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18.03.2026 La discusión del llamado “plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha abierto una nueva grieta dentro de la coalición gobernante, luego de que el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) mantuvieran su rechazo a incluir a la mandataria en una eventual consulta en la boleta electoral de 2027 adelantando la revocación de mandato a ese mismo proceso.
La postura de ambos partidos aliados, integrantes de la coalición Sigamos Haciendo Historia, revela diferencias de fondo sobre el alcance de la reforma electoral, particularmente en lo relativo a la propuesta presidencial de concentrar múltiples procesos electorales en 2027, incluyendo la revocación de mandato.
El plan B surgió tras el fracaso de la iniciativa constitucional original, que no logró la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y evidenció fracturas dentro del bloque oficialista. Desde entonces, la estrategia del Ejecutivo ha sido impulsar cambios a leyes secundarias que requieren menos votos, aunque incluso en este escenario persisten desacuerdos clave.
Uno de los puntos más controvertidos es la intención de adelantar la consulta de revocación de mandato para 2027, lo que implicaría incluir a la presidenta en la boleta durante las elecciones intermedias.
Esta propuesta ha sido rechazada por el PT, que considera que modificar los tiempos del mecanismo constitucional rompe el principio de equidad electoral. Dirigentes petistas han sostenido que adelantar la consulta generaría ventajas indebidas y alteraría las reglas del juego político, en un contexto donde los procesos deben mantenerse bajo criterios de imparcialidad.
El argumento central del PT gira en torno a que la revocación de mandato fue concebida como un instrumento ciudadano con tiempos definidos, y que modificarlo para coincidir con elecciones intermedias podría convertirlo en una herramienta política más que en un ejercicio de rendición de cuentas. Este posicionamiento se suma a críticas previas del partido, que ha acusado que algunas propuestas de reforma buscan concentrar poder y debilitar el sistema de contrapesos democráticos.
Por su parte, el PVEM ha adoptado una postura distinta pero igualmente contraria a la inclusión de Sheinbaum en la boleta. Dirigentes del partido han señalado que la medida es innecesaria, argumentando que la presidenta mantiene altos niveles de aprobación ciudadana. Encuestas recientes muestran que su respaldo supera el 70%, lo que, desde la perspectiva del Partido Verde, vuelve redundante someter su continuidad a consulta anticipada.
El trasfondo de esta discusión también tiene implicaciones estratégicas rumbo a 2027, cuando México enfrentará una elección de gran magnitud que podría concentrar comicios federales, locales, judiciales y eventualmente mecanismos de participación ciudadana en una sola jornada.
Analistas advierten que este escenario, descrito como una “súper elección”, podría complejizar la capacidad operativa del sistema electoral y generar incertidumbre política.
En términos legislativos, la falta de consenso entre Morena y sus aliados ha obligado a la presidenta a moderar su propuesta. De hecho, el plan B se ha reducido a cambios más acotados, como recortes al gasto en congresos locales y ayuntamientos, dejando fuera varias de las transformaciones estructurales planteadas originalmente.
Esta reducción refleja no solo la resistencia de la oposición, sino también las limitaciones internas de la coalición gobernante.
A pesar de las diferencias, Morena, PT y PVEM han reiterado su intención de mantener la alianza política. Sin embargo, los desacuerdos actuales anticipan un escenario más complejo hacia el futuro inmediato, especialmente en la definición de reglas electorales que impactarán directamente la contienda de 2027.
El debate sobre la inclusión de la presidenta en la boleta no es menor. Más allá de la figura de Sheinbaum, pone en juego la interpretación de los mecanismos de democracia participativa, la estabilidad de las reglas electorales y el equilibrio interno de una coalición que, por primera vez desde su conformación, enfrenta desacuerdos públicos en temas estructurales.
En este contexto, la discusión del plan B no solo define ajustes técnicos al sistema electoral, sino que se ha convertido en un termómetro de la cohesión política del oficialismo y de los límites del proyecto de transformación impulsado desde el Ejecutivo.
