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25.03.2026 Ciudad de México.- El Partido del Trabajo anunció que respaldará el denominado “plan B” impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque dejó en claro que no acompañará la inclusión de la figura de revocación de mandato dentro del paquete de reformas, marcando así una diferencia significativa dentro del bloque político afín al gobierno federal.
Dirigentes del partido señalaron que existe coincidencia en la necesidad de avanzar en ajustes legislativos que fortalezcan el proyecto político en curso, pero advirtieron que la revocación de mandato, en el contexto actual, podría generar tensiones innecesarias y abrir espacios de inestabilidad institucional. La postura refleja un intento del PT por equilibrar su respaldo al Ejecutivo con una agenda propia que prioriza la gobernabilidad.
El llamado “plan B” ha sido presentado como una alternativa estratégica para concretar cambios que no lograron avanzar en reformas constitucionales previas, especialmente en materia político-electoral y de funcionamiento institucional. Aunque los detalles específicos del nuevo paquete aún se discuten en el Congreso, se anticipa que incluirá modificaciones legales que no requieran mayoría calificada.
Desde el entorno de Sheinbaum, la disposición del PT ha sido interpretada como una señal positiva, aunque incompleta. Funcionarios cercanos a la presidencia consideran que mantener unido al bloque legislativo será clave para impulsar cualquier reforma, en un escenario donde las mayorías no siempre están garantizadas y las negociaciones se vuelven determinantes.
Por su parte, legisladores petistas han enfatizado que su apoyo al plan no es automático ni incondicional. Han subrayado que acompañarán aquellas medidas que consideren viables y alineadas con los intereses ciudadanos, pero que mantendrán reservas frente a propuestas que puedan politizar en exceso los mecanismos de participación democrática, como la revocación de mandato.
La figura de revocación ha sido uno de los temas más debatidos en la política mexicana en los últimos años, particularmente desde su implementación a nivel federal durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Para algunos sectores, representa un avance en la rendición de cuentas; para otros, un instrumento susceptible de uso político.
Analistas consideran que la postura del PT podría influir en el diseño final del plan B, obligando a ajustes que garanticen consensos mínimos dentro de la coalición gobernante. También advierten que este tipo de diferencias internas, aunque no rompen la alianza, evidencian la complejidad de mantener una agenda legislativa cohesionada.
En este contexto, el debate sobre el plan B se perfila como una nueva prueba para la capacidad de negociación del oficialismo. La decisión del PT de respaldar el proyecto sin uno de sus componentes más controvertidos introduce un matiz relevante en la discusión y anticipa un proceso legislativo donde los acuerdos parciales podrían ser la norma.
