**La iniciativa busca fortalecer las acciones del Estado mexicano destinadas a proteger a las víctimas: María Eugenia Hernández.
27/04/2022/ Ciudad de México.- La diputada María Eugenia Hernández Pérez, integrante de la fracción de Morena, informó que suscribió una iniciativa en materia de víctimas de desaparición forzada, que tiene como objetivo, reconocer como daño la desaparición forzada y el desplazamiento forzado por violencia criminal.
Lo anterior, para que el Estado mexicano proteja a las víctimas, repare el daño y reivindique su dignidad.
Durante una rueda de prensa la legisladora federal, refirió que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, al lanzar una guerra contra los cárteles del narcotráfico de forma irresponsable y negligente, es el culpable de haber desatado la ola de violencia criminal que sigue causando muerte y dolor a la sociedad mexicana.
Agregó que hoy se sigue padeciendo decenas de miles de muertos, “además de innumerables daños que se traducen en deterioro del tejido social, disminución y condicionamiento de las actividades económicas, multiplicación de delitos como secuestro, extorsión, robo, entre muchos otros efectos nocivos”.
En ese contexto, Hernández Pérez apuntó que en el actual gobierno federal, se está haciendo un gran esfuerzo para revertir la violencia criminal.
“Al contrario, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador está combatiendo las causas sociales de la violencia, para restarle base social al crimen organizado”, mencionó.
Acompañada por las diputadas Nelly Minerva Carrasco Godínez e Irma Juan Carlos, expresó que es de gran trascendencia que el Presidente López Obrador envió hace unas semanas, una iniciativa para crear el Centro Nacional de Identificación Humana y fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas.
Por ello, “la iniciativa que ahora impulso, se inscribe en este proceso de reconocimiento de que el Estado debe ponerse del lado de las víctimas”, subrayó la legisladora.
En ese tenor, indicó, que la iniciativa busca fortalecer las acciones del Estado mexicano destinadas a proteger a las víctimas de la violencia criminal y a reparar el daño y la dignidad de que siguen siendo objeto, aún después de haber perdido a sus seres queridos o sus patrimonios.
“Nadie, absolutamente nadie, debe ser violentado en sus derechos humanos más sagrados. Nadie debería ser víctima de desaparición forzada. Nadie debería verse obligado a desplazarse de su lugar de residencia por causa de la violencia criminal”, apuntó.
