*Sin sorpresas.
15.03.2026. Ciudad de México.- La negociación entre los partidos aliados del gobierno federal en México culminó con un acuerdo político que permitirá respaldar el llamado “Plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, después de varios días de encuentros y desencuentros dentro de la coalición oficialista y de reuniones de alto nivel para redefinir el contenido de la iniciativa.
La decisión se produce tras el revés legislativo que sufrió la propuesta original de reforma electoral presentada por el Ejecutivo, la cual fue rechazada en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución.
La iniciativa obtuvo 259 votos a favor y 234 en contra, lejos de los 334 necesarios, en parte debido a que legisladores aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México no respaldaron el proyecto inicial.
Tras ese fracaso parlamentario, el gobierno federal abrió una ronda intensiva de negociaciones con los partidos aliados para construir una alternativa legislativa bajo el plan B.
Las conversaciones se llevaron a cabo principalmente en la Secretaría de Gobernación, bajo la conducción de la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, quien fungió como enlace entre el Ejecutivo y las dirigencias parlamentarias.
De acuerdo con legisladores que participaron en los encuentros, las reuniones se prolongaron por más de doce horas y se extendieron hasta la madrugada en el Palacio de Cobián, sede de Gobernación. Al salir del encuentro, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier Velazco, adelantó que se había alcanzado un acuerdo prácticamente cerrado para que toda la coalición respaldara la nueva propuesta electoral.
El pacto implicó que Morena, el PT y el PVEM mantendrán una posición unificada en el Congreso para impulsar el nuevo paquete legislativo, lo que permitirá a la coalición oficialista recuperar cohesión política después de las diferencias surgidas durante la discusión de la reforma original. Legisladores de estos partidos señalaron que el objetivo central del acuerdo es mantener la agenda de austeridad política y revisar los costos del sistema electoral mexicano.
El llamado Plan B busca introducir modificaciones a leyes secundarias y otras medidas que no requieren necesariamente una mayoría constitucional, lo que facilitaría su aprobación con el bloque legislativo de la coalición gobernante.
Entre los principales puntos que integran la propuesta se encuentran establecer límites al gasto de congresos estatales y cabildos municipales, reducir el número de regidores en los ayuntamientos dependiendo de la población, ajustar los salarios de funcionarios electorales y abrir la posibilidad de realizar consultas populares sobre temas del sistema electoral.
Según estimaciones presentadas durante las negociaciones, el conjunto de medidas podría generar ahorros cercanos a los cuatro mil millones de pesos anuales en el sistema político y administrativo, recursos que el gobierno plantea destinar a obras públicas y programas sociales en los estados y municipios.
Para el Partido Verde, el acuerdo incluyó garantías de que las modificaciones no afectarán el federalismo ni debilitarán la autonomía de los estados, uno de los principales puntos de preocupación expresados por legisladores de esa fuerza política durante las primeras discusiones del proyecto.
El coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco Coello, señaló que su bancada respaldará una propuesta que elimine privilegios y permita redirigir recursos públicos hacia programas sociales.
En el caso del PT, dirigentes parlamentarios subrayaron que su apoyo depende de que las reformas no favorezcan la concentración del poder político ni afecten la representación plural en el Congreso. Durante los primeros debates sobre la reforma original, algunos legisladores del partido habían advertido que cualquier cambio que debilitara la representación proporcional o redujera el espacio para fuerzas minoritarias sería difícil de respaldar.
El nuevo acuerdo, según fuentes legislativas, incluyó ajustes al proyecto inicial para atender esas preocupaciones y preservar la presencia política de los partidos aliados dentro del sistema electoral.
Analistas consideran que esta negociación refleja el peso que tienen las fuerzas minoritarias dentro de la coalición gobernante, especialmente cuando se trata de reformas estructurales.
La coalición oficialista, integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, opera desde las elecciones de 2024 bajo la alianza denominada “Sigamos Haciendo Historia”, que permitió a Sheinbaum llegar a la presidencia y consolidar una mayoría legislativa relativa en el Congreso.
Con el respaldo confirmado de sus aliados, el gobierno federal prevé presentar formalmente el Plan B ante el Congreso en los próximos días. El objetivo es iniciar el debate legislativo antes de que concluya el actual periodo de sesiones, en un intento por rescatar parte de la agenda de reforma política que el Ejecutivo considera prioritaria.
Para la presidenta Sheinbaum, el acuerdo representa no solo una salida al revés legislativo sufrido por su reforma original, sino también una señal de que la coalición que sustenta su gobierno mantiene capacidad de negociación interna y margen político para impulsar cambios institucionales rumbo a los próximos procesos electorales federales.
