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21.08.2026 Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó este viernes que en México están garantizados los derechos a la libertad de expresión y a la libre manifestación, en medio de la polémica generada por la exposición de periodistas, medios de comunicación y figuras de oposición realizada por la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Durante la conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional, que encabezó en sustitución de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rodríguez fue cuestionada sobre las condiciones para ejercer el periodismo y sobre las críticas surgidas después de que la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, presentó un análisis en el que identificó a distintos medios, periodistas, políticos y cuentas digitales como parte de un supuesto esquema de amplificación de mensajes contra el gobierno federal.
La titular de Gobernación rechazó que exista una persecución desde el gobierno federal contra quienes mantienen posiciones críticas y sostuvo que las libertades están reconocidas como derechos y no como concesiones de la autoridad.
“A todos los que están aquí, los que escriben, hablan diariamente, pueden tener la certeza de que en México no se persigue a nadie por pensar distinto”, afirmó Rodríguez durante la conferencia.
La funcionaria agregó: “Hoy como nunca, se garantizan los derechos a la libertad de expresión y también a la libre manifestación”.
Su pronunciamiento ocurrió nueve días después de que la Consejería Jurídica presentó el denominado análisis sobre un “ecosistema de amplificación digital”. En aquella exposición fueron mencionados medios de comunicación, periodistas, comentaristas, políticos y cuentas de redes sociales que, según la explicación oficial, participan en la difusión de contenidos que posteriormente son retomados para cuestionar al gobierno de Sheinbaum.
Entre los nombres difundidos aparecieron periodistas y medios como Carlos Loret de Mola, Leticia Robles de la Rosa, Luis Cárdenas, Lourdes Mendoza, Héctor de Mauleón, EL UNIVERSAL, ADN 40, Latinus y Aristegui Noticias, además de políticos de oposición. La presentación provocó cuestionamientos de integrantes de la oposición, quienes calificaron la exposición como una forma de intimidación hacia quienes ejercen la crítica al gobierno.
La controversia se produjo además mientras el gobierno federal mantiene abierta una discusión sobre los derechos de las audiencias y los nuevos lineamientos aplicables a medios de comunicación. El proceso de consulta pública sobre esas disposiciones concluye este 21 de agosto y algunos de sus contenidos han sido cuestionados por organizaciones, especialistas, medios y sectores empresariales debido a las facultades regulatorias y posibles sanciones previstas para concesionarios.
En ese contexto, Rodríguez sostuvo que la libertad de expresión no debe entenderse como una concesión otorgada por las autoridades. “Siempre decimos y a todos los gobiernos que no es una concesión, es una obligación del Estado, el respeto a la libertad de expresión; ese es nuestro pensamiento”, declaró.
La titular de Gobernación también reconoció que existen problemas relacionados con la protección de periodistas y comunicadores. Al referirse al mecanismo federal encargado de brindar protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, señaló que existen deficiencias que deben atenderse para mejorar sus resultados.
El señalamiento adquiere relevancia porque la discusión sobre libertad de prensa no se limita a la posibilidad de publicar información. También comprende las condiciones en las que periodistas y medios pueden realizar su trabajo sin amenazas, agresiones o interferencias indebidas.
La Secretaría de Gobernación tiene entre sus atribuciones la conducción de la política interior y la atención de asuntos relacionados con derechos humanos y gobernabilidad. La propia dependencia ha sostenido que la libertad de expresión y las demás libertades forman parte de sus responsabilidades institucionales. En una comparecencia ante el Senado en 2025, Rodríguez había señalado que “a nadie se le limita ni se le reprime por sus ideas” y que los periodistas pueden hablar y escribir con libertad.
El debate actual, sin embargo, se desarrolla alrededor de dos asuntos distintos que han coincidido en el tiempo: por una parte, la exposición pública de medios y periodistas críticos desde una conferencia gubernamental y, por otra, la propuesta de nuevos lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que la presentación de la Consejería Jurídica constituya una lista de censura. El 14 de agosto sostuvo que el ejercicio buscaba mostrar cómo funcionan las redes sociales y cuestionó que se le denominara “lista de Sheinbaum”. En aquella conferencia afirmó: “Hay la mayor libertad de expresión de la historia. ¿A quién se le censura? ¿A quién? A nadie”.
El gobierno federal ha planteado que la exposición realizada por la Consejería Jurídica corresponde a un ejercicio de análisis de la circulación de información en plataformas digitales, mientras que críticos de la administración han advertido que identificar públicamente a periodistas y medios desde Palacio Nacional puede generar un efecto de presión sobre quienes cuestionan al poder.
Rodríguez, en cambio, centró su respuesta en la obligación institucional del Estado de proteger las libertades. Su declaración no anunció nuevas medidas contra medios de comunicación ni presentó modificaciones a las reglas vigentes para el ejercicio periodístico.
La secretaria también distinguió entre el gobierno federal y posibles problemas registrados en otras instancias de gobierno. Señaló que pueden existir dificultades relacionadas con la libertad de expresión en gobiernos estatales y municipales, pero sostuvo que esas situaciones no representan la regla general del país.
El pronunciamiento ocurre además en un escenario en el que organizaciones y actores políticos mantienen bajo escrutinio las políticas gubernamentales relacionadas con medios y libertad de expresión. La discusión sobre los derechos de las audiencias ha incorporado cuestionamientos sobre la posibilidad de sanciones y sobre el papel que deben desempeñar las autoridades frente a los contenidos difundidos por concesionarios.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha confirmado que habrá ajustes a los lineamientos después de la consulta pública, particularmente en aspectos relacionados con las sanciones a concesionarios. El proceso ha sido uno de los elementos que han alimentado el debate sobre los límites de la regulación estatal y la libertad de prensa.
Con sus declaraciones, la secretaria de Gobernación estableció la posición del Ejecutivo federal respecto al ejercicio de las libertades: negó que exista una política de persecución contra quienes piensan diferente y sostuvo que corresponde al Estado garantizar tanto la libertad de expresión como el derecho a la manifestación.
El pronunciamiento de Rodríguez se suma así a la postura expresada previamente por Sheinbaum frente a las críticas generadas por la exposición de medios y periodistas. Mientras la Presidencia ha defendido el análisis presentado por la Consejería Jurídica como una revisión del funcionamiento de las redes y de la difusión de contenidos, Gobernación colocó el énfasis en la obligación estatal de garantizar que periodistas, medios y ciudadanos puedan expresar sus posiciones sin ser perseguidos por sus ideas.