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10.09.2026.Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbau respondió este jueves a las críticas formuladas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre la estrategia mexicana contra el narcotráfico y sostuvo que los señalamientos deben entenderse también dentro del escenario político que atraviesa Estados Unidos rumbo a sus elecciones de noviembre.
La mandataria rechazó que México sea convertido en un argumento de campaña y recordó que los propios Estados Unidos enfrentan problemas internos que deberían ocupar la atención de sus políticos, en lugar de utilizar la situación mexicana como parte de la disputa electoral.
La respuesta de Sheinbaum se produjo después de que Rubio endureciera sus declaraciones sobre la seguridad en México durante su gira por Sudamérica.
El funcionario estadounidense reconoció que el gobierno mexicano ha incrementado sus acciones contra las organizaciones criminales, pero consideró que los esfuerzos siguen siendo insuficientes y afirmó que existen amplias zonas del territorio mexicano que, según su apreciación, están bajo control de grupos del narcotráfico.
Rubio también sostuvo que la violencia relacionada con los grupos criminales constituye uno de los principales problemas de México y mencionó los asesinatos de políticos, jueces y periodistas como parte de su argumento.
Al mismo tiempo, afirmó que Washington preferiría enfrentar esta amenaza en colaboración con el gobierno mexicano, aunque dejó abierta la posibilidad de que Estados Unidos actúe por su cuenta si considera que la amenaza no es atendida.
Frente a ese posicionamiento, Sheinbaum colocó las declaraciones de Rubio dentro de una coyuntura política estadounidense que tendrá como siguiente gran cita las elecciones legislativas de noviembre.
La presidenta sostuvo que México no debe convertirse en un instrumento de la competencia partidista estadounidense y pidió separar la relación bilateral de las necesidades electorales de los políticos de aquel país.
La postura no significa, sin embargo, que el gobierno mexicano desconozca la dimensión del problema de seguridad. Sheinbaum ha defendido de manera reiterada que México mantiene una estrategia de combate a las organizaciones criminales basada en inteligencia, investigación, coordinación institucional, atención a las causas de la violencia y persecución de los delitos, pero rechaza que ese combate sea planteado bajo el concepto de una “guerra contra el narco” como la aplicada durante el gobierno de Felipe Calderón.
En una conferencia del 28 de agosto, la presidenta explicó precisamente por qué su gobierno evita utilizar ese término. Señaló que durante el sexenio de Calderón se habló de una “guerra” sin que formalmente se hubiera declarado un estado de excepción y argumentó que el concepto podía implicar que las fuerzas de seguridad actuaran bajo condiciones distintas a las previstas por la ley.
Para Sheinbaum, la diferencia fundamental está en que el Estado debe investigar, obtener órdenes judiciales cuando correspondan, detener a los presuntos responsables y llevarlos ante los tribunales, en lugar de asumir que el combate al crimen organizado puede desarrollarse al margen de las garantías legales.
La discusión con Rubio ocurre, además, cuando el gobierno mexicano acaba de presentar cifras que utiliza para defender los resultados de su estrategia de seguridad. El 8 de septiembre, durante el informe mensual de seguridad, la presidenta informó una reducción de 53 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, al pasar de 86.9 casos diarios a 40.8. De acuerdo con esas cifras oficiales, agosto de 2026 fue el mes con el promedio más bajo de homicidios desde 2015.
La administración federal también reportó que, entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026, fueron detenidas más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 34 mil 353 armas de fuego y fueron inhabilitados 2 mil 771 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de drogas sintéticas.
Esas cifras forman parte de la respuesta política que el gobierno de Sheinbaum ha utilizado frente a los cuestionamientos procedentes de Estados Unidos: reconocer que existe un problema de violencia y presencia de organizaciones criminales, pero sostener que México está actuando y que los resultados deben evaluarse a partir de indicadores verificables.
En esa misma presentación, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la estrategia federal se apoya en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y coordinación entre las instituciones federales y los gobiernos estatales.
La presidenta ha insistido en que el combate al crimen no puede reducirse a la cantidad de personas detenidas. Para su gobierno, la reducción de la violencia también depende de evitar que jóvenes sean incorporados por las organizaciones criminales y de fortalecer las investigaciones que permitan llevar a los responsables ante los tribunales.
En la conferencia del 8 de septiembre, Sheinbaum explicó que una de las diferencias que considera centrales respecto de la administración anterior está precisamente en el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación.
La mandataria señaló que ahora existe una mayor coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia para generar investigaciones que permitan identificar y detener a presuntos integrantes de organizaciones criminales.
El intercambio con Rubio también se inscribe en una relación bilateral que, pese a las diferencias públicas, mantiene canales permanentes de comunicación en materia de seguridad.
En enero, Sheinbaum había explicado que la interlocución en asuntos de seguridad correspondía principalmente al secretario de Relaciones Exteriores y al secretario de Estado estadounidense. En aquella ocasión afirmó que México privilegiaba el diálogo y la cooperación, pero dejó claro que cooperar no significaba aceptar todas las posiciones de Washington.
“Privilegiamos el diálogo”, había señalado la presidenta, al explicar que podían existir desacuerdos entre ambos gobiernos sin que eso significara romper la comunicación bilateral.
