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21.08.2026. Culiacán, Sinaloa.- Rubén Rocha Moya retomó este viernes 21 de agosto el ejercicio de la gubernatura de Sinaloa, después de permanecer 112 días separado temporalmente del cargo en medio de una de las mayores crisis políticas de su administración: los señalamientos formulados en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y una investigación abierta en México.
El mandatario anunció su reincorporación mediante un mensaje difundido en redes sociales, con el que puso fin a la etapa iniciada el 1 de mayo, cuando solicitó licencia ante el Congreso estatal para apartarse de sus funciones mientras avanzaban las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Regreso con la frente limpia y en alto”, sostuvo Rocha Moya al comunicar que retomaba el cargo y que continuará al frente del Poder Ejecutivo de Sinaloa hasta el término constitucional de su administración, previsto para el 31 de octubre de 2027.
El regreso ocurre, además, en un momento especialmente delicado para Sinaloa. Mientras el gobernador reasume el poder estatal, la investigación federal relacionada con el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda y el presunto secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada registra nuevos movimientos, entre ellos la detención de Fausto Corrales Rodríguez, considerado un testigo relevante de los acontecimientos del 25 de julio de 2024. Un juez federal le impuso prisión preventiva justificada y será el lunes 24 de agosto cuando se determine si es vinculado a proceso por los delitos que se le imputan.
El regreso de Rocha Moya representa así algo más que la conclusión de una licencia administrativa. Significa su retorno a un gobierno estatal marcado desde hace casi dos años por la violencia derivada de la disputa interna del Cártel de Sinaloa y por las investigaciones federales y estadounidenses que han alcanzado a funcionarios y exfuncionarios de su administración.
La acusación estadounidense
El origen inmediato de la licencia se encuentra en el 29 de abril de 2026, cuando la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los señalados fueron acusados de delitos relacionados con narcotráfico y armas. La fiscalía estadounidense sostuvo que los acusados presuntamente se asociaron con dirigentes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. El documento judicial aclara expresamente que los hechos descritos son acusaciones y deben ser considerados como tales.
Rocha Moya rechazó de manera categórica los señalamientos desde el momento en que fueron divulgados.
“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno”, afirmó entonces. También sostuvo que las acusaciones constituían un ataque contra él y contra el movimiento de la Cuarta Transformación.
Horas después, el gobernador sinaloense decidió solicitar licencia. El Gobierno de Sinaloa informó el 1 de mayo que la separación temporal tenía como propósito no interferir con las investigaciones iniciadas por la FGR. Rocha Moya argumentó que actuaba desde una “profunda convicción republicana” y aseguró tener la conciencia tranquila.
El Congreso estatal autorizó la licencia al día siguiente y designó como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde, quien hasta entonces se desempeñaba como secretaria general de Gobierno.
La investigación en México
Durante los 112 días de ausencia, Rocha Moya sostuvo que se puso a disposición de las autoridades mexicanas para ser investigado.
En su mensaje de regreso, afirmó que durante el periodo de licencia estuvo dispuesto a colaborar con el sistema de justicia y aseguró que las investigaciones de la FGR no encontraron elementos que lo relacionaran con un delito. Esa afirmación corresponde a la postura expresada por el propio gobernador; no equivale, por sí misma, a una resolución judicial que lo haya declarado inocente ni a la conclusión pública de un proceso penal en Estados Unidos.
Esta distinción resulta relevante porque la acusación estadounidense permanece como un antecedente central de la crisis política que llevó al mandatario a separarse temporalmente del cargo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal, pero el propio documento judicial establece que sus señalamientos son alegaciones.
Durante su ausencia, Rocha Moya también compareció ante autoridades mexicanas. En julio aseguró que permanecía en su domicilio de Culiacán y que no contaba con protección federal, después de semanas en las que circularon versiones sobre su paradero y su situación de seguridad.
La presidenta Claudia Sheinbaum había señalado previamente que la decisión de mantenerse separado del cargo correspondía al propio Rocha Moya. El 11 de agosto explicó que el mandatario no había regresado antes porque había decidido continuar temporalmente fuera del gobierno mientras seguía el proceso relacionado con las acusaciones.
El regreso y el caso Cuén-Zambada
El momento elegido para el retorno adquiere particular relevancia porque prácticamente coincide con un nuevo episodio dentro de las investigaciones federales sobre uno de los acontecimientos más controvertidos de la historia reciente de Sinaloa.
El 25 de julio de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada fue trasladado contra su voluntad a Estados Unidos, mientras Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y adversario político de Rocha Moya, fue asesinado.
La versión inicial difundida en Sinaloa sostuvo que Cuén había sido víctima de un intento de robo en una gasolinera. Posteriormente, la FGR cuestionó esa reconstrucción y asumió la investigación federal, al considerar que existían inconsistencias y elementos que apuntaban a que el homicidio ocurrió en el mismo contexto en el que Zambada fue privado de su libertad.
Fausto Corrales, quien acompañaba a Cuén, se convirtió en una pieza relevante de esa investigación. La FGR lo detuvo el 19 de agosto en Ciudad de México y lo acusa de probable encubrimiento del homicidio de Cuén y falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.
Un día después, un juez federal decretó prisión preventiva justificada contra Corrales en una audiencia celebrada a puerta cerrada por razones de seguridad nacional. Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional y la próxima audiencia quedó prevista para el 24 de agosto.
El movimiento judicial coloca nuevamente el caso Cuén-Zambada en el centro de la conversación pública precisamente cuando Rocha Moya vuelve al despacho gubernamental.
