ALMA GRANDE.
Por Ángel Álvaro Peña.
La revocación de mandato aprobada recientemente por el Poder Legislativo habla de la manera en que el pueblo puede expresarse respecto a su gobernante, en cualquiera de los tres niveles de gobierno.
Asombroso para quienes intentaban imponerle al actual mandatario la intención de reelegirse, como si esto descompusiera en gran medida el sistema democrático. Hay democracias que sobreviven con holgura varias reelecciones; sin embargo, habrá que darse cuenta de que esas mismas fuerzas políticas que cuestionan la reelección fueron las que impulsaron el fraude electoral y lo mantuvieron por muchos años, situación que sí afecta sustancialmente, la democracia.
El fraude electoral es el extremo de la revocación de mandato, porque el primero es la imposición de un líder a la fuerza y contra la voluntad popular, el segundo es la posibilidad de quitar al mandatario en cuanto cumpla cierto periodo de gobierno, por las razones que el propio elector argumente.
Aquí hay una serie de personajes que pueden estar en la lista para ser destituidos, y, en algunos casos, sobran razones. Negligencia, corrupción, desvío de fondos, subejercicios, incapacidad, indiferencia, falta de sensibilidad, carencia de vocación política, etc.
La necesidad de que la población tenga voz y pueda no sólo calificar sino destituir a su gobernador es una vieja deuda del gobierno con la sociedad, luego de que le fueron impuestos muchos gobernantes en los tres niveles de gobierno.
A la fecha existe un gran número de personajes que deben renunciar antes de que la población los señale como innecesarios o ineficientes. Hay gobernadores que nunca debieron siquiera competir por un puesto de elección popular por la frivolidad con la que adoptaron el ejercicio político.
Uno de ellos es el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien se ha caracterizado por mentir a diestra y siniestra, pero más que nada por decepcionar a su protector que lo tenía en alta estima desde el inicio de su mandato y ahora pareciera querer esconderlo ante la ineptitud de su trabajo.
Los veracruzanos esperan que haya algo nuevo y bueno el día de su informe, pero sin duda la mejor noticia que pudieran recibir es que se va.
Ha mentido a todos, cuando afirma que pagará las deudas que el estado tiene con diferentes gremios y sectores de la población, paga las deudas menores y aplaza los pagos grandes para saldarlos en un futuro lejano. Su incapacidad para pagar no es una herencia de los saqueadores, sino su incapacidad para administrar.
El gobernador veracruzano ni siquiera es capaz de pagar los salarios de los empleados que él mismo contrató a principios de su administración, y que se fueron ante la negligencia de su proceder desde el palacio de gobierno de Xalapa.
Mantenerse en el poder contra la voluntad de la población es un acto antidemocrático, más aún que el propio fraude electoral. Porque aquí se trata de un engaño a la población que confió en un mandatario, le entregó su voto y su confianza, para que su actuación defraude a todos ellos. La revocación de mandato debe ser rígida para darle solidez a la democracia mexicana.
Es cierto que la democracia del país es una de las más maltratadas; sin embargo, es hora de recomponerla. Nunca es tarde para regresarle a la democracia su validez. Y en cuanto se comiencen a caer los malos gobernantes, del partido que sea, la democracia crecerá sobre los caprichos de unos pocos y la herencia del fraude, porque no obedecer el mandato de la población es, en realidad, un fraude.
Los veracruzanos fueron defraudados. Y eso no sólo debe implicar la destitución del Gobernador, sino un castigo ejemplar en nombre de la democracia. Porque mentir a la gente fue una estrategia priista que terminó por desgastar a todo el partido, hasta dejarlo en las condiciones en las que se encuentra ahora.
En Veracruz el gobernador ha recibido un buen número de apodos y nunca antes se había visto la figura del gobernador tan desgastada como ahora, a pesar de que tuvo cada delincuente como gobernador que habrá que sonrojarse por lo menos. Sus antecesores no se merecían ningún respeto, pero lo que ahora hay en la entidad es un verdadero escándalo.
La revocación de mandato es el principal medio para que los hombres y mujeres electos a un puesto de elección popular trabajen y trabajen bien.
PEGA Y CORRE.- El titular saliente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, señaló contundente que es necesario cambiar el mecanismo federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ya que uno de sus principales problemas es la falta de armonización y articulación entre los mecanismos de protección de los gobiernos locales y la federación que permite la impunidad. Añadió que este mecanismo en México “ayuda, pero no resuelve”, lo afirmó frente al titular de dicho mecanismo, Aarón Mastache Mondragón; Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos México (ONUDH); Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19 y demás asistentes al seminario internacional “Fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas en América Latina”… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
angelalvarop@hotmail.com
