceso equitativo a recursos, atender los riesgos en entornos digitales y territoriales, y fortalecer la coordinación entre autoridades electorales, partidos políticos, instancias de justicia, medios de comunicación y plataformas digitales.
Para avanzar hacia una democracia paritaria, el reto no termina cuando las mujeres consiguen una candidatura o llegan a un cargo público. También implica garantizar que puedan participar, proponer, disentir y tomar decisiones sin que la violencia limite el ejercicio de sus derechos.
Escuchar las experiencias de quienes compitieron en las elecciones de 2023-2024 permite identificar obstáculos que, de otra manera, podrían permanecer invisibilizados. Convertir esa evidencia en políticas y mecanismos efectivos será fundamental para que la representación política de las mujeres se traduzca en condiciones reales de igualdad.