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28.08.2026., La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso nuevamente sobre la mesa la regulación del uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos dentro de las escuelas del país, una discusión que el gobierno federal busca llevar a los planteles de educación básica con la participación directa de maestras y maestros.
La propuesta no parte, por ahora, de una prohibición nacional impuesta de manera unilateral. El planteamiento de la administración federal es conocer primero la experiencia del magisterio y, a partir de ella, definir una regulación que permita disminuir las distracciones provocadas por los teléfonos durante las actividades escolares, sin cerrar completamente la puerta al aprovechamiento educativo de la tecnología.
Sheinbaum ha expresado públicamente su respaldo a establecer límites al uso de celulares en las escuelas y ha señalado la importancia de recuperar actividades que no dependan permanentemente de las pantallas, como el trabajo con lápiz y papel y la convivencia entre estudiantes.
La discusión cobra especial relevancia ante el regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027, previsto para el próximo 31 de agosto, cuando más de 23 millones de estudiantes de educación básica regresarán a las aulas en todo el país. Paralelamente, la Secretaría de Educación Pública abrió una consulta dirigida al personal docente para conocer sus opiniones sobre la eventual regulación.
La consulta se desarrolla durante la Fase Intensiva de los Consejos Técnicos Escolares y contempla la participación de más de 1.2 millones de maestras y maestros, además de directivos y supervisores. El objetivo es recoger información de quienes enfrentan cotidianamente en las aulas los efectos del uso de teléfonos inteligentes y otros dispositivos.
La decisión, por tanto, busca construirse desde las escuelas y no únicamente desde las oficinas de la administración federal. La propia presidenta ha insistido en que serán los Consejos Técnicos y la opinión del magisterio elementos fundamentales para determinar cómo debería aplicarse una eventual regulación.
El tema tampoco parte de cero. El gobierno federal ha reconocido que distintas entidades ya cuentan con disposiciones para limitar o regular el uso de teléfonos en los planteles. Sheinbaum informó anteriormente que 16 estados ya habían establecido algún tipo de regulación en escuelas de educación básica, por lo que la intención federal es analizar esas experiencias y avanzar hacia criterios que puedan aplicarse de manera más amplia.
La discusión nacional llega después de que varios gobiernos estatales comenzaron a establecer restricciones propias. El objetivo común ha sido reducir las distracciones durante las clases y enfrentar problemas asociados con el uso excesivo de dispositivos, aunque las reglas no son idénticas en todas las entidades.
En este escenario, uno de los puntos que tendrá que definirse es qué significa exactamente “regular” el uso del celular. Una prohibición absoluta no necesariamente equivale a las medidas que pueden adoptarse en una escuela donde los teléfonos permanecen guardados durante las clases, pero pueden utilizarse en situaciones de emergencia, actividades pedagógicas autorizadas o determinados horarios.
La propuesta también contempla a los docentes. El planteamiento del gobierno no está dirigido únicamente a niñas, niños y adolescentes, sino que busca discutir el uso de dispositivos digitales por parte de quienes están frente al grupo. La intención es establecer reglas que involucren a toda la comunidad escolar y no únicamente responsabilizar al alumnado.
La razón detrás de este enfoque es que el problema de la atención no se limita a los estudiantes. El uso permanente de dispositivos puede modificar la dinámica de una clase, generar interrupciones y desplazar actividades presenciales que requieren interacción directa entre estudiantes y docentes.
La SEP ha colocado además el asunto dentro de una discusión más amplia sobre ciudadanía digital. El debate no consiste solamente en retirar los teléfonos de las aulas, sino en determinar cómo deben utilizarse las tecnologías en un sistema educativo en el que las herramientas digitales forman parte de la vida cotidiana.
Durante los foros y actividades realizados por autoridades educativas también se ha advertido sobre fenómenos como el ciberacoso, el acceso a contenidos perjudiciales y los posibles efectos de la hiperconectividad. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, ha planteado la necesidad de construir una ciudadanía digital responsable y fortalecer el pensamiento crítico frente al entorno tecnológico
Uno de los argumentos que ha ganado espacio en el debate es la dificultad para separar el uso educativo del uso recreativo de los dispositivos. Un teléfono puede convertirse en una herramienta para consultar información, realizar actividades o acceder a plataformas educativas, pero también puede abrir la puerta a redes sociales, videojuegos, mensajes y otros contenidos capaces de desplazar la atención del estudiante.
Por eso, una eventual política nacional tendría que definir no solamente si los celulares pueden ingresar a las escuelas, sino bajo qué circunstancias podrían utilizarse y quién tendría la facultad de autorizar su empleo durante una clase.
Otro desafío será establecer mecanismos para que las restricciones no afecten situaciones en las que el uso de dispositivos tenga una finalidad legítima. También deberán considerarse casos de emergencia, necesidades específicas de determinados estudiantes y actividades académicas que requieran herramientas digitales.
