/ Ana Laura Magaloni Kerpel /
Es tan escandaloso que parece inverosímil: la FGR pretende meter a una cárcel de alta seguridad a 31 académicos acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero, entre otros delitos. Esta ha sido la noticia más relevante de la semana. Por ello, a estas alturas, ya nos quedó claro que, simplemente, en esa carpeta de investigación no se encuentran los elementos probatorios básicos para que el juez conceda las órdenes de aprehensión por esos delitos. Ni la propia historia que cuenta la FGR alcanza para tal cosa. Tan es así que dos veces los jueces federales le han negado las órdenes de aprehensión; la FGR ya anunció que va por la tercera y que ejercerá todos los recursos legales a su alcance para logarlo. Quiero apostar que no lo va a conseguir. No tiene ni pies ni cabeza esa acusación. Sin embargo, el tufo autoritario que va a dejar haberlo intentado con tanta insistencia se va a quedar entre nosotros por algún tiempo. ¿A quién rinde cuentas esa Fiscalía? La respuesta a esta interrogante es clave para entender dónde están las vulnerabilidades más importantes de nuestra democracia constitucional.
Algunos dicen que se trata de una venganza personal del fiscal general por haber sido rechazado del SNI en la administración anterior. Otros piensan que el objetivo es mandar un mensaje de intimidación a la comunidad científica. La verdad es que nada de ello lo podemos saber a ciencia cierta. La motivación es subjetiva e invisible. Pero lo que sí parece evidente es que el fiscal general está dispuesto a asumir los costos políticos y reputacionales que ello lleva aparejado. Eso es lo que me resulta incomprensible. Que la FGR formule esa acusación por primera vez es grave, que siga insistiendo una y otra vez me parece gravísimo. No encuentro la racionalidad política detrás de ello.
La Fiscalía es una institución clave para que una comunidad política pueda resolver sus más graves conflictos a través de los cauces del derecho y no por medio de la intimidación ni la fuerza. En el caso de México, ello no ha podido ser así cabalmente. En nuestro país, las fiscalías todavía, en mayor o menor medida, siguen siendo un instrumento de intimidación y control político. También siguen sirviendo para gestionar la compra y venta de impunidad. Esto último es uno de los ejes centrales que articulan los mercados ilegales y, a la vez, es un “negocio” extremadamente redituable. Ambas cuestiones -ejercer un tipo de control político y administrar el mercado de la impunidad- son resabios de un sistema de persecución criminal autoritario.
Hasta hoy, 20 años después de haber transitado a la democracia, no ha existido el acuerdo político fundamental que se requiere para que esa institución cambie de piel y deje atrás su historia autoritaria. Hace mucho tiempo necesitamos fiscalías en clave democrática, que no es otra cosa que fiscalías al servicio de los ciudadanos y no del poder y los poderosos. Mientras que esas fiscalías no existan, nuestra libertad estará, en algún punto, amenazada. Aquí el que nada debe sí debe temer (aunque sea un poquito). Siempre se han podido construir acusaciones y sentencias a la mala.
Durante el sexenio de Calderón, se le dieron poderes extraordinarios a la PGR para la persecución de la “delincuencia organizada”. Algunos alzamos la voz en ese momento: con esa decisión estábamos renunciando a un proceso penal basado en la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Nadie escuchó. En los dos últimos sexenios, ese régimen especial se utilizó principalmente contra jóvenes, morenos, varones y pobres. Hoy, además, la FGR quiere extenderlo a la comunidad académica. Mañana, posiblemente, podría ser a los opositores o los comunicadores. El problema es que va a ser muy difícil que alguien que detente el poder del fiscal renuncie a ese “régimen especial”. En este sentido, gracias a ese régimen especial de delincuencia organizada, la protección de nuestras libertades constitucionales depende mucho más fuertemente que en otros países de la autocontención de la FGR. Por eso es tan relevante a quién le rinde cuentas hoy el fiscal general.
