* Si antes era solo el ejecutivo estatal hoy salen todos, molestos por la liberación de jueza Angélica Sánchez.
*Anuncian que impugnarán resolución e irán tras la jueza detenida ilegalmente, con todo el poder del Estado.
/ Darío Pale / Redacción/
08.09.2023 Xalapa, Ver.- En una conferencia conjunta en palacio de Gobierno, los titulares de los tres poderes en Veracruz se pronunciaron en contra de lo que consideraron “excesos” de jueces federales al conceder amparos a presuntos delincuentes relacionados con homicidios, secuestros, desaparición de personas, entre otras.
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez; la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre; la presidenta del Congreso local, Margarita Corro y la fiscal general Verónica Hernández, hicieron sendos pronunciamientos en contra del Poder Judicial Federal, al unísono del discurso del ejecutivo estatal que ha organizado hasta mítines frente a la sede para descalificar a la Suprema Corte, siguiendo a López Obrador.
Entre todos estos actores, acusaron a los togados de actuar bajo intereses políticos y corruptos al conceder amparos a presuntos delincuentes, sin mostrar una sola evidencia de sus dichos.
Todo se da a raíz de que la jueza federal Daniela León Linarte determinó la anulación del proceso en contra de la jueza Angélica Sánchez, al señalar que desacataron un amparo que impedía su detención y por tanto ordenó su inmediata libertad.
En el discurso el Mandatario estatal dijo que su administración desaprobaba y denunciaba la liberación de delincuentes realizada por algunos jueces federales que mediante amparos “chuecos” han vulnerado los derechos de las víctimas.
“En palabras llanas y simples, esos jueces optaron por proteger al delincuente, al asesino, al secuestrador, al abusador de menores, y tristemente, mandar por un tubo el dolor de los familiares de las víctimas”, alegó.
Resaltó que el caso de la jueza Angélica Sánchez no es el primero ni el único, pero en este caso se observan los lazos de corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación.
Fue así que repitió lo que hace unas horas dio a conocer la magistrada presidente del TSJ, es decir, que en las últimas tres semanas, jueces federales ampararon a 33 presuntos delincuentes, por lo que se les tuvo que modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. lo que no probó con evidencia.
Detalló que de esos 33, 21 son de presuntos homicidas, pederastas, violadores y secuestradores, como son las acusaciones sobre casi tres mil inocentes en las cárceles de Veracruz.
Finalmente en ese sentido, García Jiménez pidió que se detenga esa “perversidad” y exigió que no se siga solapando a los jueces federales que han incurrido en excesos y han generado nuevas injusticias contra las víctimas.
La titular del PJV aboga por su “trabajo” en materia de cumplir las leyes de la Constitución, así como de Administrar justicia en Veracruz.
La titular del Poder Judicial en Veracruz Aurelia Jiménez, el miércoles por la noche emitió su posicionamiento, que repitieron los titulares de los otros poderes durante la conferencia conjunta de este jueves. Expone lo que llama su “preocupación respecto del actuar de los juzgadores federales por cuanto hace al otorgamiento excesivo de suspensiones provisionales en contra de la prisión preventiva”.
En la víspera la Presidenta del TSJ dijo tener reportes (sin mostrarlos) que en los diversos Distritos Judiciales del Estado de Veracruz, han llegado hasta el momento 33 mandamientos en materia de amparo en donde, sin mayor estudio del asunto; otorgan la suspensión provisional para el efecto de que, cese la aplicación de esta medida cautelar.
“Trayendo como consecuencia, la libertad inmediata y absoluta de los imputados, en delitos tan delicados como secuestro, homicidio, violación, pederastia, robo agravado, abuso sexual de menores y otros de gran impacto social”.
Aurelia Jiménez no dio respuesta a los abogados que han liberado a los inocentes donde se acusa han fabricado pruebas para fincarles responsabilidades cuando ni siquiera tienen un vínculo con el delito del que se les acusa y así hay casi tres mil inocentes señalados de delitos no cometidos por ellos pero detenidos ilegalmente.
Pese a las acusaciones de la Jueza Angélica “N” de haberla amenazado y que luego vino su doble detención ilegal donde, pretendieran fabricar pruebas para fincarle un delito que no pudieron probar, la magistrada titular del PJV argumentó a favor de la cuestionada “autonomía” del Poder Judicial Veracruzano.
“En la institución que representa siempre hemos velado por el cumplimiento irrestricto de la ley, así como de las determinaciones que la autoridad judicial federal emite. Sin embargo, en esta ocasión no coincidimos con sus resoluciones pues consideramos que, de manera incorrecta (o ilegal), desde el incidente de suspensión resuelven el fondo de los juicios de amparo, lo cual realizan a través de formatos, sin analizar las pruebas que existan en cada caso en concreto”.
“Afectando a las víctimas, los procesos y dejando vulnerable a la sociedad. Ya que facilitan la evasión y sustracción de la acción de la justicia de los investigados. Los Juzgadores Federales liberan a diestra y siniestra, aplicando fórmulas genéricas en todos los juicios de amparo que se promueven en contra de la prisión preventiva dictada por nuestros jueces” refiere en su texto.
Sin referirse a la falta de contrapesos en los poderes qu es lo que requiere la gobernanza para evitar abusos de poder, tal como ha sido acusado el gobierno en Veracruz, Aurelia Jiménez refiere que la decisión de excarcelar a personas que los jueces consideran inocentes dice que ello “incide en la gobernabilidad del Estado, pues los Jueces y Magistrados de la Federación, no toman en cuenta el impacto social que trae consigo dejar libre de facto y sin análisis, a personas que representan un peligro inminente”
Argumenta la Inobservando la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso García Rodríguez vs México, en donde se establece que la Prisión Preventiva Justificada no es violatoria de los Derechos Humanos, pues dice la magistrada veracruzana,”existen procesos en los que resulta ser la medida idónea y proporcional para garantizar la seguridad de las partes, manteniendo el orden público”.
