*Conversatorio en Tijuana sobre libertades y derechos de las audiencias.
*Hay riesgos de que las disposiciones de carácter administrativo se vuelvan una legislación por sí misma.
Es importante que el gobierno federal abra canales en los que se hable sobre los Lineamientos generales para garantizar la protección de los derechos de las audiencias; lo grave es el uso de conceptos como falsedad, descontextualización y veracidad, coincidieron expertos reunidos en la Estación Noroeste de Investigación y Docencia (ENID) del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), en la ciudad de Tijuana.
En el conversatorio “Libertades y derechos de las audiencias”, Paola Alejandra Sam Aguirre, investigadora de la ENID IIJ, explicó que la consulta pública, que termina el 21 de agosto, establece que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) tiene la facultad de someter la consulta y los lineamientos en pro de las audiencias, pero éstos no son vinculantes.
Expresó que el portal donde se hace la recepción de los comentarios (https://portal.crt.gob.mx/consultapublica) permite sólo expresar una opinión tras ofrecer información personal; y al completar el proceso es posible ver que mucha gente no está de acuerdo con la propuesta de Lineamientos generales para garantizar la protección de los derechos de las audiencias, como parte de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Sam Aguirre indicó que en este nuevo paradigma se usan términos como información noticiosa y opinión, información falsa, descontextualizada o histórica, aunque presentada como si fuera actual. En ese sentido, estos conceptos que tienen un objetivo sancionador, que son muy abstractos, dotan de una facultad amplia de discrecionalidad para la comisión reguladora.
A su vez, Claudia Ileana Espinoza Díaz, investigadora de la ENID-IIJ, agregó que es importante recordar que entre las audiencias y los periodistas hay empresas de comunicación que no siempre trabajan con códigos de ética claros, mecanismos de prevención e inclusive de reparación, donde hay acciones que van en contra de los derechos de las personas.
La joven investigadora detalló que las empresas deben rendir cuentas sobre la forma en que están manejando la opinión pública en un país donde se han construido monopolios de comunicación.
Por su parte, Leonardo Abarca Jiménez, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, añadió que, aunque la CRT tiene plena facultad para la elaboración de estos lineamientos, hay riesgos de que las disposiciones de carácter administrativo se vuelvan una legislación por sí misma.
Lo que se debe cuidar, enfatizó, es que estos lineamientos respeten los límites constitucionales y convencionales, porque el acceso a la información está regulado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
En tanto, Martha Tudón, de la organización Artículo 19, señaló que la libertad de expresión es el derecho de las personas a buscar, recibir y compartir todo tipo de contenidos e ideas. Los derechos de las audiencias no compiten con esto, más bien lo alientan, es un derecho humano, algo que no está sujeto a negociación y se debe garantizar.
En este contexto, argumentó que según un estudio de Artículo 19, en 2025 documentaron 451 agresiones contra la prensa, de las cuales el 50 % fue perpetrada por representantes del Estado; hubo 59 casos de acoso judicial por la vía administrativa, civil o penal que no tenían un fin legítimo, sino el desgaste del periodista para que dejara de hacer su trabajo.
Loraine Morales Pino, académica de la Universidad Iberoamericana Tijuana, resaltó que la historia reciente de Cuba, Nicaragua y Venezuela muestra que sus regímenes presentan una gran preocupación por tener audiencias informadas, pero el Estado quiere controlarlas, algo que no le compete.
Para estos regímenes, reflexionó, los periodistas son el enemigo, quienes siempre confrontan al poder, sacan información desde la sociedad, organismos internacionales y un gremio muy pequeño, por lo que preocupa el querer implementar conceptos como veracidad, información falsa, descontextualización, y, sobre todo, limitar el derecho a dar su opinión.
Finalmente, José Rodolfo Muñoz García, socio director de M&P Corporativo Jurídico & Consultores, opinó que hablar de los lineamientos y los derechos de las audiencias no es nuevo, están considerados desde antes de la desaparición de lo que fue el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por lo que algo que no se ha tomando en cuenta son los mecanismos para hacerlos valer.
La parte grave que puede verse en la reforma, indicó, es la incorporación de textos o conceptos que quedan discrecionalmente abiertos para dar cuerda al órgano regulador.
Es importante entender la diferencia entre autonomía e independencia. Lo primero no implica tenerlo en el documento, sino que se legitime la voluntad. El problema en la reforma es que no hay autonomía ni independencia.