/ Viri Ríos /
No es normal que en México haya tanto fraude bancario. El 44% de los usuarios de la banca reportan ser víctimas de fraudes, un porcentaje superior al de Chile, Colombia y Brasil (1). Tan solo durante la pandemia, la presión de fraude aumentó en 220%, convirtiéndonos en el segundo país de América Latina que sufre más ataques de phishing con la intención de defraudar (2).
Esto no sucede porque en México seamos más ladrones, sino porque la regulación bancaria está hecha para proteger las ganancias de la banca tradicional —creando incentivos para que no tengan que invertir en aumentar tu seguridad y la mía.
El problema es sencillo: la banca en México usa tecnología obsoleta y poco transparente que no permite mejorar la seguridad de las transacciones con tarjeta. Así, estándares tecnológicos que permiten reducir significativamente los niveles de fraude en otras partes del mundo, en México llevan más de 15 años sin poder ser implementados del todo.
Los bancos tradicionales no tienen incentivos para mejorar su tecnología porque tienen la sartén por el mango: son futbolistas y asesores favoritos del árbitro.
El corazón del problema es la relación simbiótica que existe entre el árbitro, Banxico, y los jugadores más grandes, la Asociación de Bancos de México (ABM). Ambos forjan opiniones conjuntas, fijan las reglas del juego de manera inercial, y se han convencido de que la tecnología que tenemos es mejor por el simple hecho de ser mexicana. Sus argumentos son una combinación de los famosos “será basura, pero es nuestra basura” y del “ezdeque siempre se ha hecho así, joven”. El resultado es transacciones con tarjeta inseguras.
En otros países no es así. En Brasil, el gobierno les quitó poder discrecional a los jugadores en 2013, en Chile en 2018 y en Colombia, procesos similares culminaron en 2020.
En México, no. Como ha documentado la Cofece, las reglas del sistema de pagos mexicano están hechas por Banxico, la CNBV y la ABM para favorecer a un puñado. Por ejemplo, solo existe una sola red de pagos (controlada por los bancos tradicionales de la ABM) que no tiene incentivos a invertir en mejoras tecnológicas porque no tiene competencia. Otros quisieran crear alternativas, pero la ley es un campo estratégicamente minado para sutilmente impedirlo.
Quienes pagamos por la simbiosis entre árbitros y jugadores somos nosotros. Cada semana, a los mexicanos, se nos roban 93 millones de pesos en fraudes por transferencias electrónicas no reconocidas o retiros no solicitados. Y eso es tan solo la cantidad reportada a Condusef. El fraude es tan prevalente que se puede monitorear con tan solo medir la cantidad de posts de rabia que se ponen en Twitter México (3).
Sin embargo, los organismos reguladores, en lugar de resolver el problema y ponerse a barrer la casa, han decidido esconder el polvo debajo del tapete. Sus “soluciones” son francamente ofensivas para los millones de mexicanos víctimas del fraude. Por ejemplo, tienen un portal para que las víctimas compartan sus experiencias como en grupo de autoayuda, otro para denunciar fraude y muchos comerciales de radio donde nos dicen que nos cuidemos. Por su parte, Banxico piensa que el problema se puede atenuar con un App (CoDi) que nadie usa.
En el fondo las soluciones son cosméticas porque Banxico y CNBV siguen operando en beneficio de un puñado, por miedos y alianzas largamente heredadas. No se atreven a demandar tecnología nueva, de vanguardia y transparente para la ABM, ni a romper la relación simbiótica que tienen con ella. Esto debe cambiar.
La buena noticia es que Cofece ya los tiene en la mira. Esperemos se atreva a desincorporar el 51% de las acciones de la cámara de compensación. Será un buen primer paso.
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