Reformar la justicia
/Ana Laura Magaloni Kerpel/
En febrero se presentará la iniciativa para reformar el sistema de justicia penal y la iniciativa para fortalecer al Poder Judicial federal (PJF). La primera es el paquete legislativo que elaboró el fiscal general y que a la mera hora se pospuso su presentación. La segunda tiene que ver con la reforma que, en octubre pasado, anunció el senador Monreal y que trabajaron conjuntamente el Senado, el Ejecutivo y el PJF. No conozco los contenidos de ninguna de esas iniciativas. No obstante, me parece que, en términos del debate público, es particularmente relevante distinguir con claridad los problemas del sistema de justicia que requieren de reformas legislativas de aquéllos que sólo se resolverán mejorando la gestión y operación cotidiana de esas instituciones. Los abogados tendemos a pensar que los grandes cambios al sistema de justicia se van a producir a partir de cambios contundentes al marco normativo.
Ello es falso. Las grandes transformaciones que requieren nuestras fiscalías y nuestros poderes judiciales son centralmente administrativas: reingeniería de procesos internos, formación y servicio profesional de carrera, control sistémico a la corrupción, organización y flujo de casos, y un largo etcétera. Este segundo tipo de reformas son mucho más costosas y complejas de ejecutar y requieren equipos interdisciplinarios y no sólo profesionistas legales. Pocas veces han sucedido en México.
Por ello, es particularmente relevante poner atención a la transformación del PJF que está impulsando Arturo Zaldívar en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Vale la pena revisar el primer informe de labores de Zaldívar. Me sorprende lo claro y contundente de su agenda de reforma a la justicia federal. Por razones de espacio, sólo voy a destacar los dos temas torales a los que tiene que hacer frente el PJF: nepotismo y corrupción.
El año pasado, el CJF enfrentó de manera agresiva y contundente el nepotismo: los magistrados y jueces con más de cuatro familiares trabajando en el mismo circuito fueron readscritos a otro circuito. Ello, en términos prácticos, significa que a un juez federal de Jalisco lo cambian a Chiapas y a un magistrado de Nuevo León lo cambian a Colima. El costo para el juzgador y su familia es muy alto. Con ello, el CJF mandó un mensaje contundente: contratar a familiares es una conducta tan grave que amerita la readscripción. Al mismo tiempo, el pleno del CJF aprobó un acuerdo para que ello no volviera a suceder. Todo ingreso a la carrera judicial es través de concursos abiertos. Cabe destacar que nada de ello requirió reformas legales, sino liderazgo, mano firme y capacidad de operación y gestión interna para implementar las soluciones.
En cuanto a la corrupción, cabe destacar que el PJF es mucho menos corrupto que cualquier Poder Judicial local. Sin embargo, ello no quiere decir que no existan casos graves de corrupción, como el de los magistrados de circuito en Jalisco vinculados al crimen organizado. Hasta antes de que llegara Zaldívar, por lo general los casos de corrupción se escondían y minimizaban. Ello había generado un contexto para que la corrupción se fuese expandiendo.
Por ello era urgente que el CJF tomara acciones al respecto. En 2019, se sancionaron 16 casos relacionados con irregularidades patrimoniales de los juzgadores y obtención de beneficios de alguna de las partes del juicio. Se destituyó a un juez y a dos magistrados federales. Se presentaron cuatro denuncias ante la FGR contra magistrados de circuito y en una de ellas el inculpado ya fue vinculado a proceso. No recuerdo que, desde 1994, sucediera algo similar en el PJF. De nuevo, nada de ello ha requerido reformas legales, sino liderazgo y capacidad de gestión y operación administrativa. La reforma a la justicia -llámese Fiscalía, defensoría pública, justicia local o federal- requiere de líderes como Zaldívar que sapan que las grandes transformaciones al aparato de justicia mexicano son ríspidas, incómodas y criticadas por las burocracias judiciales pero indispensables para que el acceso a la justicia de todos esté garantizado.
