*Detención por el asesinato de Paola Buenrostro en agosto reactivó exigencia de juzgar el caso como transfeminicidio
05.09.2026 Ciudad de México.- A casi una década del asesinato de Paola Buenrostro, Un juez de control en la CDMX determinó que el crimen debe ser investigado y juzgado como feminicidio agravado y no como transfeminicidio, decisión que vuelve a colocar el caso en el centro de la discusión sobre la justicia para las mujeres trans en la Ciudad de México.
La medida fue tomada durante una audiencia de continuación, después de que el Ministerio Público solicitó modificar la clasificación jurídica. La jueza de control aceptó la petición y vinculó a proceso a Arturo “N”, señalado como responsable del asesinato ocurrido el 30 de septiembre de 2016.
La resolución del juez de control ocurre pocos días después de la captura del acusado, quien permaneció cerca de diez años sin enfrentar un proceso por el crimen. Agentes de la Policía de Investigación lo localizaron el 31 de agosto pasado en Nicolás Romero, Estado de México, como resultado de trabajos de seguimiento que también involucraron a autoridades de otras entidades.
Paola Buenrostro era una mujer trans y trabajadora sexual. La madrugada del 30 de septiembre de 2016 abordó un automóvil en la zona de Puente de Alvarado, en la Ciudad de México, después de que Arturo “N” solicitara sus servicios. De acuerdo con los antecedentes del caso, posteriormente recibió un disparo.
Kenya Cuevas, amiga y compañera de Paola, presenció parte de los hechos y desde entonces emprendió una lucha para exigir justicia y denunciar las irregularidades cometidas durante la investigación.
El expediente se convirtió con los años en uno de los casos más representativos de las deficiencias institucionales frente a los asesinatos de mujeres trans. En 2019, la entonces Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México documentó fallas en la investigación, entre ellas el desconocimiento de la identidad de género de Paola y la falta de aplicación de una perspectiva adecuada para abordar el crimen.
La actuación de las autoridades generó posteriormente una disculpa pública de la Fiscalía capitalina. En 2021, la institución reconoció las deficiencias relacionadas con la investigación del caso, mientras que Kenya Cuevas continuó impulsando acciones para que los asesinatos de mujeres trans fueran reconocidos dentro del sistema de justicia.
El caso de Paola también fue uno de los antecedentes que llevaron a promover una reforma legal específica. En julio de 2024, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la llamada Ley Paola Buenrostro, mediante la cual se incorporó el transfeminicidio como delito al Código Penal local. Posteriormente, las reformas fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la capital y establecieron penas de entre 35 y 70 años de prisión.
La reforma establece una figura jurídica dirigida a los asesinatos de personas cuya identidad o expresión de género se encuentre dentro del espectro femenino y contempla elementos relacionados con la violencia motivada por identidad o expresión de género. ([Jefatura de Gobierno][6])
Por esa razón, la actual decisión judicial adquiere una dimensión particular: aunque la muerte de Paola ocurrió ocho años antes de que el transfeminicidio fuera incorporado expresamente al Código Penal capitalino, las autoridades decidieron procesar el caso bajo la figura de feminicidio agravado.
La Fiscalía capitalina había ofrecido desde 2023 una recompensa de hasta 500 mil pesos para obtener información que permitiera localizar a Arturo “N”. En aquel momento, debido a que el transfeminicidio todavía no estaba tipificado en la legislación local, el hombre era buscado por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.
La detención llegó casi diez años después del crimen. De acuerdo con las autoridades, el acusado fue ubicado en Nicolás Romero y posteriormente trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de un juez.
La reclasificación como feminicidio agravado ocurre, además, en medio de una nueva controversia. Organizaciones y activistas de la comunidad trans han cuestionado que el caso no sea llevado bajo la figura de transfeminicidio establecida precisamente a partir de la lucha que surgió tras el asesinato de Paola.
El debate jurídico se produce, por tanto, sobre un expediente que ayudó a impulsar la creación de una figura penal específica. Mientras las autoridades sostienen la clasificación de feminicidio agravado, colectivos y defensoras de derechos de las personas trans han reclamado que se reconozca la naturaleza específica de la violencia que enfrentó Paola por su identidad de género.
La historia del caso comenzó en 2016 con un asesinato que durante años permaneció sin una resolución judicial definitiva. Continuó con denuncias por deficiencias en la investigación, una disculpa institucional, la creación de la Ley Paola Buenrostro y, finalmente, la captura del hombre señalado como responsable.
Ahora, casi diez años después de la muerte de Paola Buenrostro, un tribunal capitalino estableció la clasificación jurídica con la que continuará el proceso: feminicidio agravado lo que ja generado polémica incluso dentro de la diversidad de feminicidios.
El caso permanecerá sujeto a las determinaciones que adopte el Poder Judicial durante las siguientes etapas del procedimiento.