*Es verdad que existe libertad de expresión, pero tampoco termina siendo irrestricta como dice el Presidente. En unos casos es el propio primer mandatario el que, con sus comentarios en la mañanera, golpea a comunicadores o medios que son críticos.
Razones.
Jorge Fernández Menéndez.
El martes, en el mensaje de su II Informe, Andrés Manuel López Obrador dijo que ningún presidente, desde Francisco I. Madero, había sido tan atacado en los medios como él, pero que, pese a ello, existía una absoluta libertad de expresión.
La primera afirmación no es real, o lo es sólo parcialmente: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por quedarnos sólo con los mandatarios de la era “neoliberal”, gobernaron en distintas épocas, con distintos medios de comunicación, y recibieron críticas durísimas. Las redes sociales las han magnificado, como también han permitido la operación de grandes espacios de defensa de los propios mandatarios.
Es verdad que existe libertad de expresión, pero tampoco termina siendo irrestricta como dice el Presidente. En unos casos, es el propio primer mandatario el que, con sus comentarios en la mañanera, golpea a comunicadores o medios que son críticos con su labor. Su pecho no es bodega, dice, y reclama su derecho a opinar libremente, pero la voz de un Presidente de la República no es la de un ciudadano común y corriente que tuitea sus opiniones y el acoso para los señalados puede concluir, como ha pasado en más de una oportunidad con la separación de un comunicador de su espacio, su congelamiento profesional o la necesidad de realizar su trabajo en condiciones adversas, acosado en las redes. Cada vez que el Presidente descalifica a un medio o un comunicador, está restringiendo la libertad de expresión.
Así lo entienden también algunos de sus colaboradores. La sanción que aplicó la Secretaría de la Función Pública contra la empresa que publica la revista Nexos y, por extensión, a la editorial Cal y Arena, es una venganza por las posiciones políticas de esa publicación y de esa empresa. Como escribió otro colega que ha recibido todo tipo de presiones en éste y en el anterior sexenio, Héctor de Mauleón, “la revista Nexos, entre otras cosas, ha develado, con datos irrefutables, la verdadera dimensión de la pandemia en México, una tragedia que el gobierno intenta disimular”, y de allí deviene una sanción inexplicable en términos jurídicos.
Por una controversia sobre los documentos que se deben presentar para tener una plana de publicidad del IMSS de unos 70 mil pesos (entre ellos, estar al día en el pago de las cuotas del Infonavit), resuelta administrativamente hace dos años, la Función Pública sancionó a Nexos con un millón de pesos de multa y le prohibió a cualquier ente del gobierno federal o local tener tratos con la empresa durante dos años. Nexos no tiene publicidad oficial desde 2018, pero la sanción llega a la editorial Cal y Arena que, por ello, como escribió el miércoles su director, Rafael Pérez Gay, “no podrá venderles libros al FCE, a Educal, clientes históricos ni sentarse a la mesa de la Dirección de Bibliotecas para hacerles alguna propuesta”. Para una editorial influyente, pero pequeña, con recursos restringidos como Cal y Arena, eso es casi condenarla al ostracismo. La burla en redes de la secretaria Irma Eréndira Sandoval y de alguno de sus principales colaboradores contra Nexos, por la sanción por ellos mismos aplicada, es inadmisible. Las expresiones de la secretaria y su marido, John Ackerman, hablando de los críticos como “periodistas sicarios” (por eso salió John de Proceso) son, literalmente, criminales.
Otro caso, diferente, pero en el que hay también intervención del gobierno federal, porque fue el que impulsó la divulgación de esa información, es el de la denuncia presentada por Emilio Lozoya, que incluye una imputación en contra de la periodista Lourdes Mendoza, sin ninguna relación con el caso Odebrecht. Dice Lozoya que, por órdenes de Luis Videgaray, le compró un bolso Chanel y le pagó la colegiatura a su hija. Obviamente, no hay prueba alguna de ello y resulta irracional que un secretario de Hacienda se comunique con un director de Pemex, con el que, además, está enfrentado, para pedirle que le compre una bolsa y pague una colegiatura de la hija de una periodista, quien sea. No tiene siquiera sentido.
¿Qué llevó a Lozoya a ese acto de mezquindad?, no lo sabemos, porque Lourdes está lejos de las posiciones de poder que podrían tener, culpables o no, los otros señalados. Lo cierto es que ella ya ha presentado una denuncia penal contra Lozoya por daño moral. Las autoridades correspondientes, más allá de la evolución del caso Lozoya y su colaboración con las autoridades, deben actuar y castigar el daño moral causado en este caso concreto por el exdirector de Pemex.
Levantar la inaudita sanción contra Nexos y procesar a Lozoya por daño moral, sí serían gestos importantes para garantizar la libertad de expresión y ayudaría, en mucho, a cambiar el ambiente de tensión existente entre comunicadores y autoridades.
Por cierto, ¿a quién se le ocurrió que el periodista Carlos Loret debe ir a declarar ante el MP, quince años después, sobre el caso de Florence Cassez?