La experiencia de otros países muestra que limitar los teléfonos en las escuelas no constituye por sí mismo una solución automática para los problemas de concentración. Las restricciones pueden reducir determinadas distracciones, pero requieren acompañarse de reglas claras, participación de las familias y estrategias educativas que enseñen a niñas, niños y adolescentes a relacionarse de manera responsable con la tecnología.
En México, además, la discusión ocurre en un momento en que el teléfono inteligente se ha convertido en uno de los principales instrumentos de comunicación de los jóvenes. El desafío para las autoridades educativas consiste en encontrar un equilibrio entre el derecho de los estudiantes a desarrollarse en un entorno tecnológico y la necesidad de proteger los espacios destinados al aprendizaje.
Datos difundidos durante el debate educativo han llamado la atención sobre la intensidad de la conexión digital entre jóvenes. La Secretaría de Educación Pública ha señalado que los adolescentes reciben en promedio 237 notificaciones al día, una cifra que ilustra el volumen de interrupciones potenciales que puede generar un dispositivo móvil.
La discusión también ha involucrado a madres, padres y especialistas. Una encuesta citada en el debate nacional reportó que 83 por ciento de los padres manifestó preocupación por el uso excesivo de dispositivos, mientras que más de 70 por ciento respaldó algún tipo de regulación.
Sin embargo, también existen voces que advierten que retirar los teléfonos sin desarrollar habilidades digitales puede resultar insuficiente. Para especialistas en educación y juventud, la escuela tiene la oportunidad de enseñar no solamente matemáticas, ciencias o lenguaje, sino también cómo utilizar responsablemente las tecnologías, identificar riesgos y establecer límites frente a las plataformas digitales.
De ahí que el proyecto del gobierno federal tenga un componente que va más allá de decidir si los teléfonos se quedan dentro de las mochilas o son entregados al ingresar al plantel.
El debate apunta hacia una pregunta de fondo: qué lugar deben ocupar las pantallas dentro de la educación.
Durante la pandemia de Covid-19, los dispositivos electrónicos se convirtieron en herramientas indispensables para mantener la enseñanza a distancia. Años después, el desafío es distinto. La discusión ya no consiste en garantizar que los estudiantes tengan acceso a la tecnología, sino en determinar cuándo ese acceso favorece el aprendizaje y cuándo comienza a interferir con él.
Sheinbaum ha defendido precisamente la necesidad de recuperar espacios de convivencia y formas de aprendizaje que no dependan de una pantalla. Su postura a favor de regular los celulares, sin embargo, ha estado acompañada por la decisión de consultar al magisterio antes de establecer una política nacional.
La propuesta también coloca a las escuelas ante un desafío práctico: cómo hacer cumplir una eventual regulación. No bastaría con establecer una disposición general si cada plantel debe resolver por su cuenta dónde se guardan los teléfonos, quién se hace responsable de ellos, qué ocurre cuando un estudiante incumple la regla o cómo pueden comunicarse las familias con sus hijos durante una emergencia.
Por ello, la consulta a docentes puede resultar determinante. Son maestras, maestros, directivos y supervisores quienes conocen las condiciones particulares de cada comunidad escolar y pueden identificar qué mecanismos son viables y cuáles podrían generar nuevos conflictos.
La intención del gobierno federal es que las reglas no se construyan únicamente desde una perspectiva tecnológica, sino desde la realidad cotidiana de las escuelas.
En los próximos pasos también será importante conocer si la regulación se aplicará exclusivamente a educación básica o si posteriormente se extenderá a otros niveles, así como establecer si habrá excepciones para determinadas actividades académicas.
Por ahora, lo confirmado es que la administración de Claudia Sheinbaum impulsa una discusión nacional para limitar el uso de celulares y otros dispositivos digitales dentro de las escuelas, pero que la definición de las reglas se encuentra vinculada al proceso de consulta con el personal educativo.
Así, el regreso a clases de este 31 de agosto no solamente marcará el inicio de un nuevo ciclo escolar para millones de estudiantes. También pondrá a prueba el debate sobre cuánto tiempo deben permanecer las pantallas dentro del salón y cuánto espacio debe recuperarse para la atención, la escritura, la lectura, el diálogo y la convivencia cara a cara.
La eventual regulación no significaría necesariamente expulsar la tecnología de las escuelas. El verdadero reto será establecer límites que permitan que los dispositivos sean herramientas cuando aporten al aprendizaje y no obstáculos cuando desplacen la atención de aquello que ocurre frente al pizarrón.
El gobierno federal tendrá que convertir ahora el diagnóstico y la consulta del magisterio en reglas concretas, aplicables y claras. La decisión tendrá impacto directo en estudiantes, docentes y familias, pero también abrirá una discusión más amplia sobre la educación que México quiere construir en una época en la que aprender y vivir conectado ya forman parte de la misma realidad.
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