*IMPRONTA
/Carlos Miguel Acosta Bravo /
El proyecto de presupuesto para 2027 coloca a México ante una presión fiscal que ya no puede tratarse como un problema futuro. El gasto en pensiones alcanzaría 2.5 billones de pesos, equivalentes a 6.3% del PIB y alrededor de 27% de los ingresos presupuestarios. Además, por cada peso de recaudación tributaria, 40 centavos se destinarían a pensiones contributivas y no contributivas, frente a 33 centavos en 2020.
El riesgo para México no consiste en pagar pensiones. Una sociedad democrática tiene la obligación de proteger a quienes trabajaron y a las personas mayores en situación de vulnerabilidad. El problema aparece cuando el gasto pensionario crece más rápido que los ingresos públicos y absorbe recursos que deberían financiar salud, educación, seguridad, infraestructura e inversión productiva.
El Paquete Económico 2027 plantea un gasto neto total de 10.64 billones de pesos y un déficit fiscal amplio de 3.9% del PIB. Al mismo tiempo, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público subiría a 55% del PIB, con una trayectoria que podría llegar a 56.5% en 2032, según el CIEP.
En ese contexto, las pensiones se convierten en un gasto rígido. No es sencillo reducirlas sin afectar derechos adquiridos, y políticamente sería muy costoso hacerlo de manera abrupta. Cada peso adicional destinado a pensiones es un peso menos disponible para construir hospitales, ampliar escuelas, mejorar la seguridad o financiar infraestructura.
El problema es todavía más grave cuando se considera que una parte importante del presupuesto ya está comprometida por transferencias a los estados, deuda, nómina, gasto corriente y obligaciones de seguridad social. El CIEP ha advertido que cerca de 80% del gasto federal enfrenta algún grado de rigidez por compromisos ineludibles.
La consecuencia es una pérdida progresiva de margen de maniobra. El Gobierno puede anunciar prioridades, pero cada vez tiene menos recursos realmente disponibles para financiarlas.
El aumento de 33 a 40 centavos por peso tributario destinado a pensiones significa que la recaudación está creciendo con menor capacidad para financiar otros bienes públicos. No se trata sólo de que el gasto pensionario sea elevado, sino de que su expansión compite directamente con las necesidades de las generaciones jóvenes.
Si esta tendencia continúa, México enfrentará al menos cinco riesgos: Menor inversión pública en infraestructura, energía, transporte y agua; Presiones para elevar impuestos o crear nuevos gravámenes; Mayor endeudamiento para financiar gasto corriente; Reducción de recursos para salud, educación y seguridad; Conflicto distributivo entre generaciones: trabajadores jóvenes que financian beneficios crecientes sin tener certeza de recibir pensiones equivalentes.
La política social también podría verse afectada. Cuando una parte importante del presupuesto se compromete de manera automática, cualquier desaceleración económica, caída de los ingresos petroleros o emergencia nacional obliga a recortar el gasto flexible. Por eso, las pensiones pueden desplazar silenciosamente otras prioridades aunque el presupuesto nominal de salud o educación aumente.
La discusión pública suele mezclar realidades distintas. En México conviven pensiones contributivas del IMSS y del ISSSTE; Regímenes de retiro de trabajadores del sector público; Pensiones de universidades, empresas estatales y organismos diversos; Pensiones no contributivas, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; Compromisos derivados de sistemas de transición y reformas anteriores.
Las pensiones contributivas están vinculadas a las aportaciones laborales, el salario y las semanas cotizadas. Las no contributivas cumplen una función de protección social y se financian con impuestos generales. No sería correcto aplicarles la misma solución.
La edad de retiro no debería aumentar por decreto ni aplicarse de manera general. Una reforma de esa naturaleza tendría que considerar las diferencias en esperanza de vida, condiciones laborales, género, región, nivel de ingreso y tipo de ocupación.
Un aumento general de la edad de jubilación podría castigar precisamente a quienes tienen menor esperanza de vida y realizan trabajos físicamente más exigentes. También podría bloquear el acceso de jóvenes al mercado laboral si las personas mayores permanecen más tiempo en sus puestos, especialmente en empleos públicos o altamente regulados.
Por eso, la idea de llevar la edad de retiro hasta los 75 años, planteada por Carlos Slim, no representa una reforma aprobada ni una regla vigente en México y tampoco puede trasladarse mecánicamente a toda la población. La edad de jubilación debe revisarse con evidencia, no con consignas empresariales ni con decisiones fiscales de corto plazo.
México sí necesita una reforma pensionaria, pero debe ser integral y gradual. Elevar la edad de retiro puede formar parte de una discusión técnica en algunos regímenes, pero no puede ser la primera ni la única respuesta. Antes habría que actuar en varios frentes.
La informalidad reduce las aportaciones y fragmenta las trayectorias laborales. Un trabajador que pasa años fuera de la seguridad social acumula pocas semanas cotizadas y llega a la vejez con una pensión insuficiente o sin pensión contributiva.
La sostenibilidad exige revisar pensiones excesivas, regímenes privilegiados y obligaciones de organismos que reciben subsidios públicos. La reforma no puede pedir sacrificios a trabajadores de bajos ingresos mientras mantiene beneficios desproporcionados para grupos con mayor poder de negociación.
No existe sistema de pensiones sólido con empleos precarios y salarios bajos. Las contribuciones dependen del ingreso formal y de la continuidad laboral. Si se desea mejorar las pensiones futuras, también deben elevarse la productividad, los salarios y la calidad de los empleos.
En algunos regímenes puede discutirse un aumento gradual de la edad mínima, vinculado a la esperanza de vida y acompañado de excepciones para trabajos pesados. Cualquier modificación tendría que respetar derechos adquiridos y aplicarse principalmente a nuevas generaciones, con largos periodos de transición.
La pensión universal para adultos mayores cumple una función social distinta a la pensión basada en aportaciones laborales. El presupuesto debe transparentar el costo de cada componente y establecer reglas de actualización que sean compatibles con los ingresos públicos.
Si el Estado destina cada vez más recursos a obligaciones adquiridas, las nuevas generaciones pueden recibir menos educación, salud e inversión. Al mismo tiempo, podrían enfrentar impuestos más altos y una pensión futura menos generosa.
No es justo presentar este conflicto como una pelea entre jóvenes y adultos mayores. Las personas retiradas no son responsables del diseño financiero del sistema. El problema corresponde a los gobiernos y al Congreso, que deben garantizar protección en la vejez sin hipotecar las oportunidades de quienes todavía están estudiando o trabajando.
La prioridad debe ser una reforma gradual, transparente y diferenciada que combine mayor formalidad laboral, revisión de regímenes especiales, eficiencia administrativa, evaluación actuarial y protección de quienes realizan trabajos físicamente exigentes.
La edad de retiro puede discutirse, pero sólo después de construir un diagnóstico completo y un acuerdo social. Lo que México no puede permitirse es posponer el problema hasta que el presupuesto ya no tenga margen para financiar la salud, la educación y la inversión que el desarrollo exige.