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/Redacción/
Xalapa, Ver. 04 diciembre 2020.- La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) determinó que la diputada Mónica Robles Barajas, cuente con medidas de protección, entre ellas, una escolta de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz, luego de denunciar ser víctima de violencia política de género desde el medio de comunicación Diario de Acayucan.
La Presidenta de la Comisión permanente de Justicia y puntos constitucionales consideró que “es una resolución que sienta precedentes de protección contra el abuso y uso indebido del poder y la libertad de expresión” y que debe tener un alcance para todas las mujeres.
El pasado 26 de diciembre la legisladora de MORENA informó que en la víspera acudió al Organismo Público Local Electoral, a la Fiscalía General del Estado y Fiscalía General de la República a presentar una denuncia por violencia política en razón de género y también, al Tribunal de Justicia, por daño moral en contra de su persona.
“Con estas denuncias le doy voz a miles de mujeres y niñas violentadas, quedarme callada hubiese significado claudicar en la lucha por nuestros derechos”, enfatizó la legisladora, quien agregó que este tipo de acciones ocurren porque los imputados confían en que la corrupción y la impunidad atroz, que por décadas se viven en el país, continuará para siempre”, expuso en tribuna.
“Desde esta Tribuna hago un llamado a las autoridades federales y del Ejecutivo estatal, a las autoridades de procuración y administración de justicia para que cumplan con su deber de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mí y contra todas las mujeres”, enfatizó.
La instancia electoral en inmediatamente ordenó que se otorguen medidas cautelares para salvaguardar la integridad de la diputada local tras la publicación de artículos que carecen de fuente y de firma, que la denigran y que buscan relacionarla con el narcotráfico ya lo que ponen en riesgo no únicamente a su persona sino a su familia.
La comisión competente en el OPLE convino solicitar el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) para que se le asigne escolta, y prevenir un posible atentado, hasta en tanto se garantice la integridad física, psicológica y moral de Mónica Robles, en su calidad de diputada.
“Lo anterior, hasta en tanto la autoridad jurisdiccional determine lo que en derecho corresponda sobre el fondo del asunto, por lo que, deberá hacerse del conocimiento del Tribunal Electoral de Veracruz”, define el acuerdo.
En ese sentido también además insta a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas a que organice campañas de “sensibilización” respecto a la información que publica el Diario de Acayucan, La Voz de la Gente, ante su probable responsabilidad.
La Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE, además tendrá que realizar las acciones necesarias para impartir cursos o talleres al citado medio de comunicación y a sus periodistas, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
El Instituto Veracruzano de las Mujeres y el Centro de Justicia para las Mujeres del estado de Veracruz, deberán dar asesoramiento y acompañamiento a la posible víctima.
A la Comisión Estatal de Derechos Humanos se le solicitó llevar a cabo las acciones necesarias para salvaguardar los derechos humanos de la denunciante.
“Lo anterior, hasta en tanto la autoridad jurisdiccional determine lo que en derecho corresponda sobre el fondo del asunto, por lo que, deberá hacerse del conocimiento del Tribunal Electoral de Veracruz”, detalla el acuerdo.
El pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada presentó una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de Veracruz por las publicaciones que la denigran y violentan.
Al otro día en tribuna la presidenta de la Comisión de Justicia y puntos constitucionales refirió a denunciante mencionó que dichas publicaciones la ponen en riesgo y a su familia, porque la relacionan en actividades de narcotráfico. Advirtió que la libertad de expresión, como todo derecho humano, tiene límites.
La legisladora morenista ha sido acosada y perseguida por su posturas progresistas y en reciente gira para dar conocer las reformas al código civil de Veracruz fue precisamente en Acayucan donde empezaron las agresiones de grupos de derecha, que justificaron la agresión porque se estaba aprobando el aborto lo cuál era inexacto.
