*
/ Darío Pale /
23.01.2024. Xalapa, Ver.- El diputado local del Partido del Trabajo Ramón Díaz Ávila dio a conocer que si la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, no da avances en las carpetas de investigación por las denuncias interpuestas por el ORFIS en contra de exalcaldes y el desvío de más de 33 mil millones de pesos, diputados locales pedirán su remoción.
“Es inminente pedir su remocion si no actúa a favor del pueblo, a favor del gobierno del Estado que, aunque es autónoma, sí deberían poner gente especializada pidiendo la cárcel, la reposición de esos más de 33 mil millones de pesos”, señalo en entrevista.
Recordó que el año pasado la Fiscal estatal se deslindó de la responsabilidad y dijo que era responsabilidad de la Unidad Anticorrupción, por lo que dijo que no es posible que se haya desmarcado de esa manera cuando se han presentado las denuncias correspondientes.
Señaló que sigue habiendo muchas denuncias por parte del Órgano de Fiscalización (ORFIS), por el presunto desvío de recursos públicos de presidentes municipales de anteriores administraciones.
“Diputados de la Comisión de Vigilancia no sabemos cuáles de estos alcaldes han sido procesados, cuánto se ha recuperado”, señaló.
En ese sentido, refirió que hay más de 33 mil millones de pesos por presuntos desvíos de recursos en los últimos siete años.
Lamentó que la Fiscalía no actúe en contra de esos malos exservidores públicos y fue ahí donde consideró que se debería pedir la cabeza de la Fiscal.
“El ORFIS ya hizo su trabajo, la Comisión de Vigilancia ya hicimos nuestro trabajo, ya denunciamos, presentamos más de cien denuncias en 2023, más todas las acumuladas”, enfatizó.
El legislador estimó que con esos 33 mil millones de pesos el gobierno de Veracruz podría hacer diversas obras.
Por otra parte, el legislador dijo que durante su comparecencia denunciará que sigue habiendo personas detenidas por el delito de ultrajes a la autoridad, derogado incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Refirió que familias de ciudadanos privados de su libertad por dicho delito llegan a exponer esta situación al Congreso local y que no tienen dinero para pagar a los abogados.
Por último recordó que en la comparecencia del año pasado la Fiscal sostuvo que no había “tantos” detenidos por ese delito, sin embargo, es una situación “grave” en la Entidad.
