Alguien como tú.
Gladys de L. Pérez Maldonado.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional por el Derecho del Aborto, el pasado 25 de septiembre el Congreso de Oaxaca determinó legal la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación, sin limitantes de causales, con 24 votos a favor y diez en contra.
La lucha feminista en este rubro ha alcanzado un triunfo, doce años después del primer logro el 24 de abril de 2007, cuando la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal aprobó las reformas necesarias a la Ley de salud y al Código Penal que permiten la interrupción de la gestación no mayor a las doce semanas, y fue hasta el 28 de agosto de 2008 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la constitucionalidad de aquellas reformas.
El lector se preguntará porque la mujer está tan interesada e insistente, o al menos algunas mujeres, en que la interrupción del embarazo sea constitucional, pues bien, el aborto en México es un crimen, la vida y la salud reproductiva de millones de mujeres depende de prejuicios, creencias religiosas, cárcel y muerte.
El aborto es la quinta causa de muerte materna en el país. De acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Consejo Nacional de Población (Conapo), cada año se practican entre 750 000 y 1 millón de abortos clandestinos; y seis de cada diez mujeres fallecen por complicaciones que se presentaron durante la interrupción del embarazo, debido a que fueron atendidas bajo condiciones insalubres y en la clandestinidad.
Además, en 30 de las 32 entidades federativas, el aborto es un delito, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), se registraron 2,135 carpetas de averiguaciones previas contra mujeres que abortaron, sólo en el periodo comprendido entre 2015 y 2018.
Esto significa que mas de 2,000 mujeres fueron encarceladas, sancionadas con multas u obligadas a realizar servicios comunitarios porque en Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Nuevo León el aborto es criminalizado.
En Guanajuato y Querétaro, la interrupción del embarazo sólo es permitida en casos de violación o debido a un accidente, esto quiere decir que si el embarazo de una mujer pone en riesgo su vida, el embarazo no puede ser interrumpido y ella tendría que morir. Como dato curioso, en Michoacán y Yucatán, se considera la pobreza una causa legal para admitirlo, menos mal.
En los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero e Hidalgo exigen en caso de violación la autorización de un juez o del fiscal y en San Luis Potosí y Tabasco requieren además de una “comprobación de los hechos” de violación para autorizar el aborto.
Afortunadamente, al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la Norma Oficial Mexicana (NOM) que ordena a todos los hospitales públicos garantizar la interrupción legal de los embarazos que sean producto de violación, sin necesidad de que las solicitantes del servicio presenten una denuncia previamente por el delito.
Esta es la realidad de la mujer en México, como consecuencia de hacer uso de su libertad de conciencia para interrumpir un embarazo por el motivo que se presente, pues ojo, el preguntar el motivo de su decisión, violentaría su derecho a la intimidad.
Quienes promueven la penalización del aborto, se dicen a favor de la vida. No obstante los abortos clandestinos se realizan en condiciones insalubres y utilizando métodos peligrosos, como brebajes con hierbas, ganchos, pastillas no controladas, clínicas clandestinas a cargo de personas corruptas que se aprovechan de la necesidad de la mujer para hacer cobros excesivos por sus servicios y la mayoría de los casos terminan en hemorragias incontenibles o infecciones que terminan en la muerte de la paciente. Entonces ¿a favor de que vida están predicando? Se han preguntado, ¿cuántos recién nacidos son abandonados en la calle, con motivo de embarazos no deseados?
Muchos consideran que la despenalización tiende a que el aborto sea usado como medio anticonceptivo, sin embargo, como dato estadístico se demuestra lo contrario, pues durante doce años en el Ciudad de México el porcentaje de reincidencia ha sido del 1%.
No se puede olvidar que los Derechos Humanos no tiene religión, vivimos en un Estado laico y las políticas públicas no se pueden encaminar en función de creencias religiosas, si no en aras de la protección de la salud y la vida de sus gobernadas.
El derecho de las mujeres a su intimidad y plena decisión de su cuerpo no debe estar limitado por una colectividad impositiva de creencias religiosas y prejuicios egoístas. Sería interesante realizar una encuesta con aquellas personas que se pronuncian en contra del aborto, nos llevaría a entender mejor su postura.
La legalización del aborto hasta las doce semanas de gestación, es una luz en el camino del respeto de los Derechos Humanos de las mujeres, por tanto desde este espacio, aplaudimos la decisión de los legisladores del Estado de Oaxaca por haber votado tan relevante iniciativa a favor de las mujeres Oaxaqueñas, sumándose a lo ya legislado en la Ciudad de México.
¡Por una Marea Verde Legislativa!
