DE FRENTE Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA SAHAGÚN
Desde hace un par de décadas, por lo menos, el periodismo mexicano se ha visto amenazado a grado tal que más de un ciento de profesionales han sucumbido de diversas formas ante la llamada delincuencia organizada.
Las agresiones han sido de todo tipo, desde amenazas y chantajes que pasan después por secuestros, torturas y finalmente asesinatos, con alto grado de impunidad, ya que la mayoría de los crímenes no son resueltos.
Regularmente las agresiones son en algunas pequeñas ciudades de los estados, por lo que la muerte de los comunicadores no recibe la atención suficiente para el esclarecimiento de los mismos, aunque han existido otros cuya atención desmerece con el paso de las semanas.
En síntesis ni unos ni otros son resueltos, por lo que los delincuentes ven un escenario adecuado para cometer sus fechorías.
Pero los periodistas no son solamente pasto de la delincuencia organizada, ya que existen casos en que alguna autoridad participa, para trata de acallar lo que de ellos se dice.
En muchos de los casos la forma de asesinar a los periodistas tiende un manto de misterio, ya que se procede con acciones propias de venganzas que pretenden sembrar teorías sobre el porqué del crimen, aunque la mayor parte no son demasiado convincentes.
Es en los estados donde se produce el mayor número de bajas del periodismo, aunque también es allá donde los gobiernos hacen mutis y ponen menos empeño en resolver este tipo de delitos.
Hasta ahora tampoco ha servido de mucho la integración de organismos que den seguimiento a estos delitos, aunque en un país centralizado como lo es México, la atención se fija en lo que sucede en la capital del país.
Se han creado diversos organismos para la protección de los periodistas, con protocolos, fondos de solidaridad, se han establecido nexos, alianzas y comunicación permanente con asociaciones mundiales del tema y México continúa manteniéndose en el Top Teen de los países con mayores bajas (muertes de periodistas) anualmente.
Sin embargo, en un país con grandes desigualdades como lo es México, la dimensión que alcanza una agresión verbal contra un periodista resulta más impactante que el asesinato de un colega sucedido en un municipio de alguno de los estados del país.
La caja de resonancia de unos y otros es distinta, la atención que se presta es singular, obteniendo espacios en los principales medios de información, mientras que al crimen de un periodista “provinciano” se le presta una atención del momento en que sucede el ilícito y luego el caso es mandado al cajón del olvido.
Hasta en eso hay diferencias en el México de hoy al de antaño, de finales del Siglo XX, en que la libertad de expresión se veía coartada, mediante el despido de un periodista incómodo o la reasignación de fuentes, pero no el crimen como freno a las palabras y la expresión.
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En el Senado de la República les urge terminar con su cargada agenda antes de la clausura del Período Ordinario de Sesiones previsto para el próximo 15 de diciembre.
Un martes pesado para los legisladores que tuvieron la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la visita de los deudos de la familia LeBarón, además de la presentación de la terna de aspirantes a la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre otros temas.
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Nuevamente el Tribunal Electoral arremete contra la llamada Ley Bonilla, asegurando que es inconstitucional, presentando una opinión jurídica a la Corte. La intención del Tribunal es la de presionar a los Ministros, los únicos que decidirán sobre el tema.
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