Carlos Elizondo Mayer-Serra
“[E]stamos a favor de que se hagan negocios en México, en el marco de la ley y con ganancias razonables”, dijo AMLO el pasado 12 de marzo en la Convención Bancaria. Los negocios y las acciones de un gobierno deben ser en el marco de la ley, pero creer que hay tal cosa como un precio o una ganancia razonables lleva a la arbitrariedad y a acusaciones falsas, como la hecha por AMLO el viernes de que Oxxo o Bimbo pagan menos por su electricidad que una tienda de abarrotes.
Pagan menos que si le compraran la electricidad a la CFE (aunque le pagan el uso de su red de transmisión y distribución) porque invirtieron en energías limpias y baratas. Un gobierno razonable buscaría que todos los consumidores tuvieran acceso a esas energías limpias y baratas, lo contrario de su política energética.
No hay forma de determinar qué es una ganancia razonable. El objetivo es tener instituciones que promuevan la competencia, para que no sean ni un funcionario con poder ni un empresario hegemónico quienes definan los precios de los bienes y servicios.
En un mercado con competencia, si un actor económico gana mucho, es por su eficiencia. En el caso del mercado mexicano de electricidad hay empresas privadas que han tenido altas utilidades, gracias en buena medida a los altos costos de la CFE.
AMLO no ha mostrado evidencia de corrupción en la asignación de esos contratos. Pero sí muestra dos de sus grandes taras: la creencia de que las ganancias en energía no pueden ser para los privados y su enojo con quienes considera sus enemigos. Si la española Iberdrola nombró consejero a Calderón, esa empresa es su adversaria y seguro corrupta.
La inversión de privados en el mercado eléctrico pudo haber terminado en pérdidas si las plantas las hubieran diseñado mal o las hubieran llenado de trabajadores con altas pensiones. ¿El gobierno debiera compensarlos si no hubieran tenido utilidades razonables? Por supuesto que no. Pero si el gobierno cambia las reglas del juego y afecta inversiones del pasado, lo tendrá que hacer, según los compromisos adquiridos por México en los tratados comerciales que tenemos firmados, incluido el T-MEC, aprobado por este gobierno. Así, molesto por unas ganancias que le parecen excesivas, el gobierno mexicano terminará pagando altas compensaciones.
A AMLO le molesta tanto lo que él percibe como utilidades injustas que no parece importarle el costo de luchar contra ellas. El caso de la distribución de medicinas es emblemático. Destruyó el sistema de compra y distribución de medicinas porque le parecía controlado por empresas supuestamente corruptas que ganaban utilidades irrazonables. No parece haber alguna acusación penal contra esos supuestos actos de corrupción y no ha conseguido tener un sistema que funcione. Según el colectivo de ONGs Cero Desabasto, en 2020 hubo el doble de denuncias de desabasto de medicinas e insumos médicos que en 2019, el cual fue peor que en el 2018. Muchas las están comprando más caras, diez veces más en el caso del sedante Midazolam comprado en Lituania.
Lo que sí le debería preocupar al gobierno son las irrazonables pérdidas de las empresas del sector público. Según datos de David Shields, en un artículo publicado en este periódico el 16 de marzo, el 45 por ciento de las pérdidas de Pemex vienen de la refinación de crudo. Por cada barril de crudo que procesan, pierden 12 dólares. El objetivo de AMLO es procesar más crudo.
Si a AMLO, en lugar de andar buscando que los privados tengan ganancias razonables, le preocuparan las irrazonables pérdidas en el sector público, el país crecería más y las finanzas públicas serían más sanas. En ese escenario el gobierno tendría mayor margen de acción para alcanzar sus grandes objetivos, como un país con menos pobres. Pero implicaría tener un gobierno que basara sus decisiones en la opción más razonable para el interés nacional.
