*Urge una política integral para frenar la crisis
México enfrenta una de las crisis de derechos humanos más profundas de su historia reciente. Al 16 de junio de 2026, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) contabiliza 135 mil 48 personas desaparecidas, una cifra que continúa aumentando y que, de acuerdo con el colectivo Red Lupa, evidencia la ausencia de una estrategia integral para prevenir este delito, fortalecer la búsqueda de víctimas y combatir la impunidad.
En un informe actualizado el pasado 24 de junio, Red Lupa —una red integrada por mujeres buscadoras, familiares de personas desaparecidas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas e investigadoras— advirtió que, cuatro años después de que el país alcanzó el histórico registro de 100 mil personas desaparecidas, se han sumado más de 34 mil nuevos casos, sin que exista una política pública que haya logrado revertir la tendencia.
“La desaparición de personas representa una de las crisis más graves en materia de derechos humanos que enfrenta México. Analizar esta realidad permite comprender sus cambios, identificar patrones y plantear propuestas que ayuden a enfrentar de manera efectiva este desafío”, señala el documento elaborado por la organización.
El análisis toma como base la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, instrumento oficial administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda, que concentra los reportes de desaparición de todo el país.
De acuerdo con el informe, al 16 de mayo de 2026 el registro oficial contabilizaba 134 mil 257 personas desaparecidas y no localizadas. Apenas un mes después, el número había aumentado a 135 mil 48 casos, es decir, 791 personas más fueron incorporadas al registro en tan solo 31 días.
Para Red Lupa, las cifras muestran que las desapariciones permanecen como un fenómeno sostenido.
Durante 2024 fueron registradas 12 mil 632 desapariciones y en 2025 otras 12 mil 373. La tendencia observada durante los primeros meses de 2026 apunta a que el número anual volverá a ubicarse por encima de los 12 mil casos.
Frente a ese panorama, la organización sostiene que el Estado mexicano aún no ha desarrollado una estrategia preventiva capaz de disminuir significativamente la incidencia del delito.
“Estos datos deberían impulsar una política preventiva de desapariciones por parte del gobierno federal y los gobiernos estatales. Sin embargo, hasta ahora no existe una estrategia integral que permita reducir esta problemática”, advierte el informe.
Uno de los hallazgos que más preocupa a la organización es la concentración temporal de las desapariciones.
Según el estudio, el 91 por ciento de todas las personas desaparecidas registradas en México fueron reportadas entre el año 2000 y mayo de 2026, lo que significa que nueve de cada diez casos ocurrieron durante los últimos 25 años.
Además, poco más del 58 por ciento del total de desapariciones documentadas se registró entre 2018 y mayo de 2026.
A partir de estos datos, Red Lupa plantea la necesidad de revisar y fortalecer las políticas públicas implementadas durante los años recientes.
“Estas cifras muestran la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención, investigación y búsqueda, especialmente durante los periodos donde se observa una mayor concentración de casos. En otras palabras, durante los gobiernos de Morena han sucedido prácticamente dos de cada tres desapariciones, lo que debería preocupar a los gobiernos provenientes de ese partido y llevarlos a replantear de manera drástica esta dinámica criminal”, sostiene el análisis firmado por el investigador Edgar Cortez.
El informe también identifica diferencias importantes entre hombres y mujeres desaparecidas.
A nivel nacional, el 78 por ciento de las personas desaparecidas son hombres y el 22 por ciento mujeres; sin embargo, la distribución cambia considerablemente dependiendo de la entidad federativa.
En el Estado de México, por ejemplo, las mujeres representan cerca del 40 por ciento de las desapariciones registradas, mientras que en Tabasco superan el 41 por ciento, porcentajes que, según Red Lupa, obligan a diseñar estrategias específicas para atender la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres.
En cuanto a la distribución territorial del problema, el Estado de México ocupa el primer lugar nacional con 14 mil 648 personas desaparecidas, seguido de Tamaulipas con 13 mil 787, Jalisco con 12 mil 765, Michoacán con 7 mil 782 y Nuevo León con 7 mil 476.
En conjunto, estas cinco entidades concentran el 42 por ciento del total de desapariciones registradas en el país.
El reporte destaca particularmente el caso de Jalisco, que pasó del primer lugar nacional en 2025 al tercer sitio en 2026 tras una reducción de 2 mil 522 registros.
Para Red Lupa, esa disminución plantea interrogantes sobre los mecanismos de actualización del Registro Nacional.
“La reducción plantea preguntas sobre la consistencia de los datos y sobre los procesos de actualización del registro, e incluso abre la duda de si obedece a una manipulación”, advierte el documento.
La organización contextualiza esa observación recordando que Jalisco continúa siendo escenario de numerosos hallazgos de fosas clandestinas y casos emblemáticos, como el del Rancho Izaguirre, donde investigaciones ministeriales y colectivos de búsqueda documentaron la desaparición de jóvenes que acudían a supuestas ofertas de empleo.
Respecto a las mujeres desaparecidas, el Estado de México vuelve a ocupar el primer lugar con 5 mil 808 casos registrados, seguido por Tamaulipas con 2 mil 664, Ciudad de México con 2 mil 34, Nuevo León con mil 859 y Jalisco con mil 522.
Estas cinco entidades concentran el 40 por ciento de todas las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres registradas en el país.
Para Red Lupa, estas cifras evidencian la necesidad de incorporar una perspectiva de género tanto en la prevención como en los mecanismos de búsqueda e investigación.
Entre las principales interrogantes planteadas por el colectivo destacan la ausencia de una política nacional de prevención de desapariciones, la falta de estrategias diferenciadas en las entidades con mayor incidencia y la necesidad de traducir el discurso gubernamental sobre igualdad sustantiva en acciones concretas para localizar a mujeres desaparecidas.
“¿Cuándo se implementará una política efectiva de prevención de las desapariciones? ¿Por qué no se priorizan estrategias de búsqueda en las entidades que concentran la mayoría de los casos? ¿Cómo se reflejará la política de igualdad sustantiva para las mujeres en la atención y búsqueda de mujeres desaparecidas?”, cuestiona el informe.
Finalmente, Red Lupa reconoce que el Registro Nacional presenta deficiencias y desafíos metodológicos, pero sostiene que continúa siendo la principal herramienta pública para comprender la magnitud del fenómeno y diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
No obstante, el colectivo lamenta que hasta ahora no exista información pública sobre el análisis que realizan tanto el Gobierno federal como los gobiernos estatales para enfrentar una problemática que, año con año, continúa creciendo y mantiene a miles de familias en la incertidumbre, la búsqueda permanente y la exigencia de verdad y justicia.