*IMPRONTA
/Carlos Miguel Acosta Bravo/
La discusión sobre la Reforma al Poder Judicial en México ha entrado en una nueva etapa, la del reconocimiento implícito de errores. La posibilidad de aplazar hasta 2028 la elección de jueces y magistrados originalmente prevista para 2027 no es solamente un ajuste técnico o administrativo. En términos políticos y económicos, representa la admisión de que el diseño inicial provocó efectos mucho más delicados de lo que el gobierno anticipaba.
El problema central nunca fue únicamente ideológico. El verdadero impacto apareció en la percepción de estabilidad institucional.
Desde que se planteó la elección popular de integrantes del Poder Judicial mediante mecanismos cuestionados —como la tómbola y filtros políticos ambiguos— comenzaron a surgir señales de alarma entre empresarios, inversionistas, especialistas jurídicos y organismos financieros. La preocupación no era menor: un sistema judicial percibido como improvisado o politizado afecta directamente la confianza en las reglas económicas del país.
Y en economía, la confianza vale tanto como las propias leyes.
Los mercados pueden convivir con gobiernos de distintas corrientes ideológicas. América Latina ha demostrado que inversionistas pueden operar con administraciones de izquierda, derecha o centro siempre que existan instituciones relativamente predecibles. Lo que difícilmente toleran es la incertidumbre sobre quién impartirá justicia, bajo qué criterios y con qué nivel de independencia.
Ahí comenzó el costo real de la reforma judicial.
La incertidumbre jurídica impacta variables fundamentales: Contratos e inversiones de largo plazo; resolución de litigios; arbitrajes internacionales; propiedad privada; cumplimiento regulatorio y garantías para proyectos asociados al nearshoring y al T-MEC.
Por ello comenzaron a multiplicarse las advertencias. Cámaras empresariales expresaron preocupación; inversionistas extranjeros optaron por la cautela y ha detenido sus inversiones; organismos financieros internacionales observaron riesgos institucionales; y calificadoras empezaron a incorporar el tema judicial como un factor de incertidumbre estructural.
El temor de fondo era claro, que México transitara hacia un modelo donde algunos jueces terminaran respondiendo más a incentivos políticos o electorales que a criterios estrictamente técnicos y jurídicos.
En ese contexto, el replanteamiento impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum parece perseguir tres objetivos concretos.
El primero es ganar tiempo político y económico. El gobierno necesita disminuir la presión sobre la percepción internacional de México justo cuando intenta consolidarse como destino estratégico de relocalización industrial frente a Asia.
El segundo objetivo es corregir errores operativos evidentes. La experiencia dejó expuesto que algunos perfiles promovidos para competir carecían de trayectoria sólida o de la preparación necesaria para integrar órganos judiciales altamente especializados. El riesgo de improvisación comenzó a volverse demasiado visible.
Y el tercer objetivo es reconstruir confianza. El gobierno parece entender que una reforma judicial percibida como caótica puede transformarse en un problema económico de largo plazo.
Sin embargo, corregir también tiene costos.
Morena construyó buena parte de su narrativa política bajo la premisa de que el Poder Judicial estaba secuestrado por privilegios y élites alejadas del pueblo. Ahora, al intentar moderar algunos aspectos de la reforma, el oficialismo corre el riesgo de validar parcialmente las advertencias que durante meses hicieron universidades, especialistas y organismos internacionales.
Además, surge una pregunta inevitable, si el modelo necesita tantas correcciones antes siquiera de implementarse plenamente, ¿qué tan sólido era realmente el proyecto original?
El desafío para Sheinbaum tampoco será sencillo al interior de Morena. Existen sectores más radicales que consideran cualquier ajuste como una concesión frente a presiones empresariales, financieras o internacionales. La presidenta tendrá que equilibrar pragmatismo económico con cohesión política dentro de su propio movimiento.
El balance preliminar parece dejar una conclusión importante, el gobierno está descubriendo que los mercados pueden tolerar polarización política, pero no incertidumbre judicial prolongada.
Y precisamente por eso ahora se intenta reconstruir algo que la propia reforma comenzó a debilitar, la confianza en las reglas del juego.
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Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.