EUA. 19 abril 2021.- El programa antiterrorista de Estados Unidos Recompensas para la Justicia viola los derechos humanos de aquellos individuos por los que ofrece una gratificación a quienes puedan información que conduzcan a su paradero, según varios expertos* independientes de la ONU.
Operado por el Departamento de Estado, el programa ofrece dinero sobre personas fuera de los Estados Unidos que el Gobierno considera como asociados al terrorismo pero que no tienen cargos por crimen alguno.
También ofrece recompensas dinerarias a individuos extranjeros a los que considera estar implicados en actos de terrorismo si cooperan con Estados Unidos.
“A muchas de las personas a las que el programa Recompensas para la Justicia tiene como objetivo, se las ha negado el derecho al debido proceso”, asegura Alena Douhan, relatora** especial sobre el impacto negativo de medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos.
“Esos derechos comprenden el de la presunción de inocencia y el de un juicio justo, a los que Estados Unidos está obligado por las leyes internacionales. Ofreciendo dinero por la información que pueda conducir a su detención, el programa alienta a otras personas a participar en la denegación de esos derechos”, asegura la relatora.
Diferencias entre nacionales y extranjeros
“Tales recompensas tienen paralelismo con los carteles de personas en busca y captura” de la Justicia estadounidense, explica Douhan, sin embargo, a diferencia de los extranjeros, los ciudadanos norteamericanos han sido acusados formalmente de crímenes o tienen órdenes de arresto.
El ofrecimiento de dinero por la captura de individuos extranjeros supuestamente implicados en actividades terroristas o asociados con entidades descritas por Estados Estados como implicadas en actividades terroristas, incluidas instituciones en Irán, Cuba y otros muchos Estados, vienen acompañadas de amenazas sobre la imposición de sanciones a aquellos individuos que no cooperen con las exigencias del Gobierno estadounidense.
Otros derechos violados
Sin posibilidad de acceder a la justicia para protegerlos, las sanciones impuestas contra esos individuos violan distintos derechos humanos, entre ellos el derecho al trabajo, la libertad de movimiento, el derecho a la buena reputación, el derecho a la vida y el derecho al olvido.
“Hacer que una persona lleve a cabo tareas contra su voluntad bajo la amenaza de una sanción por no hacerlo equivale a trabajo forzoso según lo definido por los acuerdos hechos a través de la Organización Internacional del Trabajo, una definición que Estados Unidos”, dijo Douhan.
El trabajo forzoso está prohibido por tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Estados Unidos ha ratificado.
Por ese motivo, la relatora insta al Gobierno a revisar el programa Recompensas para la Justicia con el objetivo de asegurar que está alineado con las leyes internacionales.
“La lucha contra el terrorismo es obviamente necesaria, pero solo puede hacerse con el debido respeto a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados, de conformidad con la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo”, concluyó Douhan.
La Relatora Especial ha planteado esto, junto con otras cuestiones que preocupan a su mandato, al gobierno de los Estados Unidos, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.
*Los expertos que firman el comunicado son Alena Douhan, relatora especial sobre el impacto negativo de medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos; Leigh Toomey presidenta del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias; Elina Steinerte, vicepresidenta del grupo; y los relatores de ese grup Miriam Estrada-Castillo, Muma Malila y Priya Gopala.