Ese equilibrio vuelve a aparecer ahora frente a las declaraciones de Rubio. Sheinbaum no planteó romper la cooperación con Estados Unidos ni desconoció la amenaza que representan los grupos criminales transnacionales. Su respuesta se concentró en rechazar que las críticas estadounidenses sean utilizadas como argumento electoral contra México.
El antecedente más directo de esta posición ocurrió el 30 de julio, cuando la presidenta respondió a cuestionamientos provenientes de un legislador republicano estadounidense y sostuvo que los políticos de ese país estaban en campaña rumbo a las elecciones de noviembre.
En aquella ocasión fue tajante al pedir que México no fuera utilizado electoralmente y sostuvo que Estados Unidos debía atender también sus propios problemas.
La posición presidencial ha sido consistente en ese punto: México puede ser objeto de críticas, pero no debe convertirse en una “piñata” electoral de políticos estadounidenses.
Ahora la diferencia está en que el cuestionamiento provino de una de las figuras más importantes de la administración de Donald Trump. Rubio no es un congresista más: como secretario de Estado participa directamente en la conducción de la política exterior estadounidense y es uno de los principales interlocutores del gobierno mexicano.
Su señalamiento de que México está haciendo más que antes, pero que aún no es suficiente, representa por ello una presión política de mayor peso. Rubio afirmó durante su visita a Ecuador que la escala del problema mexicano es particularmente grande por el tamaño del país y el poder de las organizaciones criminales.
También sostuvo que el objetivo de Washington es enfrentar a estos grupos junto con México, aunque sus declaraciones sobre una eventual actuación estadounidense por otras vías volvieron a alimentar el debate sobre los límites de la cooperación bilateral y la defensa de la soberanía mexicana.
El contexto regional tampoco es menor. Rubio concluyó esta semana una gira por Colombia, Ecuador y Perú centrada en narcotráfico, migración y cooperación de seguridad. Durante ese recorrido, Washington ha buscado fortalecer una coalición regional para combatir a organizaciones criminales y ampliar el intercambio de inteligencia.
Perú anunció precisamente su incorporación a la coalición estadounidense denominada “Shield of the Americas”, orientada a reforzar la cooperación contra organizaciones dedicadas al narcotráfico. El movimiento forma parte de una política regional de la administración Trump que busca aumentar la coordinación de seguridad en América Latina.
En Ecuador, Rubio anunció además que buscará 45 millones de dólares en financiamiento estadounidense para fortalecer las capacidades de seguridad de ese país, incluidas embarcaciones para combatir el tráfico de drogas.
México ocupa un lugar distinto dentro de esa estrategia debido a su frontera terrestre con Estados Unidos, el volumen del intercambio comercial y la dimensión de las organizaciones criminales mexicanas que operan también en territorio estadounidense.
Por ello, las declaraciones de Rubio tienen una doble lectura. Por un lado, constituyen una presión directa para que México intensifique sus acciones contra los cárteles. Por otro, se producen en un contexto político estadounidense en el que seguridad, migración, narcotráfico y frontera forman parte de los asuntos que previsiblemente tendrán un peso importante en la disputa electoral de noviembre.
Sheinbaum busca precisamente separar ambos planos.
Su gobierno sostiene que México tiene una responsabilidad propia de combatir a las organizaciones criminales y que lo está haciendo con sus instituciones, pero también insiste en que Estados Unidos debe asumir su parte en el problema, particularmente en asuntos relacionados con el tráfico de armas, el consumo de drogas y las operaciones financieras vinculadas con organizaciones criminales.
La presidenta ha señalado en distintas ocasiones que el fenómeno del narcotráfico no puede analizarse únicamente desde el lado mexicano de la frontera.
El propio gobierno federal reportó en marzo que, de las armas aseguradas durante la administración, una proporción importante tenía procedencia estadounidense, un dato que utiliza para argumentar que la responsabilidad de combatir al crimen organizado debe ser compartida y no colocarse exclusivamente sobre México.
La discusión, por tanto, vuelve a colocar frente a frente dos enfoques. Washington insiste en la capacidad territorial y operativa de los cárteles y demanda resultados más contundentes. México responde con cifras de reducción de homicidios, detenciones, decomisos y desmantelamiento de laboratorios, pero al mismo tiempo reclama respeto a su soberanía y rechaza cualquier intento de convertir su situación de seguridad en un instrumento de presión política.
Sheinbaum ha establecido que la cooperación con Estados Unidos sí puede continuar, pero bajo una premisa que ha repetido desde el comienzo de su administración: colaboración sin subordinación.
El choque verbal con Rubio no representa, por ahora, una ruptura de la cooperación bilateral. Pero sí vuelve a exhibir una diferencia de fondo sobre cómo debe abordarse el narcotráfico y hasta dónde puede llegar la presión estadounidense sobre México.
El desafío para Sheinbaum será sostener esa línea mientras demuestra que las cifras oficiales de seguridad se traducen en una disminución real de la violencia en las regiones donde operan las organizaciones criminales.
Porque detrás del intercambio entre Washington y Palacio Nacional permanece el problema que ninguno de los dos gobiernos puede ignorar: la existencia de estructuras criminales con capacidad de producir violencia, traficar drogas, controlar economías ilegales y operar a ambos lados de la frontera.