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13.08.2026. Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó este jueves que exista una persecución política contra Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI y senador, luego de que en los últimos días fueran detenidas personas vinculadas con su entorno político y administrativo durante el periodo en que encabezó el gobierno de Campeche.
Desde Palacio Nacional, la mandataria marcó distancia entre el Gobierno federal y las investigaciones que han derivado en estas aprehensiones. Explicó que el asunto no está siendo conducido por la Fiscalía General de la República (FGR), sino por las autoridades ministeriales de Campeche, por lo que, sostuvo, no corresponde presentar el caso como una acción emprendida desde la Presidencia contra el líder priista.
“No es algo que tenga que ver con la Fiscalía General de la República, es algo que viene de la Fiscalía de Campeche”, afirmó Sheinbaum al ser cuestionada sobre las recientes detenciones.
La declaración ocurre en un momento particularmente sensible para Moreno Cárdenas. El dirigente priista enfrenta desde hace años investigaciones relacionadas con su paso por la gubernatura de Campeche, que ejerció entre 2015 y 2019, mientras que en el Congreso federal permanece abierta la discusión sobre una solicitud de declaración de procedencia en su contra.
En paralelo, las autoridades de Campeche han intensificado investigaciones que alcanzan a antiguos colaboradores del priista. El miércoles fue reportada la detención de Carlos Alberto “N”, quien durante la administración de Moreno se desempeñó como director de Comunicación Social y posteriormente estuvo relacionado con actividades de comunicación institucional. La acusación difundida públicamente está relacionada con un presunto desvío de recursos y operaciones que habrían involucrado alrededor de 36 millones de pesos.
Días antes también fue detenido Luis Antonio Espinosa Campos, señalado como contador vinculado con Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano de Alejandro Moreno. De acuerdo con reportes sobre el caso, la investigación está relacionada con un presunto peculado y operaciones financieras realizadas durante el periodo en que Moreno encabezó el gobierno campechano.
Sheinbaum insistió en que las investigaciones deben seguir la vía institucional correspondiente y que la responsabilidad de determinar si existen elementos para proceder penalmente no recae en la Presidencia.
La postura de la mandataria tiene además un antecedente relevante. En mayo de 2026, cuando fue cuestionada sobre las investigaciones relacionadas con el patrimonio de Moreno Cárdenas, Sheinbaum sostuvo que no correspondía a ella decidir sobre los expedientes y recordó la separación entre el Poder Ejecutivo, las fiscalías y el Poder Judicial.
“No es un asunto de la Presidenta”, respondió entonces, al señalar que existen una Fiscalía y un Poder Judicial encargados de sus respectivas funciones.
En aquella ocasión agregó que, si las autoridades determinaban que había elementos suficientes para proceder, debían hacerlo conforme a derecho. Incluso planteó que, cuando se acrediten judicialmente actos de corrupción y apropiación indebida de bienes, lo procedente debería incluir la recuperación de los recursos.
La discusión sobre Alejandro Moreno no es nueva. Desde su salida de la gubernatura de Campeche se han mantenido cuestionamientos sobre su patrimonio y sobre la adquisición de propiedades durante y después de su administración. Las investigaciones han tenido distintas etapas y también han enfrentado obstáculos jurídicos y políticos.
El expediente de desafuero constituye uno de los puntos centrales de la disputa. De acuerdo con información difundida este jueves, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados mantiene una solicitud de declaración de procedencia relacionada con Moreno, quien cuenta con fuero constitucional en su calidad de senador. El procedimiento podría volver a tomar fuerza una vez que se reanude la actividad legislativa.
El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, sostuvo recientemente que el procedimiento no está cerrado, aunque corresponde a las instancias legislativas determinar si existen condiciones para avanzar. La defensa de Moreno, por su parte, ha sostenido que existe una utilización política de las investigaciones y que el dirigente priista es objeto de una persecución por parte del gobierno.
Precisamente ese argumento fue rechazado por Sheinbaum durante su conferencia.
La presidenta sostuvo que no debe confundirse una investigación ministerial con una persecución política y que, si existen denuncias o posibles delitos, deben ser las autoridades competentes las que determinen responsabilidades.
