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* Se han desarrollado políticas e iniciativas, pero es necesario cuestionar por qué estas acciones no están resolviendo el problema: Karina Ansolabehere.
Diana Saavedra
05.09.2026 Ciudad de México.- Las respuestas estatales frente a la desaparición de personas pueden no ser efectivas, pero permiten generar orden, legitimidad, sistematizar la complejidad y producir legibilidad en los gobiernos, reflexionó la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Karina Ansolabehere.
Durante la conferencia magistral “Derechos humanos, inseguridad y corrupción”, la coordinadora del Seminario Universitario sobre Desaparición, Búsqueda e Identificación de Personas de la UNAM, destacó que ya sea que se hable de México, España, Canadá o Argentina, la lógica de respuesta estatal implica generar leyes, estadísticas e iniciar procesos de investigación ante un problema donde las personas pueden ser consideradas como desechables.
La socióloga comentó que, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, hay más de 133 mil desaparecidos en México, cifra que lleva a cuestionar ¿cómo es posible vivir socialmente con esta situación? Perspectiva que no es exclusiva de nuestro país, sino que se ve en naciones como Argentina, España o Canadá.
En presencia de estudiantes y académicos reunidos en el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho (FD), la universitaria explicó que existen, principalmente, cuatro hechos que permiten entender por qué es posible la desaparición de personas: la clandestinidad, considerar a la población como desechable (jóvenes, pobres, mujeres y niñas), una ambigüedad en el concepto de pérdida, y finalmente la economía política.
Ante los casos de desaparición la respuesta del Estado suele ser ocultar lo que sucede con afirmaciones como “no es tanto”, “cuáles son los hechos”, “cómo probarla”, “cómo fincar responsabilidades”, o si existen pruebas circunstanciales o no, añadió la investigadora.
Esta perspectiva, opinó, no es exclusiva de los gobiernos autoritarios, también en los democráticos que han firmado tratados internacionales en derechos humanos, la desaparición aumenta porque es una manera de “dilatar” la responsabilidad y negar lo que está sucediendo.
Al participar en el Seminario Permanente de las Ciencias Sociales 2026 “Desafíos en las ciencias sociales: reflexiones sobre la diversidad, educación y ciencia”, Ansolabehere indicó que si bien en México, Argentina y Canadá se han desarrollado políticas e iniciativas para atender las desapariciones, el principal problema es que las personas no son encontradas.
En México se legisla al respecto, y además se cuenta con comisiones de investigación en los tres países, pero esto no genera los resultados esperados, por lo que es necesario cuestionar por qué estas acciones no están resolviendo el problema, apuntó.
En la charla, organizada por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales (CAACS) y Comités Académicos de Carrera, Ansolabehere dijo que éstos son problemas muy complicados y es evidente que no es fácil resolverlos, por lo que se deben revisar desde una perspectiva de eficiencia, orden y legitimidad.
Los registros de personas desaparecidas, tanto en México, Argentina y Canadá, son una manera de hacer legible algo que está hecho para ser ocultado; cada nación tiene registros que funcionan de manera no aislada, sino en conjunto ofreciendo a los afectados una sensación de legitimidad, orden, sistematicidad y legibilidad.
Al hacer uso de la palabra, Sonia Venegas Álvarez, directora de la FD, afirmó que fenómenos como la inseguridad y la corrupción no pueden analizarse de manera aislada, sino en estrecha relación con las capacidades y limitaciones del Estado para garantizar el acceso a la justicia y salvaguardar los derechos humanos.
Para estudiar y analizar con profundidad cómo la inseguridad jurídica y la corrupción impactan los derechos humanos, necesitamos adoptar una doble perspectiva: la normativa y la sociológica. La primera para identificar las obligaciones internacionales; mientras que la segunda brinda herramientas para cuestionar por qué las normas, aun cuando existen, no siempre se traducen en una realidad efectiva, expuso.
Angélica Cuéllar Vázquez, coordinadora del CAACS, mencionó que el concepto de efecto-Estado nos lleva a pensar que es muy posible que el problema se postergue, sobre todo porque no es que el Estado se desentienda del problema, sino que va alargando los hechos y dando una visión de que sí se hace algo, aunque no haya resultados.
La desaparición de personas es uno de los fenómenos sociales más terribles que suceden, y nos hablan de la marginación y desigualdad en la sociedad, donde si los afectados son considerados personas que “sobran”, entonces no se ocupan recursos para buscarlos, finalizó.