El nuevo caso García Luna
/ Peniley Ramírez /
Unos días después de que arrestaron a Genaro García Luna en Texas, sus socios Samuel, Alexis Weinberg y Natan Wancier iniciaron una operación multimillonaria para esconder 250 millones de dólares que robaron al gobierno mexicano durante más de una década.
Los Weinberg se movieron rápido. Cuatro días después del arresto, el 13 de diciembre de 2019, el gobierno mexicano les transfirió 6.4 millones de dólares a una cuenta de los Weinberg en Barbados. El 17, García Luna renunció en Texas a una audiencia inicial. Los fiscales anunciaron que lo trasladarían a Nueva York. El 18, el gobierno mexicano transfirió a los Weinberg, en la misma cuenta en Barbados, otros 6.4 millones de dólares.
Esos depósitos eran los últimos de una lista que inició en diciembre de 2012, cuando los Weinberg comenzaron a enviar el dinero que les llegaba del gobierno mexicano a Barbados.
Las transferencias eran, oficialmente, pagos por la venta de equipo de intervención de comunicaciones. ¿Cómo habían conseguido esos contratos? Mediante sobornos, manipulación, corrupción. ¿Cómo obtuvieron acceso al gobierno mexicano? Gracias a que participaron en una conspiración con García Luna para crear un “imperio multimillonario” de lavado de dinero.
Esta versión de la trama García Luna, que conté en los párrafos anteriores, es el sustento de una demanda que presentó esta semana la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda ante un tribunal civil en Miami. Con ella, el gobierno mexicano busca recuperar algo del dinero que García Luna y sus socios invirtieron en Miami y cuyo origen eran, principalmente, contratos etiquetados como proyectos de seguridad nacional.
No es la primera vez que el gobierno de México se embarca en un caso así, con el argumento de que el dinero lavado proviene del erario mexicano y una parte debe volver al país. Ya lo habían hecho, sin éxito, con el caso Javier Duarte en Miami y con el del exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso, en Texas.
Sí es el primer caso que conozco en el cual la investigación para recuperar el dinero incluye datos inéditos. La demanda de la UIF en Miami contiene pocas novedades de lo que habíamos documentado en la prensa hasta ahora, pero son novedades importantes.
Primero, revela que los Weinberg compraron en Key West, Florida, una residencia que no se conocía, en 2017. La vendieron en 2019. Solo con esa transacción ganaron medio millón de dólares.
Otra novedad es que se incluyen transacciones por 20 mil dólares de los Weinberg a Mónica Weinberg, la hija de Weinberg que tuvo a Manuel
Bartlett como padrino de bodas, y cuya participación en movimientos de dinero de su familia nunca se había publicado. También incluye en el esquema del lavado a Tequila Revolución, una marca de tequila de los Weinberg que aún se vende en tiendas y aeropuertos.
El rastreo de la UIF comienza en 2012, con transferencias entre los Weinberg y la esposa de García Luna, Cristina Pereyra. Con las empresas que administraba Pereyra en Miami, García Luna compró casas, oficinas, una camioneta Mazda, cinco autos Ford Mustang de 1970, un Mustang modelo 1968 y otro modelo 1969, más dos motocicletas Harley Davidson. Entre 2012 y 2018, los Weinberg compraron autos Bentley, Lamborghini, Ferrari, residencias y yates.
Desde diciembre de 2019, los Weinberg lo han vendido casi todo, según pude confirmar en registros públicos de Florida. Ha sido una carrera del gato y el ratón. Ellos, tratando de mover el dinero. Las autoridades y la prensa, rastreándolo.
Pero la UIF tiene acceso a bases de datos que no tiene la prensa.
Encontraron que, después del arresto de García Luna, los Weinberg movieron su dinero a los fondos Sunshine Dynasty, AW Office, SDSW Dynasty Trust y Ruby Dynasty Trust, que crearon desde 2016. A inicios de 2021, arreciaron la estrategia. En enero registraron Assets Financing Services. En marzo, ASW Holdings. Allí transfirieron los 250 millones de dólares.
La demanda de la UIF en Miami no habla de traficantes de drogas ni sobornos para enviar alijos de cocaína, como lo hace la acusación criminal contra García Luna en Nueva York. Se centra en probar un caso de corrupción política, que en diciembre de 2019 la propia UIF presentó a la Fiscalía General de la República y en México no ha prosperado. Quizá el fiscal general está ocupado en otra cosa.
