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/ Eduardo Sadot /
El procedimiento para nombrar a la Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) es un proceso constitucional coordinado por la Cámara de Diputados para garantizar imparcialidad y legitimidad. El proceso inicia cuando la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) emite la convocatoria pública formal. Posteriormente, se integra un Comité Técnico de Evaluación (CTE) conformado por siete personas de reconocido prestigio: tres nombradas por la JUCOPO, dos por el INAI y dos por la CNDH. Este comité evalúa a los aspirantes a través de la revisión de requisitos legales, un examen exhaustivo de conocimientos electorales y constitucionales, la valoración curricular y una entrevista personal. Tras este filtro, el comité entrega a la JUCOPO una quinteta de finalistas. La JUCOPO busca un acuerdo por consenso para someter una propuesta al Pleno de la Cámara de Diputados, donde se requiere la votación favorable de las dos terceras partes de los legisladores presentes. De no alcanzarse dicha mayoría calificada, se activa el mecanismo de insaculación pública a cargo de la Cámara o, en su defecto, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar la titularidad por un periodo de nueve años.
Sin embargo, frente a la realidad institucional, es momento de plantear alternativas de fondo. Resulta indispensable considerar la creación de un órgano colegiado compuesto por 15 mexicanas y mexicanos de entre 70 y 85 años, de prestigio intachable y con un mecanismo de integración similar al de la Junta de Gobierno de la UNAM. Este cuerpo tendría la encomienda de nombrar a los integrantes de los organismos autónomos, embajadores y mandos de las Fuerzas Armadas, evitando así el deterioro institucional observado tras la actual gestión de la presidencia del INE. La pregunta obligada es si en la función pública se debe privilegiar la cuota de género o la excelencia, el conocimiento y la estricta imparcialidad sin vínculos partidistas.
Es preciso romper la inercia de anteponer la distinción de género sobre la capacidad técnica, la solidez ética y el comportamiento imparcial. Tras los recientes reveses en el órgano electoral, la prioridad absoluta debe ser la reconstrucción del INE y la recuperación de su prestigio internacional. Ello no se logra debatiendo a qué género le corresponde el cargo, sino garantizando que lo ocupe quien posea el talento, la solvencia moral y la capacidad probada para dirigirlo, independientemente de si es hombre o mujer.
Pero una de las prioridades es que no resulta igual que la anterior incondicional a MORENA para que luego si sale mal pretendan deslindarse. Lo mejor será que llegue alguien imparcial, que privilegia a la patria antes que Intereses partidistas si repite la misma dosis MORENAN a los partidos solo les quedará validar o no un eventual fraude.
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