Una gubernatura marcada por la violencia
El regreso también se produce mientras Sinaloa continúa enfrentando una crisis de seguridad vinculada a la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa.
La violencia se intensificó desde septiembre de 2024, después de la detención y posterior traslado a Estados Unidos de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López. Desde entonces, Culiacán y otras regiones del estado han enfrentado asesinatos, desapariciones, bloqueos y enfrentamientos derivados de la disputa entre grupos criminales.
El gobierno federal ha mantenido una presencia importante de fuerzas de seguridad en la entidad. Los reportes del Gabinete de Seguridad durante agosto de 2026 continúan registrando operaciones de la Guardia Nacional, Ejército, Marina y FGR en Sinaloa como parte de la estrategia nacional contra el crimen organizado.
En ese escenario, Rocha Moya vuelve a ocupar el cargo con el reto de recuperar el control político de una administración que durante más de tres meses fue encabezada de manera interina.
Un regreso con cuentas pendientes
El gobernador aseguró que su reincorporación responde también al mandato obtenido en las urnas y a su obligación de concluir el periodo constitucional.
Su retorno no elimina las controversias que rodearon su licencia ni cierra automáticamente las investigaciones que involucran a funcionarios de su administración. Tampoco modifica el carácter de las acusaciones formuladas en Estados Unidos, que siguen siendo imputaciones y no una sentencia condenatoria.
Pero políticamente sí cambia el escenario.
Rocha Moya vuelve al Palacio de Gobierno de Sinaloa después de 112 días, con una administración que deberá enfrentar nuevamente la crisis de seguridad, las investigaciones federales relacionadas con el caso Cuén-Zambada, el escrutinio sobre antiguos y actuales funcionarios y las consecuencias políticas de los señalamientos provenientes de Estados Unidos.
Su regreso ocurre, además, cuando falta poco más de un año para entrar en la recta final de su mandato. La administración deberá concentrarse ahora en la seguridad, la gobernabilidad y la continuidad de los programas estatales, mientras el gobernador busca cerrar el capítulo de una licencia que comenzó como una decisión para no interferir con las investigaciones y que terminó convirtiéndose en uno de los episodios políticos más relevantes de su gobierno.
Rocha Moya ha dejado claro que pretende permanecer al frente de Sinaloa hasta el 31 de octubre de 2027. El desafío inmediato será demostrar que su regreso no sólo representa la recuperación formal del cargo, sino también la capacidad de conducir al estado en medio de una crisis de seguridad y de investigaciones que todavía tienen asuntos por esclarecer.
Mensaje de Rubén Rocha Moya
A las y los sinaloenses:
A las y los mexicanos:
El día de hoy he retomado el ejercicio de mi cargo de Gobernador
Constitucional del Estado Sinaloa.
Es mi deber cumplir con el mandato de las y los sinaloenses, quienes me eligieron como titular del Poder Ejecutivo para gobernar hasta el 31 de octubre de 2027.
Durante el lapso que comprendió mi licencia temporal del cargo que solicité al Congreso del Estado el día 1 de mayo de este año, me puse a la orden del sistema de justicia de nuestro país para ser investigado de las falsas acusaciones, que con motivaciones políticas e injerencistas de la ultraderecha nacional y extranjera, me hiciera sin ninguna prueba, una oficina del Gobierno de Estados Unidos, pretendiendo lesionar con sus dichos y calumnias nuestra soberanía nacional.
Así, como un ciudadano llano, de frente y sin escudarme en el fuero constitucional propio de mi investidura, a cuya protección renuncié por personal convicción, me sometí a la acción de investigación de todas las instituciones competentes del Estado mexicano.
Durante este período, comparecí personalmente ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), y ante sus agentes del ministerio público, respondí con atingencia y veracidad las preguntas y solicitudes formuladas.
Después de 112 días de investigación, como la propia Fiscalía General de la República lo ha informado ya, en conferencia de prensa ante los medios de comunicación, que no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna, o sea no he cometido ningún delito, conforme al marco constitucional y legal de nuestro país.
Soy ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra por personeros de la ultra derecha para dañar, como hoy se sabe a plenitud, al movimiento político de izquierda en el que milito y cuyos principios asumo y represento por completo.
Hoy regreso al ejercicio de mi responsabilidad como Gobernador de Sinaloa con la frente limpia y en alto, y con la fuerza de la verdad de nuestro lado.
Así, se reafirma mi biografía personal identificada más que nada con el humanismo educativo, y con una lucha de toda mi vida en favor de las y los pobres de Sinaloa y de México.
Que no quepan dudas a nadie; ahora y siempre defenderé, implacablemente y sin concesiones, mi honorabilidad y la de mi familia.
Con alto orgullo, reivindico mi participación leal en el proyecto de Estado de Bienestar de la Cuarta Transformación, que fraguada por nuestros liderazgos emblemáticos, está cambiando la vida de la gran mayoría de mexicanas y mexicanos que vivían en el olvido y la pobreza.
Y en este proyecto trabajaremos hoy con más ahínco que nunca, mi Gobierno y las y los sinaloenses identificados con la causa de los pobres de Sinaloa.
Lo haremos, bajo el liderazgo de la Jefa del Estado Mexicano, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein), quien defiende vigorosamente, con gran convicción y firmeza, los principios rectores de nuestra patria como son la Soberanía Nacional, nuestra democracia y la independencia del pueblo mexicano, frente a las asechanzas de intereses extranjeros, y a la felonía de la ultraderecha opositora.