El contexto político alrededor del caso, sin embargo, es difícil de separar de la confrontación entre Morena y el PRI. Moreno ha elevado durante los últimos meses sus críticas contra el gobierno de Sheinbaum y ha recurrido también a foros y autoridades de Estados Unidos para denunciar lo que considera una persecución contra la oposición mexicana. En 2026 ha realizado varias visitas a Washington y ha presentado señalamientos contra funcionarios y actores políticos mexicanos.
Este jueves, Sheinbaum también cuestionó que el presidente nacional de un partido mexicano acuda ante autoridades estadounidenses para solicitar medidas contra políticos o funcionarios nacionales.
“¿Qué mexicano como presidente de un partido va a presentar denuncias en Estados Unidos para pedir que quiten visas? Hasta da risa”, expresó la presidenta, al referirse a las gestiones de Moreno ante autoridades estadounidenses.
La mandataria consideró que recurrir a un gobierno extranjero para plantear conflictos políticos internos representa, desde su perspectiva, una muestra de desconfianza en las instituciones mexicanas. También puso en duda el impacto que puedan tener los señalamientos del dirigente priista en Estados Unidos.
“No sé qué tanta credibilidad tenga; no tiene credibilidad aquí, no creo que tenga mucha allá”, afirmó.
El intercambio adquiere especial relevancia porque las investigaciones en Campeche y las acusaciones de persecución política se desarrollan simultáneamente. Por un lado, existen carpetas de investigación que han derivado en órdenes de aprehensión contra personas que estuvieron relacionadas con el entorno de Moreno durante su gobierno; por otro, el dirigente priista sostiene que las acciones judiciales forman parte de una estrategia para debilitar a la oposición.
Sheinbaum busca colocar el caso en otro terreno: el de la procuración de justicia estatal.
La presidenta no asumió como propia la investigación ni anunció acciones federales contra Moreno. Por el contrario, subrayó que las indagatorias corresponden a la Fiscalía de Campeche y que cualquier procedimiento relacionado con el fuero del senador deberá pasar por las instancias del Congreso.
Esta precisión resulta relevante porque durante una conferencia de mayo de 2025 la propia Sheinbaum había señalado, al hablar de denuncias contra Moreno, que las investigaciones correspondían a las fiscalías y que las pruebas debían determinar el rumbo de los expedientes. En aquella ocasión dijo que, según la información que tenía entonces, una parte de las investigaciones estaba en la Fiscalía Anticorrupción de la FGR.
La diferencia entre aquella referencia y la explicación ofrecida este jueves refleja también la evolución de los expedientes y, sobre todo, la delimitación que ahora hace la presidenta respecto de las investigaciones que han desembocado en las recientes detenciones.
Mientras tanto, el caso coloca nuevamente a Alejandro Moreno en el centro de una disputa que combina justicia, patrimonio, fuero constitucional y confrontación política. Las autoridades de Campeche deberán acreditar ante los tribunales las imputaciones formuladas contra los detenidos, mientras que cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse directamente al dirigente priista tendría que seguir los procedimientos legales correspondientes.
Por ahora, Sheinbaum sostiene que el Gobierno federal no está detrás de una persecución contra el líder del PRI. Su argumento es que las investigaciones tienen origen estatal y que serán las autoridades ministeriales y judiciales las que determinen si existen delitos y quiénes deben responder por ellos.
La controversia, sin embargo, está lejos de concluir. Con el Congreso como eventual escenario para discutir el fuero de Moreno y con nuevas actuaciones de la Fiscalía de Campeche, el expediente vuelve a colocarse en el centro de la confrontación entre el partido gobernante y una oposición que acusa al Ejecutivo de utilizar las instituciones para debilitarla.
El desenlace dependerá, finalmente, de las pruebas que presenten las autoridades y de las resoluciones que adopten los jueces y, en su caso, el Poder Legislativo. Hasta que eso ocurra, las acusaciones contra Moreno y sus colaboradores deberán mantenerse en el terreno de las investigaciones y no confundirse con responsabilidades penales ya acreditadas.