*En una segunda intervención, la legisladora Deisy Juan Antonio propone reformas y adiciones a la Ley de Aguas del Estado de Veracruz.
Xalapa, Ver 18 julio 2019.-La diputada Deisy Juan Antonio, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar diversos artículos a la Ley Número 24 para la Transferencia de Funciones y Servicios Públicos del Estado a los Municipios, para que el Congreso del Estado verifique si los ayuntamientos que soliciten transferencias, cuentan con las condiciones financieras, administrativas y operativas para prestar el servicio de calidad.
La legisladora del Distrito XXVII de Acayucan, indicó que el Estado tiene el deber jurídico de garantizar a los ciudadanos el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
En este sentido, dijo que el Gobierno del Estado a través de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), se ha enfocado a brindar los servicios referentes a la administración del vital líquido en 68 municipios. La CAEV, ha logrado que a través de las oficinas operadoras, tengan finanzas aceptables, infraestructura en tanques, pozos, cárcamos de bombeo, red de distribución en general, con inversión en infraestructura y capacitación del personal a efecto de garantizar a la ciudadanía su derecho humano al agua a través de un sistema sustentable.
No obstante, hay ayuntamientos que solicitan la municipalización del servicio de agua potable y saneamiento, pero al no contar con recursos humanos, económicos, materiales y técnicos, necesarios para la administración y operación de las oficinas, las devuelven al Gobierno del Estado con quebrantos administrativos y operativos.
Como por ejemplo, dijo que en el servicio público en el que incurren los municipios y demás organismos operadores particulares del sistema de agua, entre ellos el Grupo Más en el Puerto de Veracruz, van en perjuicio de la población y vulneran el derecho humano.
En este contexto, explicó que si bien es cierto que la Ley Número 24 prevé la posibilidad de transferir a favor de los municipios los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, es necesario que el Congreso del Estado, verifique antes de otorgar autorización de transferencia, si los municipios solicitantes cuentan con las condiciones financieras, administrativas y operativas para prestar el servicio.
Además, el Poder Legislativo debe verificar la legítima concesión del agua de la fuente de abastecimiento, mismos que deberán acreditar mediante documentación oficial y demostrar que está autorizado a favor de los municipios que soliciten la transferencia.
Considerar la capacidad técnica, económica u operativa para brindar dicho servicio; así como la responsabilidad para administrar correctamente los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; esto es, que no soliciten la transferencia de manera caprichosa o ventajosa.
Lo anterior con la finalidad de que los municipios, eviten generar deuda en perjuicio del Gobierno del Estado, con motivo de alguna transferencia y amparar a los municipios que no cuentan con fuentes de abastecimiento, evitando que éste prive del vital líquido a los municipios que dependen de esa fuente de abastecimiento, y que los municipios privaticen el servicio de agua y causen afectación y/o limitación a la población y que sean particulares quienes administren el agua.
Propone diputada reformas y adiciones a la Ley de Aguas del Estado de Veracruz
La diputada Deisy Juan Antonio, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto, para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, lo que concedería a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), la rectoría del servicio del agua en todo el Estado y determine si es factible y/o viable la transferencia a favor de algún municipio.
Explicó que de aprobarse, sería la CAEV quien posea la rectoría del servicio, por contar con mayor infraestructura, capacidad financiera, técnica y operativa para prestar los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
Además, sería posible legitimar a la Comisión, precisando la denominación del Sistema de Información Hidráulica del Estado de Veracruz, así como establecer la definición de las oficinas operadoras del sistema de agua.
Dijo que se establece como un imperativo legal para garantizar a la población del recurso del agua, el cual no podrá menoscabarse por intereses particulares y/o por propuestas no factibles a cargo de los municipios que pongan en riesgo a la población por un deficiente servicio.
Para garantizar el servicio del agua en todos los municipios, explicó, se deberá contar con oficinas operadoras para agilizar la prestación de los servicios; y para validar la transferencia a favor de algún municipio que lo solicite, deberán reunir ciertos requisitos que garanticen el buen funcionamiento en la prestación del servicio, responsabilizándolos a tener un buen manejo y que las transferencias solicitadas no sean de manera caprichosa y/o ventajosas, pues el servicio del agua es un derecho humano que debe garantizarse con efectividad y continuidad.
Asimismo plantea que sea el Gobierno del Estado a través de la CAEV, quien dé una opinión técnico-financiera especificando la razón por la que no es factible y/o viable la transferencia a favor de algún municipio.
Ambas iniciativas fueron turnadas a las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y de Agua Potable y Saneamiento; además, el Presidente de la Mesa Directiva, ordenó remitir copia para su opinión a la Comisión Especial para el Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
