*Inmujeres presenta ruta de trabajo a la Conatrib para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres.
*Ante, uno de los reclamos más importantes de las mujeres, como dijo Nadine Gasman, Conatrib refrendó el compromiso para proteger, promover y garantizar los derechos humanos de las mujeres.
México. 28 agosto 2021.-La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) Nadine Gasman Zylbermann participó en la Tercera Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), con sede en Saltillo, Coahuila, donde ante las y los titulares de los poderes judiciales de las 32 entidades federativas del país y funcionariado presentó las principales necesidades de las mujeres en materia de acceso a la justicia, así como una ruta de trabajo entre el Inmujeres y la Conatrib.
La propuesta de la titular del Inmujeres fue desarrollar dos rutas estratégicas para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres que acuden a los tribunales. La primera consiste en acelerar los procesos judiciales mediante la justicia itinerante para mujeres y audiencias informativas, mientras que la otra está dirigida fortalecer las órdenes de protección como un mecanismo eficaz e integral para la protección de mujeres que viven en situación de violencia.
Para agilizar los procesos judiciales en los que se ven afectados los derechos de las mujeres se propuso poner atención prioritaria en los casos que presenten los siguiente criterios: mayor tiempo sin resolver; están en la etapa inicial del proceso; tienen pendientes cuestiones jurídicas mínimas por desahogar; muestren la falta de asesoría jurídica o recursos económicos por parte de las mujeres; haya riesgos para la vida y la integridad de las mujeres, niñas y niños y, analizar los casos de mujeres privadas de su libertad.
¿Además, se instó a que agilizar la resolución de los casos en materia de alimentos, regímenes de convivencia, guarda y custodia, así como los relacionados con patria potestad y divorcio, temas que gracias a diversas resoluciones cuentan con criterios con perspectiva de género y son los más apremiantes para las mujeres.
Respecto a fortalecer las órdenes de protección se consideró la necesidad de crear espacios de intercambio de experiencias sobre los obstáculos, avances y buenas prácticas en la aplicación de esos mecanismos de protección; documentar esos intercambios y elaborar de manera colectiva un Protocolo para la promoción y aplicación de órdenes y medidas de protección.
La presidenta del Inmujeres, destacó que el acceso a la justicia es uno de los reclamos más importantes de las mujeres, donde todos los tipos de violencia de género son un flagelo y “parte de la vida cotidiana de siete de cada 10 mujeres en nuestro país, que resultan en que ocho de cada 10 tengan miedo de salir a la calle, pero tampoco están seguras en sus casas”, dijo.
Agregó que en la actualidad sólo 12 por ciento de las mujeres se atreve a denunciar y eso debe de cambiar, porque si bien es un trabajo de diversos sectores, el Poder Judicial deber ser el primero en abonar a un cambio sustancial. “La sanción de los delitos es importante, pero también la reparación del daño y la violencia contra las mujeres debe erradicarse”, apuntaló.
El magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México y presidente de la Conatrib, Rafael Guerra Álvarez refrendó el compromiso de los poderes judiciales estatales para proteger, promover y garantizar los derechos humanos de las mujeres y prevenir y erradicar la violencia contra de las mujeres.
Mientras que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila y titular de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Conatrib, Miguel Felipe Mery Ayup, recordó que una de las principales demandas sociales es poner un alto a la violencia hacia las mujeres y a los feminicidios, el segundo delito principal en el país y en todos los estados.
“Un fenómeno social como lo es la violencia de género, no puede limitarse a contener y a juzgar. El Estado mexicano como república federal debe trabajar desde cada entidad en el andamiaje de políticas integrales a problemas complejos como este y desde los poderes judiciales asumimos también una función pacificadora en la compleja realidad de México”, recalcó.
Informó que gracias a la coordinación interinstitucional con el Gobierno de Coahuila, con la Fiscalía del estado, con el Instituto Coahuilense de las Mujeres y con el apoyo del Inmujeres y de la Conavim, así como con organismos promotores derechos humanos nacionales e internacionales, que se logró generar un modelo de juzgado especializado en violencia familiar que busca asegurar tres aspectos: la protección de las mujeres y de sus hijos; los alimentos provisionales y la custodia provisional.
Por su parte el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, comentó que una verdadera implementación de la justicia debe tener como centro la dignidad de las personas, tomar en cuenta que los conflictos deben de resolverse de fondo y respetando los derechos humanos de cada sujeto, creando políticas públicas que tomen en cuenta el contexto de la sociedad actual, con todos los avances que se han conseguido como los derechos de todas las mujeres.
En tanto, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel hizo énfasis en ver la justicia como un aspecto fundamental para prevenir la violencia. Recordó que en 2022, el Estado mexicano deberá rendir cuentas ante el Comité de la CEDAW y las instituciones de justicia tienen que dar resultados tangibles, por lo que instó a trabajar para que quien sea víctima de injusticias cuente con tribunales que le ampare, escuche y sus autoridades sean un respaldo.
Como parte de este encuentro se presentó la App Mujer Segura, resultado del trabajo de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Conatrib y se hizo un reconocimiento a la trayectoria y aportación de justicia en nuestro país al magistrado Rafael Guerra Álvarez y a la ministra Esquivel Mossa.
El Inmujeres reitera su compromiso para generar las condiciones que las mujeres accedan a la conforme a los más altos estándares en materia de derechos humanos y contribuir a combatir la impunidad.
