Xalapa, Ver.- 12 de Mayo de 2020.- El diputado José Magdaleno Rosales Torres, presentó un anteproyecto de Punto de Acuerdo por el cual exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) del Estado de Veracruz a realizar y presentar una evaluación de impacto ambiental del proyecto avícola “El Llano”, a instalarse en la comunidad de los Atlixcos, municipio de Alto Lucero, en cumplimento con la normatividad establecida en la Ley Estatal de Protección Ambiental para la entidad.
Asimismo, solicitó a la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) de Veracruz, revisar las condiciones en las que se lleva a cabo y funcionará el proyecto avícola a instalarse en dicha comunidad a fin de evitar condiciones que puedan causar un desequilibrio ecológico afectando la salud de los residentes de la zona.
Al dar detalles sobre su anteproyecto, el legislador del distrito XVII de Medellín, señaló que la cercanía de la instalación avícola en relación con la comunidad, mantiene preocupada a la población ante la posible escasez de agua que se generaría, así como el riesgo de que los desechos pudieran contaminar los afluentes y mantos freáticos que proveen del vital líquido a las comunidades de Villa Candelaria, Topilitos, la Calera, Tecuán, Colorado, Altamirano, Mata Verde y los Atlixcos.
Como antecedente, explicó que en noviembre de 2019, gracias a grupos ambientalistas de la zona, se logró detener de forma momentánea la construcción del complejo; sin embargo, en diciembre del mismo año fueron retirados los sellos, a lo que la Sedema argumentó que no había recibido la manifestación de impacto ambiental, por lo que era competencia de la PMA resolver ese asunto.
El legislador, recordó que Ley Estatal de Protección Ambiental para el Estado, en su artículo 12, fracción XII, menciona que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar”, tomando esto como base para la realización y conducción de la política ambiental estatal.
Además, dijo que en el artículo 6, fracción XIII establece como atribución de la Sedema, “Evaluar el impacto ambiental de las obras o actividades y, en su caso, de los estudios de riesgo correspondientes, que no se encuentren expresamente reservadas a la Federación y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la presente Ley”.
Asimismo, continuó Rosales Torres, corresponde a la Procuraduría del Medio Ambiente según la citada Ley, “controlar, vigilar e inspeccionar el cumplimiento de la legislación, reglamentos y normatividad en materia ambiental”.
El marco legal contempla que aquellos que pretendan realizar obras o actividades que puedan atentar contra el medio ambiente, deberán presentar una manifestación de impacto ambiental que, de acuerdo al orden jurídico, el promovente debe publicar durante dos días un extracto del estudio en los dos periódicos de mayor circulación de la región donde se llevará cabo el proyecto, agregó.
En este sentido, añadió el diputado, “toda esta documentación no ha sido exhibida a los ciudadanos afectados y se presume que no se ha realizado apegándose a lo establecido en el reglamento, y sin embargo se está por concluir la obra”, concluyó.
El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para que continúe el trámite legislativo correspondiente.
