**Paralaje.
/ Liébano Sáenz /
Uno de los aspectos de mayor rechazo en la iniciativa constitucional del presidente López Obrador es la desaparición, además del Tribunal Electoral, del INE, que es una de las instituciones de mayor peso en el desarrollo democrático del país, garantía de elecciones confiables, y sin duda alguna, la mayor realización política del México contemporáneo. Todavía más controversial es la modalidad de designación de consejeros y magistrados. La elección popular es una definición esencialmente política, politizar responsabilidades técnicas es a todas luces contraproducente.
La profesionalización del quehacer electoral es una de las premisas del buen desempeño del órgano electoral. Las elecciones de 2018 y de 2021, así como la consulta para la revocación de mandato, son evidencia sobrada sobre la solvencia, confiabilidad y eficacia del INE y del Tribunal Electoral. Es inexplicable que quien invoca insuficiencia y falta de probidad de la autoridad electoral sea quien ha ganado el poder a través del impecable trabajo de quien cuestiona.
Es inevitable que los partidos opositores y una parte importante de la opinión pública rechacen la iniciativa presidencial. Por lo mismo es imposible que la iniciativa obtenga los votos suficientes, sobre todo por los otros temas de difícil aceptación como es la modalidad de elegir diputados y senadores por listas estatales, lo que significa la sobrerrepresentación del partido mayoritario y la exclusión de las minorías de la representación legislativa.
El tema central es fortalecer al INE en su autonomía, profesionalismo y sus resultados. El costo electoral no es un tema menor, pero es irrelevante si en esta visión de austeridad se compromete la confiabilidad del órgano electoral. De la misma forma ocurre con el pretendido ahorro en el gasto legislativo de la iniciativa, que se busca disminuyendo diputados y senadores con una fórmula que, en su integración, daña la pluralidad.
Si bien es populista y, por ende, socialmente persuasiva, la reforma parte de un error de diagnóstico que regatea el justo reconocimiento a un sistema que se ha ido adaptando con éxito a los estándares democráticos. La reforma que urge es aquella que consolide la ruta institucional y que la blinde de pretensiones autoritarias.
