Alma Ciudadana.
Alma Delia Hernández Sánchez.
“No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio”.
“Charles Darwin”
Quien ha visto la película de “Erin Brockovich, una mujer audaz”, protagonizada con Julia Roberts, habrá podido advertir que la protagonista documenta una serie de datos que están debidamente archivados y hasta digitalizados en la oficina de agua de la ciudad de Hinkley, California; la película – que vale la pena ver y es considerada de culto en el mundo legal – es del año 2000 y está basada en un suceso real que ocurrió en el año de 1993 en los Estados Unidos.
Es inevitable ponernos a reflexionar y a comparar qué hubiera sido de Erin Brockovich si ella hubiese vivido en México, en el año 1993, 2000 o en el actual. ¿Habría documentado las mismas irregularidades con el mismo éxito? ¿Sus potenciales clientes habrían tenido la confianza de poder vencer a una gran empresa gracias a la integridad de su aparato judicial? Las respuestas podemos imaginárnoslas dependiendo del lugar de México del que hablemos, del contexto del que hablemos y de a quiénes nos estemos refiriendo (mexican culture).
La cultura de la discrecionalidad, del secreto y el ocultamiento de las malas prácticas públicas sigue siendo el “arnés de seguridad” de quienes en tiempos de cambio siguen apostando por las prácticas de siempre.
Y es que, en pleno siglo XXI, en la era digital y de la sistematización de la información, las dependencias, organismos y entes públicos parecen preferir las políticas “vintage” de hace algunos años e inclusive décadas; la preferida de muchos: esconder la información y obstaculizar los caminos para que las personas conozcan lo que ocurre en la vida pública del Estado, en el mismo plano, quizá, tenemos a los enemigos de la digitalización, a aquellos que prefieren el cobro en ventanillas y en efectivo y la “gestión de negocios”, pues ahí es donde se anida la discrecionalidad y en donde muchos han encontrado una mina de oro y un coto de poder.
Pero vamos por partes, porque ejemplos hay muchos.
Partamos de la discrecionalidad, en donde nos topamos desde quienes cobran en efectivo en los baños públicos de mercaos y plazas, sin sujetarse a ningún control que permita determinar con claridad los ingresos que genera tan discreto pero lucrativo negocio; ahí, cerquitita de ellos están los inspectores de comercio (no todos) quienes siempre van por la libre “aplicando la ley” a su antojo, humor y conveniencia. Pero esto es la “peccata minuta” la parte dura del mal que le hace la discrecionalidad al progreso y al cambio los encontramos en los trámites que se refieren a permisos, licencias, licitaciones y contratos en donde quien desee contratar o emprender un negocio tiene que contabilizar en su presupuesto “lo que le va a pedir el gobierno”, una práctica lesiva y obscena que ha perdurado por largos y largos años. El párrafo queda abierto para Usted, para que nos comparta su experiencia que, seguramente, será similar a la que han vivido muchas personas en el Estado.
Causa risa y frustración que en una época en donde la tecnología nos facilita la vid con un solo click o touch, a una persona tenga que trasladarse a un módulo de registro civil para imprimir un acta de nacimiento, cuando ya existe una Sistema de Impresión de Actas Interestatales; el mismo caso ocurre con las licencias de conducir, credenciales de adulto mayor, curp, cartillas del servicio militar o vacunación, cédulas profesionales y un largo etcétera, pues mientras un pensaría que bata con que una persona, desde su nacimiento, tenga un historial de vida único y digitalizado con todos estos datos, la realidad es que nos requirien impresiones e impresiones de actas certificadas de registro civil (que tienen un costo), costosos pagos de derechos, reposiciones tardadas y onerosas de documentos que no sólo merman nuestro patrimonio, sino que también nos quitan tiempo que, en esta dinámica moderna, no tenemos.
Es decir, bastaría con que una infracción de tránsito cayera directamente a un ID personalizado y pudiéramos pagar en línea tanto el arrastre, como la multa; pero no, esa añoranza a lo antiguo, a lo vintage requiere que vayamos a desembolsar efectivo al corralón, previo viacrucis de ir a la oficina de tránsito a pagar la respectiva multa.
Y todo eso sin hablar de la importancia de las tesorerías virtuales para erradicar la corrupción.
Se han hecho algunas acciones, hay que reconocerlo; pero, en general, hay una resistencia al cambio para implementar plataformas digitales que faciliten la vida de las y los ciudadanos; y de la plataforma digital de los sistemas anticorrupción, mejor ni hablamos, si no hay presupuesto para el propio sistema, menos para para la plataforma digital.
Mientras que las consultorías privadas están haciendo millones de pesos gracias a la tecnología y a lo que se ha denominado “el big data”, el sector público sigue manteniéndose reacio a invertir en plataformas tecnológicas que les permita sistematizar servicios. Investigadores del Banco Interamericano de Desarrollo han logrado documentar casos de éxito, en los cuales la digitalización ha permitido atacar de lleno a la corrupción (https://blogs.iadb.org/administracion-publica/es/el-big-data-al-asalto-de-la-corrupcion/).
Mientras que en México se sigue diciendo que no hay dinero para energías renovables, que no hay urgencia en aplicar medidas de control sistematizadas o fomentando el clientelismo y las trampas de pobreza, el mundo entero sigue caminando y mirándonos de reojo, esperando a que un día reaccionemos como debemos.
Mtra. Alma Delia Hernández Sánchez
Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz.
